Cuentas suizas: dicen que es ilegal citar a los titulares al Congreso

Abogados constitucionalistas y legisladores de la oposición consideraron que la decisión del kirchnerismo de citar a personas acusadas de presunta evasión por cuentas bancarias supuestamente no declaradas en Suiza para que presten declaración en el Congreso es inconstitucional y se entromete en funciones propias de la Justicia.

El artículo quinto del proyecto de ley que creó la comisión investigadora bicameral dice que la misma tendrá como funciones "la citación y audiencia de la entidad bancaria involucrada como instrumentadora de la operatoria y de los titulares de las cuentas denunciadas por la AFIP".

No queda claro si se trata de los 4040 mencionados en la lista del organismo fiscal o sólo de las personas con las sumas más relevantes, mencionadas como "casos testigo" ante la Justicia por el organismo que conduce Ricardo Echegaray.

En cualquier caso, la conclusión de los especialistas consultados por LA NACION fue que, con esta norma, que aún debe ser sancionada, el Parlamento se está entrometiendo en funciones de otro poder, y en una causa judicial que recién está dando sus primeros casos y, además, violando el secreto fiscal.

Todos los entrevistados dejaron en claro que no defienden la eventual evasión cometida por los acusados, sino que cuestionan la intromisión del Congreso en facultades propias del Poder Judicial.

El abogado Daniel Sabsay sostuvo que la convocatoria a las personas mencionadas en la lista de la AFIP "es una violación a la independencia del Poder judicial; ya hay jurisprudencia de la Corte que ha prohibido este tipo de comisiones especiales del Congreso, que constituyen una violación de los derechos individuales y una extorsión". Para Sabsay, si una persona no quiere declarar, "puede pedir un amparo" ante la Justicia.

Su par Gregorio Badeni sostuvo que las personas mencionadas "no pueden ser obligadas a declarar" y también opinó que si llegara a haber indicios de que esto se puede transformar en "un juicio popular, la persona puede pedir un amparo". Badeni consideró que "es evidente que atrás de esto hay un propósito político, como en toda comisión legislativa, que no termina cumpliendo una utilidad constitucional".

Alberto García Lema expresó que "en este caso, está en juego el secreto fiscal y bancario, que sólo puede ser liberado por un juez o por una ley", pero consideró que esa apertura "debería ser hacia adelante y no por una comisión legislativa, en forma retroactiva".

Sin embargo, el artículo seis del proyecto...