Criterios de atribución de responsabilidad penal en la empresa y su impacto en los vínculos laborales

Autor:Juan María Rodríguez Estévez
Cargo:Master en Derecho Penal & Ciencias Penales por las Universidades Pompeu Fabra y Barcelona. Profesor de Derecho Penal Empresario de la Universidad Austral (Argentina)
 
ÍNDICE
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I El marco del debate: criterios de imputación de responsabilidad penal para directivos de empresa por la comisión de delitos culposos de sus subordinados

Los parámetros dogmáticos de atribución de responsabilidad penal para los directivos de empresa presentan un contenido bifronte. Por un lado,constituyen los estándares normativos sobre los cuales corresponde la asignación de un juicio de reproche jurídico penal mientras que, por otra parte,vienen a cumplir la función de garantía del tipo puesto que, no acreditados dichos extremos que materialmente legitiman la imputación de una pena, el comportamiento de los responsables de la conducción de la empresa no dará lugar a incriminación penal y quedará dentro del ámbito de lo socialmente adecuado1.

En este sentido, la imputación penal desenvuelve, a través de sus contenidos, los presupuestos de las consecuencias penales y al mismo tiempo los de la impunidad2. En efecto, la norma penal no sólo cumple una finalidad preventiva, sino también una función garantista que, concretamente, semanifiesta en el principio de legalidad3. De allí, que la función de la pena esteíntimamente vinculada con la función del principio de legalidad. En estecontexto, en un esquema funcional del derecho penal, la finalidad comunicativade la norma no sólo tiende a evitar la defraudación de determinadasexpectativas sociales, sino también a delimitar quiénes están obligados aobservarla y cuál es el contenido de las mismas.

Dentro de este marco, en el presente trabajo nos planteamos,aunque sea sólo de modo esquemático, si la imputación de responsabilidadpenal al directorio de una empresa a raíz de la comisión de un delito culposopor parte de uno de sus dependientes, configura un supuesto de prohibición deregreso inaceptable en razón de la imputación objetiva del comportamiento o,por el contrario, puede generar un supuesto de aquello que podríamos llamar responsabilidad penal hacia arriba. Es decir, el núcleo del problema pasa por determinar si la violaciónde un deber objetivo de cuidado por parte de los organizadores de la empresaque designan a un dependiente no suficientemente apto, al frente del manejode una fuente de peligro para bienes jurídicos de terceros, a quién tampococontrolan de modo razonable, puede legitimar un juicio de responsabilidadpenal en cabeza de los primeros a título de autoría de un delito culposo y, encaso afirmativo, bajo qué presupuestos y con qué limitaciones.A los fines de este trabajo, damos por cierto que una empresa es unagente generador de diversos peligros (provenientes de distintas fuentes deriesgo) con aptitud para afectar a bienes jurídicos diversos4. Consideramos queestos riegos pueden agruparse en tres grupos de casos según el ámbito derealización de los mismos.Un primer grupo de riesgos viene dado por los efectos nocivos quepuedan producirse en bienes jurídicos de terceros los que pueden resultar lesionados por la actividad específica de la empresa (vida, integridad física,salud de los consumidores, etc).En un segundo grupo de casos podemos señalar la afectación a losbienes jurídicos personales de las personas que trabajan dentro de la empresa(aseguramiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, vida eintegridad física de los trabajadores, entre otros).Por último, en un tercer grupo de casos, ubicamos la lesión a lasrelaciones normativas que el Estado impone para con la empresa, de la cualpueden resultar lesionados bienes jurídicos del mismo Estado, prioritariamentede carácter supraindividual (delitos fiscales y aduaneros por ejemplo) o bienes jurídicos de otra corporación empresaria (defensa de la competencia,concurrencia desleal, etc).Aquí nos centraremos en el análisis del primer grupo de casos, esdecir, de los supuestos de lesiones para bienes jurídicos individuales deterceros que puede causar la actividad empresaria, y en qué medida loscriterios de imputación de responsabilidad penal individual y tradicional operanpara concretar la aplicación del derecho penal sustantivo en dicho ámbito.Asimismo, este ámbito particular puede subclasificarse en dosnuevos grupos de casos: a) responsabilidad derivada de la posición de garante con fundamento en los deberes de vigilancia respecto de delitos cometidos por dependientes de la corporación; y b) responsabilidad del garante por el controlde peligros provenientes de fuentes no humanas de la empresa.Nos dedicaremos aquí, al primer nivel, donde analizaremos lossupuestos de lesiones para bienes jurídicos individuales de terceros ajenos a laactividad de la empresa que se producen como consecuencia de suexplotación y con fundamento en un actuar típico de los dependientes del titular de la misma.A los fines de concretar las consideraciones dogmáticas en posiblespropuestas para resolver grupos de casos complicados, intercalaremoscuestiones teóricas a la luz del precedente “LAPA”5.

