Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Febrero de 2017, expediente L. 117079

PresidentePettigiani-de Lázzari-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución15 de Febrero de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 15 de febrero de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., de L., G., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 117.079 "Cuevas, M.Á. contra Esso Petrolera Argentina S.R.L. Ind. enfermedad accidente".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo de Campana, perteneciente al Departamento Judicial Zárate-Campana, acogió parcialmente la demanda promovida, imponiendo las costas a la demandada (fs. 685 vta./699 vta.).

Las partes actora y demandada, dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (fs. 704/713 vta.; 719/732 vta., respectivamente), concedidos por el citado tribunal a fs. 761 y vta.

Dictada la providencia de autos a fs. 771, sustanciados los traslados que, en razón de la entrada en vigencia de la ley 14.399 y el nuevo Código C.il y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO de 8-X-2014 y 27.077, BO de 16-XII-2014), se ordenaron a fs. 784 y vta. y fs. 797, respectivamente y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la accionada?

  2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del incoado por el actor?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

  1. El tribunal de trabajo hizo lugar a la acción deducida por M.Á.C. contra Esso Petrolera Argentina SRL, a quien condenó a pagar el importe de $ 181.258,75 en concepto de las indemnizaciones previstas en los arts. 11 y 14 inc. 2 ap. "b" de la ley 24.557 (texto según decreto 1278/00).

    1. Resolvió de esa manera, en tanto juzgó acreditado que, como consecuencia de las patologías que contrajo mientras trabajó bajo dependencia de la accionada (cérvico-braquialgia, alteración del eje cervical, profusión discal y compromiso nervioso, lumbalgia con irradiación ciática, escoliosis, sacroiléitis, limitación de la movilidad y funcionalidad de la cadera derecha -con prótesis total-, várices bilaterales e hipoacusia perceptiva bilateral, con presencia de acúfenos; vered., fs. 682), el actor padece una incapacidad laboral permanente parcial que lo invalida en un 65% del índice de la total obrera (vered., fs. 683 vta.).

      En lo que resulta especialmente relevante para la resolución de la litis, tras destacar que (con excepción de la hipoacusia y los acúfenos) las dolencias que afectan al trabajador no se encuentran contempladas en el listado de enfermedades profesionales reglado por el art. 6 de la ley 24.557 y el decreto 658/96, consideró que dicha circunstancia no obstaba a que el empleador (autoasegurado en los términos del art. 3.2 de la ley 24.557) fuese responsabilizado por el pago de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

      Ello así -explicó- porque, a partir del dictado del decreto 1278/00 (aplicable al caso, atento la fecha de toma de conocimiento por el actor de su incapacidad), el art. 6 inc. 2 ap. "b" de la ley 24.557, modificando el esquema denumerus claususcontenido en la redacción original de dicho texto legal, autoriza a calificar como enfermedades profesionales a las patologías que, aun no incluidas en el listado, se demuestre que fueron provocadas por causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, situación esta que resultó verificada en el caso, desde que con la prueba pericial médica resultó acreditado que la exposición del actor a las noxas lesivas fue idónea para desencadenar y agravar las dolencias mencionadas.

      Aclaró, asimismo, el juzgador que no obstaba a ello la circunstancia de que el trabajador no hubiere recorrido el trámite procesal ante las Comisiones Médicas reglado en el citado art. 6 inc. 2 ap. "b" de la ley 24.557, toda vez que en autos se encuentra firme la competencia atribuida al tribunal de trabajo, solución que se compadece con la doctrina legal establecida por esta Corte en la causa que identificó como "Alnavi c/ Esso" (sent., fs. 690).

    2. Definida la responsabilidad sistémica de la accionada en los términos del art. 14 inc. 2 de la ley 24.557, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del citado precepto legal, tanto en cuanto determina que el importe de la indemnización allí prevista debe ser abonado en forma de renta, como por establecer un tope a su cuantía. En consecuencia, condenó a la demandada a abonar al actor en un único pago el importe allí previsto, sin sujeción a tope alguno.

      1. En lo que respecta al primero de los tópicos mencionados, puntualizó ela quo-en lo sustancial- que la indicada modalidad de pago fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el caso "., en virtud de que reduce drásticamente el universo de opciones que permitirían al trabajador incapacitado reformular su proyecto de vida, ya que no sólo impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único (aun cuando fueran más favorables para la víctima), sino que, además, resulta discriminatorio con los trabajadores que portan incapacidades más severas (de entre el 50% y el 66% de la total obrera), todo lo cual resulta incompatible con la norma constitucional (art. 14 bis, C.. nac.) que consagra el principio protectorio y la garantía de condiciones dignas y equitativas de labor.

