Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 16 de Agosto de 2022, expediente CNT 050081/2021/CA001

Fecha de Resolución16 de Agosto de 2022
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA V

Expte. Nº CNT 50081/2021/CA1

SENTENCIA INTERLOCUTORIA 51023

AUTOS: “CRUZ, AMERICO MILAGRO c/ PINTER DUE S.R.L. Y OTRO s/

Despido” (Juzgado Nº 4)

Buenos Aires, 12 de agosto de 2.022.

El doctor GABRIEL de VEDIA dijo:

  1. Contra la sentencia interlocutoria dictada el día 26/04/2022 que declaró la falta de aptitud jurisdiccional por no haberse agotado la vía administrativa obligatoria previa en una acción dirigida a lograr una reparación integral, se agravia la parte actora a tenor del memorial glosado en formato digital con fecha 29/04/2022, sin réplica.

    La actora basa su tesis recursiva en la afectación de derechos constitucionales para el trabajador, acceso irrestricto a la justicia y debido proceso.

    Sostiene, por otra parte, la imposibilidad de cumplir con el trámite ante el SECLO por cuanto el organismo a consecuencia del dictado de la Ley 27348 no prevé una acción para este supuesto. Invoca jurisprudencia y los precedentes “A.” y “Llosco”.

  2. C on el propósito de delimitar el tema a decidir y, en consecuencia, los alcances del presente pronunciamiento, remarco que la acción fue entablada por despido, horas extras, pagos en forma clandestina y diferencias salariales,

    así como también persiguiendo una reparación integral por el accidente de trabajo sufrido con fecha 26/1/2021 con fundamento en el derecho civil y en lo normado por el art. 75 de la LCT y en la ley 19.587, seguida tanto contra su empleadora como contra la aseguradora.

    Sobre el particular, cabe señalar, en primer lugar, que -en el caso-

    los trámites administrativos previos que constituyen el requisito de habilitación de la instancia judicial, si bien no están vedados por el ordenamiento jurídico, permiten la referida habilitación de instancia judicial consagrada en los instrumentos internacionales incorporados a nuestro plexo normativo en la misma forma en que se inscribe nuestra Constitución Nacional y no simplemente a un recurso pleno que, en los términos de la ley 27.348, se presenta en relación y con efecto suspensivo.

    Por otra parte, es de señalar que los trámites administrativos previos, -como es el caso del S. o la mediación- si bien son de carácter obligatorio, el sistema de conciliación laboral instituido por la ley 24.635, al igual que la ley de mediación, tiene como justificación la introducción de un sistema ventajoso a las partes de solución de conflictos, pero en ningún caso generan restricciones a peticionar ante las autoridades judiciales.

    Fecha de firma: 16/08/2022

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA 1

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZ DE CAMARA

    Sobre todo, en el presente caso donde la presente acción fue entablada a los fines de perseguir una reparación integral por el accidente de trabajo protagonizado con fundamento en el derecho civil y en lo normado por el art. 75 de la L.C.T. y en la ley 19587 contra su empleador y contra la aseguradora, con un planteo subsidiario en base a la ley de riesgos del trabajo.

    En este sentido, el análisis de las cuestiones debatidas en la presente causa se limita a la aptitud jurisdiccional, no por la acción de derecho común intentada y por la acción autónoma en términos del artículo 75 LCT que alude a la aptitud material de este fuero laboral, sino porque en la anterior instancia la sentenciante fundó su decisión en el incumplimiento del requisito previo impuesto por el art. 15 de la ley 27.348 que modificó el cuarto párrafo del art. 4 de la ley 26.773. Ello en tanto la fecha de la primera manifestación invalidante -11/10/2019- se encontraba vigente la ley 27.348 (B.O. 24/2/2017).

    En efecto, la nueva redacción del art. 4 de la ley 26.773 -

    sustituido por el art. 15 de la ley 27.348- dispone que “Las acciones judiciales con fundamento en otros sistemas de responsabilidad sólo podrán iniciarse una vez recibida la notificación fehaciente prevista en este artículo y agotada la vía administrativa mediante la resolución de la respectiva comisión médica jurisdiccional o cuando se hubiere vencido el plazo legalmente establecido para su dictado”.

    Sin embargo, no puede postergarse el derecho del trabajador a ser escuchado ante la jurisdicción que rige la materia o supeditarse el mismo al cumplimiento de requisitos administrativos que exceden el concepto de norma complementaria y que interviene específicamente en el régimen de reparación de una acción civil o de una acción autónoma anclada en la norma del art. 75 LCT. Digo esto porque, por sobre todas las cosas debe primar el principio de tutela judicial efectiva, en tanto el objetivo final del proceso es derivar razonadamente del derecho vigente una solución justa para el caso. Conforme el principio de celeridad propio del derecho del trabajo ante la urgencia particular del interés ventilado en relación con el daño denunciado no puede confirmarse lo decidido en grado pues ello ocasionaría un retardo innecesario que trasunta en una negación de justicia por no brindar una tutela judicial efectiva, exigida no sólo por nuestra Carta Magna sino también por el Pacto de San José

    de Costa Rica.

    Cabe recordar que el art. 18 de la Constitución Nacional dispone que “Es inviolable la defensa en juicio de las personas y de los derechos” y a su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al expedirse sobre las Garantías Judiciales (arts.

    27,2, 25 y 8 de la C.A.D.H.) ha señalado que “El art. 8 de la Convención en su párrafo 1º

    señala que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,

    Fecha de firma: 16/08/2022

    2

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.E.G.V., JUEZ DE CAMARA

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    SALA V

    establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

    No soslayo que la ley complementaria de la LRT -27.348- introdujo distintas circunstancias tendientes a atender las objeciones constitucionales previas –o al menos, algunas de ellas– que se formularan respecto del mecanismo de acceso a las prestaciones del sistema en las sentencias de la Corte Suprema “Castillo Ángel Santos c/

    Cerámica Alberdi S.A.” (13/09/2004), “M., N.G. c/ La Caja ART S.A.”

    (04/12/2007) y “V.I. c/ Mapfre Aconcagua A.R.T.” (13/03/2007), pero lo cierto es que aquéllas se relacionaron fundamentalmente con la revisión de lo decidido por las comisiones médicas en el ámbito de los tribunales especializados en competencia laboral de las jurisdicciones locales y nacional (con prescindencia de los organismos federales a los que aludía el art. 46 LRT) y la adhesión al sistema por parte de los Estados locales.

    Si bien es cierto que nuestro Alto Tribunal ha entendido que dentro del diseño de los arts. 109 y 116 de la Constitución Nacional...

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