DDHH y Constitución como cimiento del ordenamiento normativo.SCBA

RESUMEN

El actor soporta una incapacidad física, parcial y permanente del 17,5% de la total obrera, de la cual tomó conocimiento el 8 VII 1999, y que las cosas que manipulaba generaron efectivamente un riesgo en el que pueden ser comprendidos los daños que padece, por las particularidades de su modo de empleo, el que lo obligó a constantes esfuerzos físicos. También se tuvo por probada la condición de... (ver resumen completo)

 
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La Constitución en su definición en favor de la productividad de la economía nacional, el desarrollo, el progreso y el crecimiento con justicia social no debe ser en ningún momento dejada de lado a la hora de interpretar y aplicar la legislación de nivel inferior, porque no por tener esencia finalista pierde su carácter jurídico, el que opera además como firme límite a los posibles excesos, desviaciones o incumplimientos que se pudieran cometer.

Todas las normas de la Constitución tienen carácter jurídico y son supremas, en los términos de los arts. 31 y 43 pues frente a la evidencia de que una legislación haya quebrado el marco normativo prescripto aun en las normas programáticas dirigidas al legislador, no queda otra instancia para resolver dicho quebrantamiento que aquella de que disponen los jueces para, caso por caso, poder reinstalar la supremacía de la Ley Fundamental.

El diseño preceptivo conformado por los arts. 1, 2 y 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en articulación con la cláusula del nuevo art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforman los afluentes por los cuales, todo daño padecido por los trabajadores que nuclea el sistema, ya sean derivados de accidentes, enfermedades profesionales o que resulten consecuencia del incumplimiento por parte del empleador de las normas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se dirige sin ambages al régimen de la ley 24.557.

Resulta claro, en línea con la anunciada y difundida hermeticidad con la que inequívocamente intentó dotarse al esquema de marras, que no es dable sostener al menos en la parcela circunscripta a la vinculación obligacional entre el dependiente discapacitado con motivo del trabajo, enfermo o accidentado, y su empleador que existan perjuicios que queden marginados o no resulten derivables en el marco del régimen establecido por la ley de riesgos del trabajo, mas allá de que el mismo les proporcione, o no, condigna reparación.

El Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera de manera explícita la interdependencia e indivisibilidad que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto todos éstos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana (párrs. 2 y 3; asimismo: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, párrs. 2 y 3). Por dicha razón, el mencionado conjunto de derechos exige una tutela y promoción permanentes con el objeto de lograr su plena vigencia (art. 75 inc. 22 de la C.N.). En línea con tales afirmaciones, el art. 7 del documento internacional nombrado en primer término, al reconocer el "derecho al trabajo", dispone que éste comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida, lo cual se completa con el artículo siguiente en el que los estados reconocen que tal derecho supone que toda persona goce del mismo en condiciones equitativas y satisfactorias, que le aseguren condiciones de existencia dignas para el trabajador y para su familia, mencionando al respecto, de manera particular, la seguridad y la higiene en el trabajo, entre otras materias que según lo allí previsto deben ser garantizadas por los estados en sus legislaciones (el destacado me pertenece).

no se le ha escapado a esa institución que una norma consuetudinaria generalmente aceptada apunta a señalar que el Estado debe adoptar sus normas locales para asegurar el cumplimiento de los tratados sobre la materia (caso "Cantos vs. Argentina". Sentencia del 28 de noviembre de 2002. Serie C. Nº 97, párr. 59. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Sentencia del 28 de febrero de 2003. Serie C. Nº 98, párr. 164; caso Bulacio vs. Argentina [cit], párr. 140. Sentencia del 18 de septiembre de 2003. Serie C. Nº 100 y caso "Instituto de Reeducación del Menor" vs. Paraguay, [cit.], párr. 205).

Cuando digo que el Estado debe buscar el effet utile, no me refiero sólo al Poder Legislativo, sino también a los jueces que a través de la interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos debemos acompasar el modelo interno con el transnacional, de lo contrario se originan injusticias en los pleitos y se genera responsabilidad internacional del país por actos u omisiones de cualquiera de los tres poderes (caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia del 15 de septiembre de 2005. Serie C. Nº 134, párr. 111)2.

Por ello, corresponde en consecuencia eliminar la valla impuesta por la referida exclusión legal e incorporar el daño padecido por el actor de autos al marco tutelar y resarcitorio consagrado por la ley 24.557.

