Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 8 de Marzo de 2010, expediente 8.475

Fecha de Resolución 8 de Marzo de 2010

CAUSA Nro. 8475 - SALA IV

CUERDA STANGE, C.A.E. y otros s/recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal MATÍAS SEBASTIÁN KALLIS

Secretario de Cámara REGISTRO NRO. 13.038 .4

la ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo del año dos mil diez, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, integrada por el doctor M.G.P. como P. y los doctores G.M.H. y A.M.D.O. como Vocales,

asistidos por el Secretario de Cámara M.S.K., a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos a fs. 2034/2035;

2036/2116 vta. y 2117/2145 de la presente causa N.. 8475 del registro de esta Sala, caratulada: “CUERDA STANGE, C.A.E. y otros s/recurso de casación”; de la que RESULTA:

I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 25 de la Capital Federal, en la causa N.. 2086 de su registro, por sentencia de fecha 13 de agosto de 2007 -cuyos fundamentos fueron dictados y dados a conocer el día 21 de agosto del mismo año (confr. fs.1933/1934vta., 1940/2019,

respectivamente)-, resolvió, en cuanto aquí interesa “

I) CONDENAR a M.E.A.H. de las restantes condiciones obrantes en el exordio por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de estafa, cometido en forma reiterada -125 hechos- los que concurren materialmente entre sí- en concurso real con el delito de extorsión (hecho cometido en perjuicio de M.L.Z.) a la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN de efectivo cumplimiento, accesorias legales, costas procesales e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para ejercer el comercio (art. 12, 29 inc. 3/, 45, 55, 20 bis inc. 3/, 172 y 168 del Código Penal)

II) CONDENAR a H.A.G.R. de las restantes condiciones obrantes en el exordio por resultar coautor penalmente responsable de los delitos de estafa, cometido en forma reiterada -125 hechos- los que concurren materialmente entre sí- en -1-

concurso real con el delito de extorsión (hecho cometido en perjuicio de M.L.Z.) a la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN de efectivo cumplimiento, accesorias legales, costas procesales e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para ejercer el comercio (art.

12, 29 inc. 3/, 45, 55, 20 bis inc. 3/, 172 y 168 del Código Penal)

III) CONDENAR a C.A.E.C.S.

de las restantes condiciones obrantes en el exordio por resultar coautora penalmente responsable de los delitos de estafa, cometido en forma reiterada -125 hechos- los que concurren materialmente entre sí- a la pena de DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN de ejecución condicional,

costas procesales e inhabilitación especial para ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena (arts. 29 inc. 3/, 45, 55, 26 y 20 bis inc. 3/

y 172 del Código Penal)

IV) CONDENAR a D.I.T. de las restantes condiciones obrantes en el exordio por resultar coautora penalmente responsable de los delitos de estafa, cometido en forma reiterada -125

hechos

los que concurren materialmente entre sí- a la pena de DOS AÑOS

Y SEIS MESES DE PRISIÓN de ejecución condicional, costas procesales e inhabilitación especial para ejercer el comercio por el doble de tiempo de la condena (arts. 29 inc. 3/, 45, 55, 26 y 20 bis inc. 3/ y 172 del Código Penal)...”

II. Que, contra esa decisión, interpusieron recurso de casación las respectivas defensas de los imputados, que obran a fs. 2034/2035,

2036/2116 vta. y 2117/2145.

III. Que el letrado defensor de C.A.E.C.S. y D.I.T. -Dr. J.A.L.- indicó que la sentencia en crisis condenó a sus pupilas en orden al delito de estafas reiteradas -125

hechos

sin haber efectuado una razonable apreciación de las pruebas colectadas en la causa.

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CUERDA STANGE, C.A.E. y otros s/recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal MATÍAS SEBASTIÁN KALLIS

Secretario de Cámara Que se endilgó a los directivos de “Orofarma S.A.” la entrega a entidades financieras de cheques de terceros ajenos al giro comercial, para engañarlas a fin de obtener dinero; mas en realidad a los fines de los contratos de factoring resultaba indiferente que los cartulares fueran propios o ajenos a la actividad de la empresa.

Ello, debido a que la cláusula que indicaba que los cheques debían pertenecer al giro mercantil de la firma carecía de sanción en caso de incumplimiento.

Asimismo, señaló que “Orofarma S.A.” fue cubriendo los cartulares hasta que su debacle económica le impidió continuar haciéndolo,

agregando que mientras la empresa fue cubriendo los montos pertinentes no hubo ningún reclamo respecto al origen de los cartulares y que sólo reaccionaron cuando éstos no fueron pagados.

Agregó que ninguna de sus asistidas tenían efectiva participación en las decisiones de la firma ya que se ocupaban de tareas menores.

Por otra parte, impetró que se dictara la absolución de Cuerda Stange y T. en orden al hecho que fuera calificado legalmente como extorsión, ya que no habían sido condenadas respecto al mismo y el punto había quedado sin un pronunciamiento que resolviera la cuestión.

