Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Septiembre de 2006, expediente P 72871

PresidenteSoria-Hitters-Roncoroni-Kogan-de Lázzari
Fecha de Resolución13 de Septiembre de 2006
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 13 de septiembre de 2006, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., H.,R., K., de L.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 72.871, ". ,R. . Solicita aplicación de la ley 24.390".

A N T E C E D E N T E S

La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de S.M. efectuó el cómputo de la pena oportunamente impuesta aR.C. sin aplicar las previsiones de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390.

La señora Defensora Oficial del penado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Oído el señor S. General, dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  1. El 10 de julio de 1992 la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de S.M. condenó aR.C. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas como autor responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo (fs. 252/253 vta. del expediente principal).

    Contra ese pronunciamiento el señor Defensor Oficial del imputado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 256/258), el cual fue concedido el 3 de agosto de 1992 (fs. 261).

    A través del pronunciamiento del 16 de diciembre de 1997 (fs. 275/285 vta.) esta Corte rechazó el remedio intentado, confirmando la sentencia dela quo. Con las notificaciones de fs. 286 y 300, el 26 de diciembre de 1997 aquel fallo adquirió firmeza, pasando la sentencia en autoridad de cosa juzgada. Tal extremo fue así reconocido por el propio reclamante (v. fs. 338 vta.).

    El 20 de agosto de 1998 la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de S.M. efectuó el cómputo de pena (v. fs. 332/333 vta.) y -por mayoría- expresó que el tiempo que insume la tramitación de los recursos extraordinarios no se toma en cuenta para el cómputo a partir de la fecha de su concesión, con fundamento en el art. 437, segundo párrafo del Código de Procedimiento Penal (según ley 3589 y sus modificatorias). En consecuencia, resolvió que comoR.C. había sido detenido el 27 de agosto de 1990 y que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto oportunamente deducido fue concedido antes de haber transcurrido dos años contados desde el momento de su detención, no se hallaba comprendido dentro de las previsiones de los arts. 7 y 8 de la ley 24.390.

    Contra lo así decidido la Defensora Oficial se alzó interponiendo el recurso de inaplicabilidad de ley bajo estudio (fs. 338/341 vta.).

    Denuncia fundamentalmente la violación de los arts. 7º y 8º de la ley 24.390, y el art. 437 del Código de Procedimiento Penal citado y "de los principios constitucionales consagrados por los artículos 31, 16, 75 inc. 12, 121 y 126, entre otros de la C.itución nacional" (fs. 339 vta.). Cuestiona "la metodología utilizada por la alzada para la determinación de los tiempos de detención computables para la pena, y para determinar la fecha en la cual (su) representado estaría en condiciones de acceder al beneficio de la libertad condicional" (fs. 340 vta.).

  2. En mi opinión, siguiendo los lineamientos expuestos al votar las causas P. 64.660, sent. de 12-XI-2003 y P. 67.930, sent. de 3-V-2006, el reclamo debe ser favorablemente acogido.

    Del modo en que ha quedado trabada la contienda, sólo corresponde revisar la posición del tribunala quoque afirma que la previsión del último párrafo del art. 437 del Código de Procedimiento Penal (según t.o. ley 3589 y sus modificatorias), en cuanto excluye de la prisión preventiva "el tiempo de insuma la tramitación de los recursos extraordinarios", impide computar eseplusde detención que supera los dos años de encierro cautelar como cómputo privilegiado, a los efectos del abono de la prisión preventiva (art. 24, C., según t.o. ley 24.390).

    Desde ya adelanto mi opinión adversa a esa solución.

    1. Es por todos sabido que la ley 24.390, en su afán de reglamentar el art. 7 ap. 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (cfr. art. 9º de la ley cit.), echó mano a la instrumentación de disposiciones tanto de índole procesal como de derecho penal material. Ha regulado, por ende, dos situaciones diferentes:

      i] Un grupo de normas se dirigen a los procesados detenidos estableciendo un plazo máximo de duración de la prisión preventiva, vencido el cual (el término original y su prórroga y siempre que no se den algunas de las circunstancias extraordinarias allí establecidas) el imputado debe recuperar su libertad, sin perjuicio de la prosecución de la causa (cfr. arts. 1º a 6º, ley 24.390).

      ii] Por su lado, el art. 7º de la ley instaura un cómputo de pena privilegiado que, tal como lo indica expresamente el texto normativo modifica el art. 24 del Código Penal "para los casos comprendidos" en ella (cfr. art. 8º).