Comentario

Colocar los Derechos Humanos y la Constitución como cimiento y fundamento del ordenamiento normativo es valioso en cuanto ése es el orden lógico de las normas. Que un Superior Tribunal así lo establezaca es todo un acontecimiento académico, social y político.

Por eso, más allá de sus demás consideraciones y de su resolución, esta sentencia debe ser enseñada en todas las Universidades del país, demostrando que, más allá de las deficiencias que conocemos y soportamos, todavía existen jueces que ven la realidad y buscan transformarla.

Rodolfo Capón Filas

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 23 de marzo de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Hitters, de Lázzari, Soria, Pettigiani, Kogan, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 88.775, "E. , E. E. contra 'Eternit S.A.'. Accidente".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo nº 2 de La Matanza hizo lugar a la demanda promovida, con costas a cargo de la parte demandada.

Ésta interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

  1. El tribunal del trabajo hizo lugar a la acción promovida el 1 II 2000 (cargo de fs. 21) por E. E. E. contra "Eternit Argentina S.A.", a la que condenó al pago de la suma que establece en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con sustento en los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, y estimó innecesario abordar la cuestión constitucional de la ley 24.557.

  2. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de ina-plicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 26, 29 y 47 de la ley 11.653; y 34 inc. 4, 163 inc. 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial.

    1. Alega que el fallo atacado incurrió en transgresión del principio de congruencia, pues el actor, afirmando la existencia de una enfermedad profesional y accidente de trabajo, encarriló su pretensión en la vía del derecho común arts. 1109 y 1113 del Código Civil y puso de relieve para apuntalar su elección, la incons-titucionalidad de diferentes normas de la ley 24.557. Con dicho planteo, se exhibe por el accionante la observancia de un presupuesto previo para poder reclamar con arreglo al Código Civil.

      A su vez la demandada defendió la validez constitucional del régimen especial de la ley 24.557 y, en consecuencia, su falta de legitimación respecto de la pretensión articulada, por lo cual solicitó se rechace la misma.

      Así trabada la litis, el esquema jurídico que el a quo debía atender y no lo hizo dice era abordar la validez supralegal de la ley 24.557 y, según su resultado abrir o no la vía del derecho común.

      Sin embargo continúa el órgano de origen consideró que no debía pronunciarse respecto de la regularidad constitucional de la ley especial, y señaló que la enfermedad que padece el actor no se encuentra en el listado de las resarcibles (art. 6 inc. 2º, ley 24.557) por lo cual no tenía derecho a las prestaciones previstas en el sistema de la ley 24.557. En ese entendimiento, se concluyó en autos que el reclamante en tanto la accionada no se liberó de responsabilidad tenía expedita la vía del Código Civil.

      Finaliza su prédica al respecto afirmando que, la sola y objetiva comparación entre lo que debía resolver el tribunal y lo decidido, exhibe claramente la aludida infracción.

    2. Por otro lado, entiende absurda la conclusión atacada en cuanto afirmó que el art. 6, tachado de in-constitucional, no resultaba aplicable a esta causa, por lo que expedirse sobre su validez supralegal, importaría en la especie una decisión abstracta. Sin embargo, antes de sentar tal conclusión, había destacado que el art. 39 inc. 1º determinaría de un modo simple y natural la solución que correspondía brindar al tema del encuadre jurídico de los hechos traídos a debate, y también que, como consecuencia de lo dispuesto en el inc. 2º del art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo, la afección por la cual reclamó el actor no se encontraba incluida en el listado de la norma. En síntesis afirma el recurrente el a quo concluyó aplicando los arts. 6 inc. 2º y 39 inc. 1º de la ley 24.557.

    3. Expresa también que con referencia al tópico vinculado a las enfermedades laborales no incluidas en el listado, el art. 6 ap. 2 in fine, establece una presunción iuris tantum en cuanto a la imposibilidad de que las que no integran el listado sean resarcibles por el régimen de la ley 24.557. Esto se pone en evidencia continúa en el apartado 3 de dicha norma, que no excluye a las en-fermedades laborales no mencionadas en el listado del ámbito de aplicación de aquella legislación. Por lo que si la enfermedad no incluida en el listado respectivo observa las pautas previstas en los arts. 6 ap. 2 primer párrafo y 40 ap. 3 de la citada ley para ser considerada laboral debería ser calificada como tal, por aplicación del art. 75 ap. 2 de la Ley de Contrato de Trabajo según art. 49 disposición...

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