Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 24 de Octubre de 2018, expediente CNT 018102/2018/CA001

Fecha de Resolución:24 de Octubre de 2018
Emisor:CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN CAUSA Nº 18102/2018:

CUELLO, ANIBAL EUGENIO C/ GERENCIADORA DEL FONDO DE RESERVA SRT ADM LEGAL FONDO RESERVA ART INTERACCION SA S/

ACCIDENTE - LEY ESPECIAL

- JUZGADO Nº 54 En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24/10/2018, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar los recursos deducidos contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. D.R.C. dijo:

I. Contra la resolución interlocutoria de la a quo (fs. 27/30), en la cual declaró su incompetencia por razón del territorio para entender en los presentes actuados, se alza la parte actora, a tenor del memorial obrante a fs.

31/40 vta..

La Jueza de grado anterior, consideró que la ley 27.348 resulta de aplicación inmediata, y que ello no constituye violación alguna a derechos y garantías constitucionales, razón por la cual desestimó el planteo de inconstitucionalidad incoado por la parte actora.

II. El trabajador recurrió tal decisorio y plantea la inconstitucionalidad de la ley 27.348.

III. Prioritariamente, es central entender que los conflictos interpretativos sobre la ley 27348 tienen diversos niveles superpuestos, o bien, implícitos, que el juez debe deslindar necesariamente. Con lo cual, la hipótesis bajo análisis puede variar sustancialmente y llevar, en algunas oportunidades, a que sea necesario el pase previo al fiscal; y en otras, no.

En efecto, cabe señalar que –en el supuesto de autos– la a quo declara la incompetencia territorial para entender en las actuaciones.

Por lo tanto, al ser un planteo de competencia, di cumplimiento al art.

2º (f) de la ley 27.148: a fs. 46 obra el dictamen del Sr. F. General. En el Fecha de firma: 24/10/2018 mismo se remite a otro dictamen, en el cual se consideró que debía Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.O.P., JUEZ DE CAMARA #31893840#219811820#20181024121056954 Poder Judicial de la Nación confirmarse la decisión recurrida, dado que las facetas fácticas mencionadas tenían asidero en la provincia de Buenos Aires, y esa provincia no había adherido aún al artículo 4º de la nueva normativa. Además, mencionó que no se encontraban habilitadas las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, por lo que no podía imponerse a la parte actora un diseño de acceso a la jurisdicción, con una competencia que presuponía la vigencia de las mismas.

Por lo tanto, culminó su dictamen aclarando que no se veía desplazado el artículo 24 de la ley 18.345, y –puesto que el domicilio de la aseguradora se encontraba denunciado en esta ciudad– correspondía dejar sin efecto lo resuelto por el a quo.

O. que, a la fecha de este pronunciamiento, la norma rige en la provincia de Buenos Aires, toda vez que la Cámara de Senadores de su legislatura sancionó (con fuerza de ley) la adhesión a la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo (27.348), con fecha 14 de diciembre de 2017, cuestión que para la suscripta no incide en la decisión.

IV. En primer lugar, cabe señalar que el actor –en su escrito de inicio (fs. 5/24 vta.)– manifestó haber sufrido un accidente en ocasión de su trabajo, en fecha 26/jul/2016. En razón de ello, afirma sufrir daño físico y psíquico.

V. De lo reseñado, observo que determinar dónde va a ser remitido el conflicto, encarna una cuestión fuerte de constitucionalidad.

Encuentro que existe un error conceptual, que a veces se comete con la genérica afirmación de que los casos de competencia no presentan cuestiones de constitucionalidad, por decirlo de algún modo.

Afirmo esto porque todas las normas de forma o adjetivas (ya se trate de leyes dictadas poniendo en práctica derechos sustantivos constitucionales, normas de fondo, o bien, de la reglamentación de estas leyes y, finalmente, de los procedimientos para llevar adelante las causas judiciales)

tienen por finalidad la efectividad de la Constitución, lo que puede verse deformado cuando las normas de carácter adjetivo van en sentido contrario, o siendo correctas son interpretadas de ese modo.

Por tal motivo es que afirmo que las cuestiones de competencia (comprendidas en el grupo de normas de forma procedimentales o procesales)

deben ser sometidas al análisis de constitucionalidad, en la inteligencia de cómo se articulan los sistemas jurídicos, en particular, en un sistema jurídico como el nuestro, de naturaleza cerrada (continental).

Fecha de firma: 24/10/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.O.P., JUEZ DE CAMARA #31893840#219811820#20181024121056954 Poder Judicial de la Nación Para mayor profundidad, ver “FIORINO AUGUSTO MARCELO C/

QBE ARGENTINA ART S.A. S/ ACCIDENTE- LEY ESPECIAL

, punto V, de fecha 25/abr/2017, del registro de esta S..

