Cuadernos: los acusados deben vender sus acciones para que sus empresas entren en los PPP

"Odebrecht sigue siendo de Marcelo Odebrecht", se quejó un directivo de la construcción aludiendo a la empresa de ese sector más importante de América Latina y a las secuelas -o la falta de ellas- sobre la composición accionaria de la firma tras el Lava Jato. Un abogado del sector, cerca de Tribunales, se lamentaba sobre cómo, tras la nueva reglamentación oficial, uno de sus clientes comenzaba a quedarse afuera de futuros negocios de La semana pasada esas normas fueron motivo de un largo debate en el consejo directivo de una constructora. Y pese a que algunos ven como irreversible la situación, en una importante firma del sector comparaban cómo las renovadas reglas para una parte de la construcción y sus empresas se parecen a las que el FMI impone a la economía argentina. "Es como si te estuvieran diseñando el modelo de la empresa para los próximos cinco años", dijo.El caso de los cuadernos de las coimas (la corrupción) y el riesgo emergente argentino (la falta de financiamiento) impulsaron de manera indirecta una revolución silenciosa que comenzó a producir cambios en el diseño mismo de los directorios de las constructoras y en sus núcleos de poder.El "ruido" lleva tiempo, pero explotó dos semanas atrás con una noticia en las tapas de los diarios. El 4 de abril, el Gobierno confirmó que se invertirán US$900 millones para agilizar las obras viales licitadas con El dinero llegará del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) -US$200 millones- y de la banca internacional (JP Morgan, Goldman Sachs, HSBC, Deutsche Bank, Citibank y UBS), que aportaría el resto del financiamiento.Pero ni el BID ni la banca extranjera (y menos la banca local, que en un primer momento iba a aportar los fondos el primer año) estaban dispuestos a asumir el riesgo reputacional de quedar asociados a empresas salpicadas por el escándalo de los cuadernos en tiempos del kirchnerismo, cuando se enriquecieron funcionarios y financiaron campañas. La solución ideada en agosto por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que conduce Francisco Cabrera, se llamó "marco de integridad" y obliga a los salpicados que quieran participar de un PPP y que pretendan conseguir financiamiento del fideicomiso creado por el BICE -una de las pocas opciones existentes para financiar grandes proyectos de infraestructura- no solo a dejar afuera del consejo directivo de la firma al individuo salpicado en una causa de corrupción, sino también a que aquel venda sus acciones."Si dicho evento...