Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 7 de Noviembre de 2019, expediente CAF 046506/2006/CA001

Fecha de Resolución 7 de Noviembre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la N.ión CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -

Expte. 46506/2006/CA1: “C.J.R. c/ EN-Mº Defensa – Resol 472/06 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”

En Buenos Aires, a 7 de noviembre de 2019, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la S. IV de la Cámara N.ional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer de los recursos interpuestos en los autos caratulados “C.J.R. c/ EN-Mº Defensa –

Resol 472/06 s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, contra la sentencia de fs. 231/236, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara M.D.D. dijo:

  1. ) Que, por sentencia de fs. 231/236, la señora juez de la anterior instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y, en consecuencia, ordenó al Estado N.ional que abonara los intereses devengados mensualmente, a la tasa pasiva que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, a partir de los 30 días de la fecha del dictado de cada una de las resoluciones que reconocieron el derecho de los actores al pago de la indemnización reclamada (según leyes 23.109 y 19.101), y hasta que las sumas adeudadas fueron canceladas. Asimismo, indicó que, a partir de la fecha del pronunciamiento, se devengarían accesorios a igual tasa, hasta el efectivo pago de las diferencias reconocidas.

    Para decidir de tal modo, señaló que, en primer lugar, correspondía determinar si los accionantes tenían derecho al cobro de los intereses de la indemnización recibida oportunamente, reclamados desde la fecha del hecho generador de la minusvalía, es decir, al 14 de junio de 1982.

    Así, tras recordar las previsiones dispuestas por los arts. y de la ley 23.109 y su reglamentación, y citar jurisprudencia de esta Cámara al respecto, advirtió que “si bien la S. en cuanto a los intereses en relación al beneficio de la ley 23.109 nada dijo, no puede dejar de advertirse la limitación de dicha indemnización” (v. fs. 233vta.) que, a su entender, surgía del art. 76, inc. 3º, ap. c, de la ley 19.101. En este punto, estimó que “lo reclamado en autos nace a partir del acto administrativo que reconoce tal condición” (v. fs. 234).

    Respecto de la convocatoria obligatoria prevista en las citadas normas, puntualizó que si bien el Estado tenía el deber de citar a los ex conscriptos –circunstancia que en el caso no se había cumplido-, dicha falta podía haber sido suplida por la solicitud espontánea de los interesados, que recién se presentaron en los años 2001, 2002 y 2003. Asimismo, consideró que reafirmaba Fecha de firma: 07/11/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10240906#184947921#20191106160954442 el criterio expuesto la necesidad de que existiera un reconocimiento de la Junta Médica que determinara la incapacidad, el grado y su vínculo con la fuerza.

    Por otra parte, señaló que la S. I de esta Cámara había considerado que procedía la percepción del beneficio con retroactividad al 2º de abril de 1982, en virtud de lo establecido expresamente por el art. 5º de la ley 22.674 (causa 148589/02, “B.H.E. y otro c/ EN-M° Defensa -

    EMGE s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, sent. del 17/11/16). No obstante, remarcó que dicha disposición no se encontraba prevista en su igual 23.109, invocada por los actores como fundamento de su reclamo.

    Estimó que correspondía determinar si los intereses eran debidos desde el momento en que había nacido el derecho a la indemnización y hasta su efectivo pago. Al respecto, recordó que, como regla general, “los intereses son debidos a partir de que el deudor entra en mora, [y] conforme el criterio que se viene exponiendo, la demandada entró en mora a partir de que reconoció el derecho al beneficio a cada uno de los actores” (v. fs. 234vta.).

    Sobre tal base, indicó que de las actuaciones agregadas a la causa surgían los actos administrativos que reconocieron a los accionantes el derecho a la reparación pretendida y las fechas en que les fueron abonados los montos reconocidos. Así las cosas, puntualizó que: “a) en el caso de Cruz: fecha de la resolución de reconocimiento del derecho 06/10/03, fecha de pago 31/07/04; b) M.: fecha de resolución 30/04/04, fecha de pago 17/10/06; c) B. y D.: fecha de resolución 29/10/04, fecha de pago 28/11/06; d)

    O. y S.: fecha de la resolución 09/05/05, fecha de pago no surge de la causa. Tales omisiones deberán ser aportadas a los fines de practicar la liquidación mediante documentación certificada, en caso contrario quedara a criterio del juzgado determinar su validez a tales fines” (v. fs. 235vta.).

    Respecto de los intereses adeudados, consideró que se debía tener en cuenta la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con la jurisprudencia de esta S. –en otra integración—, que citó a sus efectos.

    Finalmente, impuso las costas a la demandada.

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron sendos recursos de...

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