De tal suerte, cabe recordar que el art. 24 de la ley 18.345 establece que “En las causas entre trabajadores y empleadores será competente, a elección del demandante, el juez del lugar del trabajo, el del lugar de celebración del contrato, o el del domicilio del demandado”.

El que no tuviere domicilio fijo podrá ser demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia (…)

.

Esta posibilidad de elección tiene que ver con el art. 19 de la L.O. y, más profundamente, con los artículos y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo (justicia social y aplicación más favorable para el trabajador).

En el presente caso estamos frente a la administradora del fondo de reserva SRT, cual tiene su domicilio en esta ciudad –calle Julio Argentino Roca Nº 721, conforme denunciado a fs. 5.

En el sub examine, la juzgadora afirma no soslayar las prescripciones del art. 24 de la L.O., a la vez que considera su inaplicabilidad, en tanto sostiene que las regulaciones de carácter general deben ceder frente a la expresa regulación particular efectuada en una norma específica de fecha posterior, aplicable a los infortunios del trabajo, como el que se reclama en el caso. De tales conclusiones, declara su incompetencia territorial.

Al respecto, advierto que no puedo compartir tampoco este criterio, por los siguientes argumentos: 1) Porque, contrariamente a lo que en definitiva surge del decisorio, se ve efectivamente afectado el acceso a la justicia, garantía constitucional (art. 18 CN), al achicarse el espectro de opciones para la trabajadora; 2) Porque sólo sería aceptable que la nueva ley fuese aplicable a accidentes ocurridos antes de su vigencia, siempre y cuando ésta fuese más beneficiosa; y ya, con lo único que se ha analizado relativo a que el trabajador ve reducida la amplitud de opciones de atribución de competencia, queda claro que no lo es.

En el punto, claramente, me estoy rigiendo por la aplicación del principio de progresividad, emergente del nuevo paradigma constitucional (art.

75, inc. 22), recogido en el art. 2º del CCCN (y art. 9º de la LCT).

Ciertamente, encuentro curioso –por lo paradójico– que esta interpretación de la intertemporalidad siempre resulte contraria al sujeto de preferente tutela, puesto que, cuando se debate si corresponden los beneficios de la ley 26.773 (también comprendida en el grupo de normas de forma) a los Fecha de firma: 24/10/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.O.P., JUEZ DE CAMARA #31893840#219811820#20181024121056954 Poder Judicial de la Nación accidentes ocurridos con anterioridad a su vigencia, la respuesta suele ser negativa; y hoy, que lo perjudica, la respuesta es positiva.

Así, me he referido en numerosas oportunidades, entre ellas:

VALDEZ, JULIO CESAR C/ PREVENCIÓN ART S.A. S/ ACCIDENTE – LEY ESPECIAL

, Sentencia Nº 63.065, de fecha 30/ago/2013, del registro de esta S..

En cuanto al análisis que implica el requisito previo de las Comisiones Médicas, me remito al siguiente punto, donde trataré la cuestión.

En efecto, esta ley achica el espectro que amplía el marco de decisión del trabajador, para interponer la demanda. Al respecto, el art. 1º, en su segundo párrafo, enuncia: “Será competente la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, al domicilio adonde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador y su resolución agotará

la instancia administrativa”. Claramente, luce ausente de allí el domicilio de la demandada.

Cuando el art. 24 L.O. habla de empleador, esto abarca toda figura de tercerización (artículos 26, 29, 29 bis y 30 LCT) y de transferencia o conjunto económico (31, 228 LCT), en cuyo caso se trata de la figura del empleador múltiple, radicando la competencia, si así lo escogiera el trabajador –de cualquiera de aquellos domicilios– merced al principio de perpetuation jurisdictionis.

Con lo cual, la figura del empleador en estos términos se da también con la tercerización de la higiene y la seguridad, siendo así el domicilio de la ART, como también el “domicilio” del empleador, al que alude la norma.

Es de notar que en la doctrina de la CSJN en el fallo “JORDAN, ANTONIO VÍCTOR Y OTRO C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ ACCIDENTE - LEY 9688” (Competencia N° 991. XXXIII.

30/06/1998 Fallos: 321:1865), la letra del dictamen (al cual se remite)

justamente hace hincapié en que los sujetos parte son el trabajador y el empleador, y las aseguradoras “participan” en el “diseño atípico de acceso a la jurisdicción” que instaló la ley 24.557.

En definitiva, advierto que lo que aquí se discute es el “achique” de los supuestos habilitados por el art. 24 de la L.O., para que el trabajador pueda ejercer el derecho de establecer la competencia del juez natural, a su elección, haciendo un cruce con la nueva ley 27.348, que...

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