Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 14 de Febrero de 2019, expediente CAF 035053/2012/CA001

Fecha de Resolución14 de Febrero de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación Causa Nº 35.053/2012/CA1: “Da Rocha, J.P. c/ EN-Mº Justicia-

Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”

En Buenos Aires, a 14 de febrero de 2018, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos: “Da R., J.P. c/ EN-Mº

Justicia- Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara R.W.V. dijo:

  1. ) Que, por sentencia obrante a fs. 351/354vta., el señor juez de primera instancia hizo lugar, con costas por su orden, a la demanda que inició el doctor J.P. da R. contra el Estado Nacional (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y, en consecuencia, reconoció el derecho a que se le abonen las diferencias salariales por los servicios prestados en carácter de consejero representante del Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, durante el período comprendido entre el 12/2/03 y el 11/11/06, equivalentes a la remuneración que había percibido y la que correspondía ─en ese entonces─ a un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal.

    Dispuso que se tuvieran presente los pagos que se le hubieren efectuado ─a los que consideró pagos parciales de las sumas admitidas─, y que la perito designada en autos practicara una nueva liquidación de esas diferencias, teniendo presente las impugnaciones y observaciones realizadas por las partes a fs. 288, 308 y 315 (fs. 357).

    Determinó que el crédito se regiría por lo previsto por el art. 22 de la ley 23.982 y se le aplicaría la tasa de interés pasiva promedio mensual que publica el BCRA (arts. 10 del decreto 941/91 y 8º, segundo párrafo, del decreto 529/91) y, por último, distribuyó las costas en el orden causado “… en atención a lo novedoso de la cuestión y al modo en que se decide…” (v. fs. 357vta.).

    Para así decidir, recordó los antecedentes de hecho y de derecho que dieron origen a la presente causa y precisó que el actor pretendía el pago de las diferencias salariales con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 24.937…” (v. fs. 354, tercer párrafo), por lo que la Fecha de firma: 14/02/2019 Alta en sistema: 15/02/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA 1 Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10647000#226857315#20190214130910117 Poder Judicial de la Nación Causa Nº 35.053/2012/CA1: “Da Rocha, J.P. c/ EN-Mº Justicia-

    Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”

    cuestión “…se ciñe a determinar el alcance que corresponde asignarle al texto de la norma mencionada…” (v. fs. 354, cuarto párrafo).

    En ese sentido, al examinar el marco normativo involucrado en la causa recordó que el art. 5º de la ley 24.937 disponía que los miembros elegidos en representación del Poder Ejecutivo, de los abogados y del ámbito científico o académico “…estarán sujetos a la mismas inmunidades e incompatibilidades que rigen para los Jueces…” (v. fs. 354vta., segundo párrafo), mientras que el art. 29 de aquella ley ─vigente durante los períodos en que el actor ejerció las funciones de consejero y antes de la reforma introducida por la ley 26.080─, preveía que el desempeño de los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento sería honorario salvo para los abogados del ámbito académico y científico “…quienes percibirán una compensación equivalente a la remuneración de un juez de cámara de casación penal…” (v. fs. 354vta., primer párrafo).

    A partir de ello y sin perjuicio de la alegaciones del demandado de que no existió en autos una pretensión autónoma dirigida a cuestionar la constitucionalidad del art. 29 cit., puso de relieve que de una lectura integral y armónica de la demanda se desprendía que el actor pretendía asignarle al texto legal un alcance que no entrara en contradicción con los principios contenidos en Constitución Nacional, con especial referencia a lo dispuesto por el art. 14 bis, en cuanto establece que todos los trabajadores tienen derecho a una retribución justa y a percibir igual remuneración por igual tarea (v. fs. 354vta., tercer párrafo).

    Tras un examen de la cuestión, desestimó el argumento del Estado Nacional referido a que la ley sólo especificaba una compensación para los consejeros que fueran abogados del ámbito académico o científico y de la matrícula en el ejercicio de la profesión, porque aquélla se debía interpretar a la luz de “…contexto general y sus fines, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción…” (v. fs. 356, in fine) y porque, en verdad, sin desconocer sus palabras se debía dar preeminencia a sus fines “…al conjunto armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en que se encuentra inserta…” (v. fs. 356vta., segundo párrafo).

