Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala D, 13 de Julio de 2017, expediente CIV 112989/2011

• Fecha de Resolución: 13 de Julio de 2017
• Emisor: Camara Civil - Sala D

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA D 112989/2011 CUROTTO JOSE ALBERTO c/ VILLAGES CINEMAS S.A.

s/DAÑOS Y PERJUICIOS Buenos Aires, de julio de 2017 Y VISTOS. CONSIDERANDO:

Han sido elevadas las actuaciones para el tratamiento del recurso deducido a fojas 608 contra la resolución de fojas 606/607 mediante la cual se admitió los planteos de inconstitucionalidad del artículo 730 del CCyCN en lo relativo a la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas efectuados a fojas 576, 581/584 y 586/588. El escrito de fundamentación se encuentra agregado a fojas 610/611, obrando a fojas 630/631 el traslado conferido a fojas 612. Por su parte, el señor F. General dictaminó

a fojas 666/669, propiciando la revocación del fallo apelado.

La declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como “ultima ratio” del orden jurídico (conf. C.S.J.N., Fallos 315:923).

Se trata de una atribución que sólo debe utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (conf., C.S.J.N. Fallos 316:2624), y en tanto no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Ley Fundamental si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de menor jerarquía (conf., C.S.J.N., “in – re” “Mitivie, C.M. c/ Estado Argentino –Ministerio de Defensa- Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiro y Pensiones Militares, noviembre 23-1989, Fallos 312:2315).

Fecha de firma: 13/07/2017 Alta en sistema: 31/07/2017 Firmado por: P.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: O.O.A., JUEZ DE CAMARA #11889960#183334486#20170711132811978 Entonces, “la declaración requiere no sólo la aserción de que la norma impugnada causa agravio, sino también la expresa demostración de tal agravio, que sirva de fundamento a la impugnación en el caso concreto” (Conf. CS, 9-4-81, “A. de C.A. y ot. c/Herminda B,; ídem 30-4-81, Falcon J.I.

c/Gobierno Nacional).

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, según ley 26.994, reproduce en el art. 730 la solución incorporada al Código derogado mediante la ley 24.432, que impone un límite al pago de las costas del pleito, judicial o arbitral, derivado del incumplimiento del deudor (conf. M., J.F. en “Código Civil y Comercial”, dirigido por el Dr. R.L., páf. 27).

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