Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 4 de Marzo de 2021, expediente FBB 011813/2019

Fecha de Resolución 4 de Marzo de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 11813/2019/CA2 – S.I. – Sec.2

Bahía Blanca, 4 de marzo de 2021.

VISTO: Este expediente nro. FBB 11813/2019/CA2, caratulado: “DAASONS S.A. c/

P.E.N. – MINISTERIO DE HACIENDA Y OTRO s/ AMPARO LEY 16986”, venido

del Juzgado Federal nro. 1 de la sede, puesto al acuerdo para resolver el recurso de

apelación interpuesto el 13/07/2020 contra la sentencia del 7/07/2020.

El señor J. de Cámara, doctor P.E.L., dijo:

1ro.) El señor J. de grado rechazó la defensa de caducidad

opuesta a fs. 185vta./188 y 299/302 por el apoderado del Estado Nacional – Ministerio

de Producción y Trabajo de la Nación por los fundamentos expuestos en el consid.

2do.

Asimismo, rechazó la acción de amparo interpuesta por el Sr.

A.G.D., en representación de DAASONS S.A. contra el Estado Nacional –

Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Producción, para así

decidir tuvo en cuenta que la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta no se avizoran pues

el art. 755 del Cód. A. (ley 22.415) faculta al Poder Ejecutivo a hacer lo que la

parte actora cuestiona, esto es, gravar con derechos de exportación las mercaderías,

desgravarlas y/o modificar el derecho de exportación ya establecido, con el objeto de

cumplir alguna de las finalidades dispuestas en dicho artículo.

Agregó que no puede soslayarse que la ley de presupuesto

correspondiente al año 2019 (Ley 27.467) en su art. 82 ratificó el Decreto 793/2018,

que fijó los derechos de exportación a la mercadería producida y exportada por el

accionante.

Apuntó que en el marco aludido, de la lectura del Decreto

793/2018 (que fijó los derechos de exportación a la mercadería que producía y

exportaba el accionante), del Decreto 280/2019 (que autorizó la desgravación

establecida con el Decreto anterior, beneficiando la comercialización de la turba) y del

Decreto 335/2019 (que excluyó de la desgravación a la citada mercadería) no se

aprecia arbitrariedad o ilegalidad manifiesta alguna: los tres reúnen integralmente los

requisitos de validez de los actos administrativos previstos en el art. 7 de la ley 19.549.

Por último señaló que las afirmaciones vertidas por el amparista

para significar el impacto que tendría el rechazo de la acción a su respecto, no sólo no

fueron acreditadas, sino que resultaron desvirtuadas por la prueba ofrecida por el

Fecha de firma: 04/03/2021

Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 11813/2019/CA2 – S.I. – Sec.2

MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÓN mediante la AFIPDGA (fs.

265vta).

Impuso las costas a la actora vencida.

2do.) El 13/07/2020 apeló el amparista, sus agravios, en síntesis

son: a) no consideración de la vulneración del principio constitucional de igualdad; b)

no se cuestiona el decreto por arbitrario, centra la arbitrariedad en la falta de inclusión

de su actividad en el listado de desgravadas; c) indica que se establece un beneficio

para un universo de empresas exportadoras dejando fuera del mismo a DAASONS

S.A.; d) el decreto 335/2019 se contradice con la finalidad perseguida por el Poder

Ejecutivo según se desprende de los considerandos del decreto 280/2019; e) la

creación de tributos debe respetar el principio de generalidad y uniformidad, lo que no

USO OFICIAL

sucede en autos al establecer el P.E. una diferencia flagrante entre empresas de iguales

características, es decir pequeñas empresas sin importar si exportan bienes o servicios;

f) errónea consideración del principio de confiscatoriedad y capacidad contributiva.

Asimismo señaló que la Corte ha destacado que resulta imprescindible, para la validez

del tributo, que el Congreso sea el que cree o modifique el tributo, en tanto es quien

debe delimitar el hecho imponible, los sujetos alcanzados, las exenciones y la alícuota.

Que la facultad del P.E. para modificar un impuesto establecido por el Congreso se

limita al aspecto cualitativo (alícuota) y solo puede ejercerla cuando ha sido delegada

expresamente esa facultad por el Congreso.

3ro.) El 16/07/2020 tanto el representante de la Administración

Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduana, como el representante

del Estado Nacional contestaron el traslado conferido, y el 16/10/20 el Ministerio

Público Fiscal asumió la intervención conferida, propiciando el rechazo del recurso.

4to.) La sociedad actora, dedicada a la fabricación de abonos y

compuestos de nitrógeno y a la venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos,

fertilizantes y otros productos, exporta gran parte de la mercadería que comercializa

según se desprende del art. 2 del acta de constitución de la sociedad, encontrándose

encuadrada en la categoría de Pequeña Empresa, habida cuenta que el promedio de

facturación anual y el personal dependiente se hallan dentro de los límites previstos

por la Resolución SEPYME 154/2018, manifiesta que se encuentra afectada en sus

operaciones por la limitación establecida por el Decreto 335/2019, a la desgravación

Fecha de firma: 04/03/2021

Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: L.S.P., JUEZ DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 11813/2019/CA2 – S.I. – Sec.2

establecida mediante el Decreto 280/2019 de los derechos de exportación fijados a

través del Decreto 793/2018.

5to.) Previo a decidir, corresponde examinar la naturaleza

jurídica de los derechos de exportación.

Así el art. 724 del Cód. A., dispone que “el derecho de

exportación grava la exportación para consumo” y, por su parte el art. 725 del C.A.

define la exportación para consumo, “cuando la mercadería se extrae del territorio

aduanero por tiempo indeterminado”.

Los derechos de exportación –o retenciones son encuadrados

por la mayoría de la doctrina en la especie de tributos que gravan las operaciones de

exportación para consumo y tienen no solo una finalidad recaudatoria, sino también

USO OFICIAL

extra fiscales como promover, proteger o conservar las actividades nacionales

productivas de bienes o servicios o establecer precios internos.

La CSJN se ha expedido al respecto en numerosas

oportunidades y, específicamente en el fallo “Camaronera Patagónica” que determinó,

entre otras cosas que “los derechos de exportación son tributos sometidos al principio

de legalidad tributaria”, y que “dado que las retenciones o derechos de exportación

son tributos, al establecerlos debe cumplirse con lo dispuesto por los arts. 4,17, y 52

de la Constitución Nacional. El principio en virtud del cual solo el Congreso puede

fijar los tributos es ´consolidada doctrina´, tanto en el establecimiento del impuesto

como en la modificación o la ampliación de éstos. Por el principio de reserva de ley

está prohibido disponerlos por medio de decretos de necesidad y urgencia”.

El art. 4 de la CN establece que estos derechos son recursos del

Tesoro Nacional destinados a los gastos de la Nación, en tanto en su art. 75 inc. 1

expresa que corresponde al Poder Legislativo legislar en la materia.

A su vez, por medio del Decreto 793/2018 el Poder Ejecutivo

extendió los derechos de exportación a la totalidad de las mercaderías comprendidas

en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur, que hasta su

dictado solo eran aplicables a pocos productos agrícolas.

En este sentido, se puede concluir que si los derechos de

exportación son encuadrados en la especie “impuestos”, se aplican los caracteres de

estos últimos.

Fecha de firma: 04/03/2021

Firmado por: N.A.Y., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: P.E.L., JUEZ DE CAMARA

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