II Ámbito de implementación

Un primer acercamiento al ámbito de estudio de los criterios deimputación de responsabilidad penal de los directivos de empresa puede llevar a una concepción que limite su prestación práctica a los supuestos de delitosde carácter económico que se producen dentro o a través de la corporaciónempresaria. Esta concepción limitada del objeto formal de análisis, deja de ladoaquel grupo de casos integrado por delitos comunes, puramente resultativos,tales como las lesiones y el homicidio que desempeñan un papel fundamentalen la práctica profesional y en la realidad penal de la empresa, además de laevidente trascendencia por los bienes jurídicos en juego en sí mismosconsiderados.

Es por ello que, al referirnos al derecho penal empresario, haremosespecial hincapié en el sujeto que nuclea su configuración: la empresa. Así, elderecho penal empresario es un derecho penal que se diferencia, no por elcontenido ontológico de los diversos comportamientos típicos que se concretanen su ámbito, sino por el sujeto específico que interviene.En este orden de ideas, la cuestión particular de este ámbito delsistema punitivo viene configurada por el carácter específico de los sujetos alos cuales se dirige en su constitución normativa. Es en este campo, dondesurge uno de los puntos más complejos y a la vez más interesantes delderecho penal aplicado a la empresa: los criterios de imputación dentro de laestructura societaria. En otro(s) términos, se trata del diseño de reglas deimputación societaria6. En esta línea de trabajo, puede apreciarse que son múltiples lossupuestos en los cuales terceros ajenos a la actividad corporativa puedenresultar lesionados en sus bienes jurídicos personales fundamentales. La trascendencia de este grupo de casos viene dada, a mi entender, por doscuestiones fundamentales de política criminal.La primera, justamente, se desprende por la relevanciaconstitucional de los bienes jurídicos afectados o en juego. La protección de lavida y de la integridad física respecto de actividades peligrosas ajenas (ámbitosde organización de terceras personas) resulta de vital trascendencia dada laactual configuración de la sociedad. La protección de estos bienes jurídicos decarácter personalísimo e indisponibles, configuran el centro de tutela denuestro ordenamiento jurídico7. Por otra parte, resulta empíricamentecomprobable la relevancia cuantitativa de dichos grupos de casos, además dela obviamente cualitativa, dada la característica de los bienes jurídicos en juego8. La segunda razón, tomada de FRISCH, se deriva de la irrelevanciaen este grupo de delitos, de las modalidades limitadas de acción, como lascondiciones especiales del autor. Dicha circunstancia, permite analizar en todasu "pureza" el problema de la imputación de responsabilidad penal a la hora dedeterminar si el tipo penal se ha configurado9. Se plantean así, con relación a la responsabilidad penal de losdirectivos de empresa, dos problemas fundamentales vinculados con laeventual producción de delitos comunes puramente resultativos.En primer lugar, determinar en qué medida el órgano directivo esresponsable de que el establecimiento de su negocio y su funcionamiento noconduzca a lesionar o poner en peligro bienes jurídicos de terceros.En segundo lugar, hay que determinar qué es lo que el órganodirectivo debe abstenerse de hacer para que no lleguen a producirse taleslesiones a bienes jurídicos a través de la estructura productiva, organizada demodo jerárquico y por división del trabajo, como también que es aquello que elempresario debe hacer para evitar dicha producción de resultados lesivos.Todo esto integra el denominado...

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