    2. Tanto de los fundamentos del dictamen que acompañó el Proyecto de ley emanado de las Comisiones de asuntos penales y regímenes carcelarios y de derechos y garantías, correspondientes a la Orden del día 39/94, como de la exposición de los miembros informantes y de algunos pasajes de los debates parlamentarios, puede apreciarse que los fines propuestos con la sanción de la ley respondieron a diversos intereses.

      i] Por un lado, se pretendió dar operatividad al Pacto de San José de Costa Rica -ratificado por ley 23.054- al establecer un plazo máximo tolerable para la prisión preventiva, en el entendimiento de que "es absolutamente incompatible con un sano respeto a los derechos humanos la tolerancia de una privación de libertad prolongada, que afecta la personalidad del sujeto, cuando [ella] no es impuesta a título de pena ni se prolonga por circunstancias imputables a quienes la sufren" (cfr. "Fundamentos del dictamen de la Comisión de la Cámara de origen", orden del día 39/94 del 13-IV-1994).

      La garantía de todo imputado a que su encarcelamiento preventivo no se extienda indefinidamente o más allá de un límite temporal determinado, a pesar "de su innegable pertenencia a cualquier catálogo razonable de garantías procesales de un Estado de derecho" (cfr. P., D., "Escolios a la ley de limitación temporal del encarcelamiento preventivo", en NDP, 1996/A, p. 283), recién encontró reconocimiento internacional en la segunda mitad del siglo XX (cfr. M., J., "Derecho Procesal Penal", Ed. D.P., 1996, p. 529), quedando plasmada, no sólo en el referido Pacto de San José de Costa Rica (art. 7.5), sino también en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (art. 9.3) y en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre (art. XXV, párr. 3º).

      Sabido es que la reforma de 1994 integró los instrumentos internacionales de derechos humanos citados, al "bloque de constitucionalidad"-art. 75 inc. 22 de la C.itución nacional- (cfr. B., A., "El FalloS.R. ", publicado en NDP, 1998/B, p. 631 y ss.), y "con ello adoptó los criterios de interpretación del derecho internacional" al incorporarlos "en las condiciones de su vigencia", esto es, tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanosefectivamente rige en el ámbito internacional, considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia -según el alcance dado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (cfr. C.S.J.N., "Fallos", 318:514; ". , H.D., sent. de 7-IV-1995, consid. 11º. También, en las causas ". , H.J.", "Fallos",319:1840, sent. de 12-IX-1996, consid. 8º; ".R. , L.A.", "Fallos", 321:1328, sent. de 7-V-1998).

      Ya antes de esta incorporación, la garantía había tenido reconocimiento en cierto sector de la jurisprudencia. Así, por ejemplo, fue receptada en el caso "M. " de la Sala III de la Cámara Criminal y Correccional de Buenos Aires de 9-XI-1962, y por la Corte nacional en la doctrina elaborada a partir delleading case"M. " ("Fallos", 272:188), no sólo limitando temporalmente el encarcelamiento preventivo, sino, incluso, el procedimiento mismo, al establecer el derecho fundamental a la definición del proceso penal en un plazo razonable.

      En este contexto, deben interpretarse los arts. 1 a 6 de la ley 24.390, en tanto regulan cuestiones estrictamente de índole procesal tendentes a poner un límite temporal determinado a la duración de la prisión preventiva. Así, entonces, la razonabilidad de esas disposiciones está dada por su objetivo principal: adecuar el régimen adjetivo de la prisión preventiva a las normas de jerarquía superior que lo regulan. También la reforma efectuada por la ley 25.430 mantuvo en lo esencial ese objetivo.

      En el orden local, en el régimen del C.J., la reforma introducida por la ley 10.358 al art. 437 pretendió reglamentar ese aspecto de la garantía al "plazo razonable de la detención" (cfr. B., P., "Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires", 4ª ed. actualizada y ampliada, D., p. 578).

      Este es el marco interpretativo que corresponde asignarle a la mentada norma, hoy derogada. La ley establecía un tope a la prisión preventiva en relación con el detenido sin sentencia -incluyendo la de segunda instancia ordinaria, en el trámite del procedimiento escrito-. Superado ese plazo de dos años, el detenido debía ser puesto en libertad, mientras proseguía la tramitación del proceso. Esa normativa expresamente aclaraba que no quedaba incluido el tiempo del trámite de los...

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