    De este modo, destacó que si la propia ley 24.937 establecía que los miembros elegidos en representación del Poder Ejecutivo Nacional estaban sujetos a las mismas inmunidades e incompatibilidades que Fecha de firma: 14/02/2019 Alta en sistema: 15/02/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA 2 Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10647000#226857315#20190214130910117 Poder Judicial de la Nación Causa Nº 35.053/2012/CA1: “Da Rocha, J.P. c/ EN-Mº Justicia-

    Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”

    rigen para los jueces, resultaba válido sostener, tal como lo establece en la actualidad el art. 29, modificado por la ley 26.080, que la remuneración que le correspondía percibir al demandante “… debía ser equivalente a la de un juez de la Cámara de Casación Penal, pues de lo contrario se vulnerarían los principios a los que se hizo referencia en los párrafos anteriores…” (v. fs.

    357, primer párrafo).

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, tanto el Estado Nacional como el actor dedujeron recursos de apelación (fs. 358 y 360), que fueron concedidos libremente a fs. 359 y 361, respectivamente.

    Puestos los autos en la Oficina, el demandante expresó

    sus agravios a fs. 364/366vta., que fueron replicados a fs. 390/391vta.

    A su vez, el demandado presentó sus quejas a fs.

    368/376, que fueron contestadas por su contrario a fs. 378/389vta.

    A fs. 340/341 se agregó el dictamen del Sr. Fiscal General.

  3. ) Que, el Estado Nacional sostiene que el juzgador se apartó de las disposiciones legales sin haber declarado su inconstitucionalidad (v. fs. 369, segundo párrafo) y que realizó una interpretación “antojadiza” y “antagónica” de la ley 24.937.

    Dice que el art. 29 de esa ley, vigente al momento en que el actor se desempeñó como consejero, establecía claramente que dicho cargo era “honorario” salvo para los abogados del ámbito académico o científico y de la matrícula federal en ejercicio de la profesión. Por ello, aquél no tenía derecho a percibir compensación alguna, más allá de la que recibía como funcionario de la Administración Pública.

    Añade que tampoco se han afectado en el caso sus derechos laborales “… desde que no resulta ilegítimo instituir funciones oficiales honorarias como hiciera la citada norma antes de la reforma…” ya que “…existen numerosos decretos que contemplan designaciones ad honorem en el ámbito de la Administración, sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada…” (v. fs. 370, in fine).

    En definitiva, dice que el juez de grado efectuó una interpretación errónea de los arts. 5º y 29 de la citada ley y que soslayó

    deliberadamente cuestiones “relevantes y conducentes para dirimir el conflicto y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido” (v. fs. 372, primer párrafo), como es la resolución 589/06 del Plenario del Consejo de la Fecha de firma: 14/02/2019 Alta en sistema: 15/02/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA 3 Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10647000#226857315#20190214130910117 Poder Judicial de la Nación Causa Nº 35.053/2012/CA1: “Da Rocha, J.P. c/ EN-Mº Justicia-

    Consejo de la Magistratura y otro s/ proceso de conocimiento”

    Magistratura del PJN (v. fs. 372vta./374) que, en resumen, destacó que cada poder del Estado que enviaba “…sus representantes al Consejo de la Magistratura es quien fija las condiciones y abona las remuneraciones pertinentes, quedando vedado a este órgano intervenir en las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional…” (v. fs. 373/373vta.).

    En este punto recuerda que el actor percibió una remuneración y recuerda que la decisión administrativa 173/03 previó que ésta fuera equivalente a la del Nivel A, Grado 0 del SINAPA, más un suplemento no remunerativo ni bonificable hasta alcanzar una suma equivalente a un cargo con función ejecutiva nivel I (v. fs. 374, quinto párrafo).

  4. ) Que, por su lado, el actor se agravia por la forma en que el quo resolvió el tema de las costas y solicita que se las impongan íntegramente al vencido atento a que la demanda fue admitida en todas sus partes y se condenó al demandado al pago de todas las diferencias reclamadas en el escrito liminar (v. fs. 366, último párrafo).

  5. ) Que, en forma preliminar, corresponde señalar que no es materia de controversia entre las partes que el actor se desempeñó como miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, en carácter de representante del Poder Ejecutivo Nacional, por el período consignado en la sentencia de grado ni que por esas funciones percibió la remuneración que le abonó el órgano que lo designó.

    En tales condiciones, la cuestión que ahora se trae a conocimiento de esta alzada se circunscribe a determinar si se ajusta a derecho la sentencia de primera...

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