        Agregó el juzgador que ese criterio fue reiterado por el alto Tribunal en el precedente "S.G., incluso en relación a la norma reformada por el decreto 1278/00, que consagra una prestación adicional de pago único (sent., fs. 690 vta./691).

      2. Acto seguido, acogiendo el planteo introducido por la actora en el alegato, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio previsto en el citado art. 14 inc. 2 de la ley 24.557 (texto según decreto 1278/00). En consecuencia, condenó a la accionada a pagar al actor, en lugar de la cifra que le habría correspondido por aplicación del indicado tope indemnizatorio ($ 117.000), el importe obtenido de conformidad a la tarifa prevista en el primer párrafo del art. 14 inc. 2 ap. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo ($ 151.258,75; sent., fs. 692), al que añadió la compensación adicional de pago único prevista en el art. 11 de dicho cuerpo legal ($ 30.000; fs. 696).

        Resolvió de ese modo con apoyo en lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Ascua, L.R. c/ SOMISA" (sent. de 10-VIII-2010) -en la que se declaró la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio establecido por la ley 9688 (mod. por ley 23.643)- doctrina judicial que declaró expresamente aplicable al régimen de la ley 24.557 (fs. 692 vta.).

        Replicando los argumentos entonces vertidos por la Corte federal, señaló el juzgador que, en tanto la prevención de la protección de la salud y la integridad física del trabajador es el presupuesto legítimo de la prestación de servicios, la modalidad indemnizatoria que escoja el legislador para cumplir con la protección constitucional del empleador frente a un régimen tarifado no puede dejar de satisfacer, al menos, la pérdida de ingresos o de capacidad de ganancia de la víctima.

        Añadió que los regímenes indemnizatorios que imponen un tope a la reparación tarifada por accidentes reparan de manera inadecuada e insuficiente al trabajador, desde que, aun cuando circunscriben legalmente el objeto de la indemnización dineraria a la sola pérdida de la capacidad de ganancias, ni siquiera posibilitan que ésta sea evaluada satisfactoriamente por imponerle un tope a su cuantía, soslayando que dicha pérdida atañe nada menos que a un elemento central de la subsistencia digna del grueso de la población: el salario, es decir, el medio por el cual el trabajador se "gana la vida".

        Sobre esa base, concluyó que el tope a la indemnización especial por accidente de trabajo es incompatible con elcorpus iurisque garantiza los derechos humanos del trabajador, que resulta plenamente aplicable a las modalidades tarifarias en la materia.

        Destacó finalmente que, si bien sus disposiciones no resultan aplicables al caso, el decreto 1694/09 eliminó los topes previstos en la ley 24.557, lo cual reforzaba la decisión de declarar la inconstitucionalidad del límite resarcitorio contemplado en el art. 14 de dicho cuerpo legal (sent., fs. 692/696).

  2. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia absurdo y violación de los arts. 6, 11 y 14 de la ley 24.557, así como del decreto 1278/00 y de la doctrina legal que identifica (fs. 719/732 vta.).

    Plantea los siguientes agravios:

    1. En primer lugar, cuestiona que el tribunal haya condenado a la demandada a resarcir las enfermedades que no se encuentran incluidas en el listado previsto en el art. 6 de la Ley de Riesgos del Trabajo (fs. 724 vta./727 vta.).

      Afirma que, a contrario de lo que resolvió el tribunal, la cuestión relativa a cuál es el órgano competente para determinar si una enfermedad no listada debe o no ser resarcida, no quedó definida con la resolución adoptada el día 23-X-2007, toda vez que allí se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 21, 22 y 46 de la ley 24.557, mas no así la del decreto 1278/00, que le atribuye a las Comisiones Médicas la tarea de definir, con arreglo al procedimiento allí reglado, si una patología no prevista en la nómina debe ser considerada como profesional.

      Dice que el tribunal ha aplicado en forma parcial el mentado decreto 1278/00, actuando sus disposiciones en cuanto permiten la calificación como profesionales de enfermedades no listadas, pero sin respetar el órgano competente ni el procedimiento, establecidos en dicha normativa.

      Con todo, añade que la Corte Suprema ha admitido la actuación de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, siempre y cuando quede expedita la acción judicial posterior, por lo que no puede predicarse la...

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