Daños y Perjuicios: Responsabilidad emergente de una denuncia penal: no configuración; falta de dolo del denunciante; sobreseimiento; alcances; funcionarios públicos; obligación legal de denunciar delitos perseguibles de oficio

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 187-193

EL DERECHO ADMINISTRATIVO (t. 2011) 187

más, si, como consta en autos, había obtenido car-

gos por concurso en el Ministerio de Defensa en

la categoría “B” del SINAPA (cfr. alegato, fs. 531

vta.) lo cual estaría probado, bien podría haberlos

aceptado, y otro tanto puede decirse de la posibi-

lidad de ejercer su profesión.

En tal sentido, si se toma en cuenta el ingreso

estimado por el actor de las sumas que hubiera

obtenido a la época indicada, aproximadamente $

2.400 mensuales, más $ 4.000 por ejercicio de la

profesión, evidentemente la cifra superaba los $

1500, aproximados, que percibía como oficial de

la PFA.

De otro lado las eventualidades que invoca en

el sentido de que si hubiera estado retirado no ha-

bría sufrido un accidente en servicio (o en y por

actos del servicio) y que, tampoco, habría sufrido

una sanción de treinta y cinco días de arresto por

haber publicado un libro sin autorización, consti-

tuyen sólo hipótesis de laboratorio, en las que la

eventualidad encuentra campo propicio, pero des-

ligadas de la facticidad.

IX. Por lo expuesto Voto por desestimar el re-

curso bajo examen, con arreglo a las considera-

ciones expuestas en la presente, con costas.

Los j ueces de C ámara Dra. Clara María do

Pico y el Dr. Néstor H. Buján adhieren al voto

precedente.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo

que antecede, el Tribunal resuelve: desestimar el

recurso bajo examen, con arreglo a las considera-

ciones expuestas en la presente, con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Pedro

J. J. Coviello. – Clara M. do Pico. – Néstor H.

Buján (Sec.: Silvia Lowi Klein).

Daños y Perjuicios:

Responsabilidad emergente de una

denuncia penal: no configuración; fal -

ta de dolo del denunciante; sobresei-

miento; alcances; funcionarios públi-

cos; obligación legal de denunciar de-

litos perseguibles de oficio.

1 – Puesto que de las pruebas aportadas surge que la

formulación de la denuncia en contra del actor –un

empleado del banco accionado–obedeció a la exis-

tencia de comprobaciones objetivas, en punto a la

comisión de irregularidades detectadas en la ope-

ratoria de diversas cuentas pertenecientes a clien-

tes de esa entidad, que justificaron tal presentación,

sin que pueda extraerse un proceder arbitrario, in-

justificado o siquiera imprudente por parte del de-

nunciante, cabe concluir que, ante la ausencia de

este factor de atribución subjetivo, el posterior so-

breseimiento del accionante no permite por sí solo

imputarle al ban co responsabilidad por las even-

tuales conse cuencias derivadas d e esa denuncia,

máxime que por imperio del art. 177, inc. 1º, del

cód. procesal penal, los funcionarios públicos tie-

nen obligación de denunciar los delitos persegui-

bles de oficio y, en consecuencia, el cumplimiento

de esta obligación legal no puede constituir como

ilícito ningún acto (art. 1071, cód. civil).

2 – La sola existencia de un fallo judicial que dispuso

el sobreseimiento del actor no hace procedente sin

más la acción de daños y perjuicios derivados de la

denuncia que c ontra él formuló el banco accio-

nado, ya que a este úl timo no puede imputarse

dolo, culpa o negligencia en la realización de tal

presentación, en tanto que la mi sma derivó de la

comprobación objetiva de ciertas irregularidades

en la operatoria de diversas cuentas pertenecientes

a clientes que fueron posibilitadas por la omisión

de los deberes de control a cargo del denunciado.

Máxime cuando el sobreseimiento se dispuso a par-

tir de la imposibilidad de comprobación de la au-

toría material de tales irregularidades, pero no im-

portó pronunciamiento alguno acerca de las res-

ponsabilidades operativas y funcionales propias de

las incumbencias y deberes de control que atañen

al accionante, en cuento empleado de dicha enti-

dad y que también constituyeron el sustento de la

actuación sumarial. R.C.

683 – CNCont.-adm. Fed., sala II, febrero 1-2011. – Cura, Mi-

guel Ángel c. Banco Nación Argentina s/daños y perjuicios.

En Buenos Aires, a los 1 días del mes de fe-

brero de dos mil o nce, reunidos en acuerdo los

Señores Jueces de la Sala II de la Cámara Nacio-

nal de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-

trativo Federal para conocer del recurso inte r-

puesto en autos “Cura Migue l Ángel c/ Banco

Nación Argentina s/ daños y perjuicios”, respecto

de la sentencia obrante a fs. 332/334, el Tribunal

estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?