Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 16 de Agosto de 2017, expediente B 48762

PresidenteNegri-de Lázzari-Kogan-Pettigiani
Fecha de Resolución16 de Agosto de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 16 de agosto de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN.,de L., K., P.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en las causas B. 48.762, "D´Anbar S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. La firma comercial D´Anbar S.A., mediante apoderado, promueve acción contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de que este Tribunal declare la nulidad del decreto 789/81 del Poder Ejecutivo provincial, por el cual se desestimó el recurso jerárquico oportunamente interpuesto contra todas las disposiciones y resoluciones que resultan sus antecedentes, como, asimismo respecto de las resoluciones 449/80 y 52/81 emitidas por la Contaduría General de la Provincia por las que, respectivamente, se impuso a la empresa la sanción de apercibimiento, se rechazó el recurso de revocatoria y se concedió el mentado recurso jerárquico.

    Adicionalmente solicita el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el ilegítimo actuar de la Administración.

    Afirma que la empresa se encontraba inscripta en el Registro de Proveedores y L. provincial bajo el N° 02528, en el rubro prestación de servicios alimentarios, con racionamiento en crudo y cocido para establecimientos e instituciones públicas y privadas.

    Agrega que en tal carácter suscribió con el Ministerio de Salud local el contrato tendiente al suministro de alimentos en cocido con destino al Hospital Interzonal "doctor A.K." e institutos periféricos, incluyendo los establecimientos psicopedagógicos "doctor José Ingenieros", "J.R.M." y otros aledaños de la localidad de M.R., el que fue aprobado por decreto 2.892/77.

    Indica que tales prestaciones se cumplieron desde el 1-3-1978 y hasta el 25-2-1979, siendo los actos que por la demanda se impugnan consecuencia directa de los inconvenientes registrados durante el desenvolvimiento del mencionado contrato.

    Asegura que el decreto 789/81 resulta ilegítimo por las siguientes razones:

    1. la confirmación de la sanción de apercibimiento por haber presuntamente entregado raciones de comida en mal estado en la jornada del 1-4-1979 se basó en una premisa falsa, como es la de que existieron diversas denuncias por parte de los hospitales "doctor J.I." y "doctor M.V.L.", siendo que de un lado tales denuncias no existieron formalmente y, de otro, que la firma no era adjudicataria de ninguna prestación respecto del segundo de los nosocomios, sino que las entregas que allí se recibieron lo fueron en carácter de "colaboración de la empresa ante los requerimientos de los funcionarios del Ministerio de Salud para cubrir durante algunos días la entrega de alimentos en dicho establecimiento" (v. fs. 19 vta.);

    2. no existió prestación alguna de comida en mal estado o putrefacta; por el contrario, toda la actividad del servicio se encontraba supervisada por funcionarios hospitalarios que controlaban el racionamiento desde su elaboración hasta su entrega, sin que se hubieran detectado anomalías a este respecto en el día de los hechos impugnados ni en ningún otro momento. De las constancias de la causa penal iniciada respecto de los mismos eventos, se deduce que solo se encontraron irregularidades en la actividad por parte de la Administración, de hecho, se pagaron la totalidad de las entregas realizadas, situación de completo incompatible con un presunto incumplimiento contractual de su parte;

    3. se vulneró la posibilidad de monitorear el procedimiento de análisis y obtención de muestras que luego fueron remitidas al Instituto de Bromatología, violentando la posibilidad de efectuar una debida defensa de sus derechos;

    4. el acto administrativo no hizo mérito del "mejoramiento del recurso" presentado en sede administrativa, en el cual se adjuntaron fotocopias autenticadas del Libro de Órdenes del Hospital "doctor A.K.", correspondientes a los servicios entregados en el Hospital "doctor M.V.L.", en los días inmediatos posteriores al supuesto episodio de las comidas;

    5. la sanción aplicada implicó su exclusión de todas las licitaciones públicas a las cuales se presentó, ocasionándole ello ingentes pérdidas económicas por hallarse en mejores condiciones objetivas que sus competidores para resultar adjudicataria.

    Manifiesta que la resolución 52/81, emanada de la Contaduría General de la Provincia, que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra su anterior -resolución 449/80 por la que se le aplicó sin un claro fundamento la sanción de apercibimiento- se limitó a expresar que "...el argumento expuesto contra el acto recurrido no reviste criterio suficiente para hacer variar la sanción de apercibimiento"; lo que configuró un vicio de falta de motivación del acto.

    Estima que aún en el supuesto de entender que la mentada resolución 52 hizo suyas las consideraciones expuestas en el dictamen de Asesoría General de Gobierno y en la vista de Fiscalía de Estado, portó un excesivo rigor formal al considerar como extemporánea la presentación administrativa de la empresa (cfr. art. 7, dec. ley 7.647/70), circunstancia por sí suficiente para relegar los aportes realizados en pos de la adecuada investigación de lo sucedido.

    Tacha de irrazonable el dictamen de Asesoría General de Gobierno en tanto afirmó que "...solamente si la Firma hubiera demostrado que el hecho se hubiere producido por hecho imputable al personal del establecimiento receptor, se hubiera liberado de sanción", atento que no participó ni tuvo conocimiento de lo actuado por la Administración, de lo que fue informada seis meses después.

    Por lo demás, asevera que de la investigación realizada por el Ministerio de Salud surgió que las personas encargadas de la supervisión de la comida elaborada no verificaron ninguna irregularidad el día 1-4-1979, evento que no ha sido ni siquiera considerado por las distintas dependencias intervinientes para aplicar la sanción de apercibimiento y, posteriormente, la suspensión en el registro respectivo.

    En tal contexto, plantea la irrazonabilidad de la medida adoptada, puesto que si la entrega de comidas en mal estado hubiera sido efectivamente acreditada, cómo puede explicarse la aplicación de una sanción menor como sería la del mero "apercibimiento" para una falta tan grave que hubiera afectado el derecho a la salud de personas -muchas de ellas menores de edad- internadas en un nosocomio. Como sustento de esta afirmación alega que de las actuaciones penales seguidas en su contra -como consecuencia de la investigación abierta- surge la inexistencia de la falta indicada y que la Administración nunca procedió a la rescisión del contrato, como hubiera sido lógico en caso de haberse comprobado auténticamente la deficiente prestación del servicio en las condiciones referidas.

    Asimismo, menciona que el día de los acontecimientos la empresa preparó más de tres mil quinientas raciones alimentarias y que sospechosamente aparecieron al día siguiente solo diecisiete menores con síntomas de probable intoxicación por el almuerzo del día anterior, sin que los mismos hayan sido identificados y sin que se hubiera confirmado que -efectivamente- hubieran ingerido tales alimentos.

    Recuerda que el día 1-4-1979 fue domingo, por lo tanto, día de visita, con lo cual es considerable la posibilidad de entrega de obsequios y alimentos por parte de los visitantes.

    Como colofón, argumenta que la sanción impuesta en forma ilegítima ha vulnerado sus derechos como prestadora de servicios al estado y en especial a los fines de contrataciones futuras, afectando negativamente sus antecedentes como empresa comercial del rubro. Tales eventos, puntualiza, le han causado un sensible perjuicio económico, como asimismo en su prestigio y reputación comercial, al verse desplazada injustamente en todas las licitaciones...

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