IV.- La Dra. K.A.K., asistiendo a M.E.A.H., encauzó su protesta en ambos incisos del art. 456

del C.P.P.N.

En primer término, explicó que la sentencia devenía arbitraria por falta de motivación, ya que la ficticia conjugación de hechos descripta no resultaba coherente ni se condecía con las probanzas obrantes en autos.

Mencionó que se tomaron como acontecidos hechos que resultan contradictorios y acusatorios, obviándose elementos relevantes.

Que en relación al hecho encuadrado como extorsión, sólo se basó en la -3-

solitaria imputación de la testigo Z., cuya versión fue contradictoria a lo largo del proceso.

Atacó la aplicación efectuada por los sentenciantes de los arts.

40 y 41 del Código Penal, pues del propio relato de la nombrada surgía que su pupilo la trataba de manera cordial y amable, no surgiendo ningún perfil “psicótico” que justificara la aplicación de la pena impuesta. Máxime, de tener en cuenta que se trata de un profesional reconocido y querido por sus allegados, sin antecedentes penales y que sólo intentó reflotar la fuente de trabajo de los demás y suya.

Mencionó que incluso en la acusación fiscal se solicitó la imposición de tres años de ejecución condicional, y que el tribunal omitió

toda consideración al respecto.

Refirió que le resultaba “extraña” la celeridad con que había actuado el juzgado instructor al recibir la denuncia, pues convocó

telefónicamente a la partes para que la ratificaran al día siguiente de haberla recibido.

Que la primer declaración de los testigos no permitió endilgar a su pupilo el delito de extorsión, provocando el dictado de su sobreseimiento en la primer instancia. Sin embargo, ante la falta de mérito dispuesta por la alzada, se los convocó nuevamente, a más de cinco años y medio de las primeras declaraciones, donde sorpresivamente aportaron cuantiosos elementos y repentinos recuerdos que permitieron que los hechos pudieran ser calificados como extorsión, extremó que provocó su procesamiento.

Aludió que el tribunal omitió valorar elementos objetivos de relevancia exculpatoria, tales como la falta de probanzas respecto del hecho presuntamente extorsivo; a la vez que consideró como elementos de convicción, circunstancias subjetivas de valoración.

En otro orden de ideas, consideró que, respecto del hecho -4-

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Secretario de Cámara encuadrado como estafa, el ardid resultaba inidóneo y, además no se había actuado con dolo. Ello, debido a que los bancos no desconocían que los cartulares no pertenecían al giro comercial de la firma, siendo que de hecho poseían numeraciones correlativas.

Que su defendido reconoció un mal manejo de la firma y el error de no advertir los riesgos de crecer sin capital, mas ello no podía considerarse un delito.

Señaló que las actividades comerciales de la quiebra ponían de relieve que no existió dolo en el accionar en sede mercantil y que incluso A.H. reconoció haber sido el responsable de la debacle financiera, pero ello no podía ser utilizado, como lo hizo el tribunal, para considerar que había incurrido en una maniobra estafatoria.

Que las entidades crediticias debieron, como mínimo, haber rechazado las aperturas de cuentas bancarias hasta tanto los pretensos cuentistas acreditaran y aportaran todos los requisitos necesarios, para luego analizarlos y evaluarlos. Por ello, le resulta suspicaz que otorgaran beneficios crediticios a un particular que no acreditó respaldos ni garantías,

ya que este tipo de operaciones son más que corrientes y por ello cuentan con una base conformada que les permite analizar el riesgo de otorgamiento de beneficios de este tipo.

De esta forma, consideró que si una diligencia mínima hubiera evitado la efectivización de la operación comercial cuestionada, quedaba evidenciado el actuar negligente de la víctima y su indiferencia frente al posible engaño, con lo cual el error le era imputable a ella misma.

Resaltó que resultaba sumamente curioso que quien se considera autor de una estafa haya quedado en un estado de indigencia total,

teniendo que recurrir al manejo de un taxi para su subsistencia.

Consecuentemente, entendió que no se hallaba configurado el dolo directo requerido por la norma, que no admitía la comisión del delito -5-

de forma negligente ni tampoco con dolo eventual.

En otro orden de ideas, señaló que el tribunal también había incurrido en un error al aplicar las reglas del concurso material entre los delitos de estafa y extorsión achacados, ya que en realidad se trataba de un mismo hecho.

Asimismo, indicó que los testimonios de cargo eran autocontradictorios, ya que las versiones otorgadas en la instrucción diferían de aquellas vertidas en el marco de la audiencia de debate, donde sugestivamente todos mencionaron que se sintieron “acorralados”.

Respecto del delito de extorsión, aludió que la intimidación no consiste en cualquier exigencia más o menos injusta, sino en una de carácter...

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