Cristóbal López y De Sousa, más cerca de volver a la cárcel

 
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y Fabián de Sousa están . La Cámara de Casación recibió los pedidos de la fiscalía y de la para que el empresario y su socio regresen a prisión por no haber pagado 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles de su empresa Oil. Los jueces también tienen en sus manos los argumentos del abogado de los empresarios, que pidió rechazar todos los recursos y que su cliente siga libre.

Quienes deben decidir el futuro del dueño del Grupo Indalo son los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa. Desde hoy los magistrados tienen cinco días hábiles para decidir, luego de la apelación de la querella, a cargo de la AFIP y del fiscal Raúl Pleé, del fallo de la Cámara Federal y a su socio.

La sentencia se conocería la semana próxima (corta por el fin de semana puente) o el lunes de la siguiente. Es probable que López y De Sousa vayan a la cárcel nuevamente y que Echegaray termine procesado y en libertad. Esto se lograría con los votos de Hornos y Riggi y con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que ya tiene en sus manos la decisión de sus colegas y le resta escribir su propio voto.

López y De Sousa tienen prohibida la salida del país por decisión del juez federal Julián Ercolini, que de hecho rechazó hace una semana un pedido del empresario para viajar a España.

El fallo de la Cámara Federal que permitió la libertad de los empresarios había sido firmado por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que además cambiaron la calificación del delito que le enrostraban a López por otra que le permitiría pagar y evitar la cárcel.

Ese fallo provocó un escándalo institucional: el presidente Mauricio Macri se enojó con los camaristas y el Gobierno los denunció. En menos de un mes, desde ese momento hasta hoy, Farah pidió y consiguió su traslado a otro tribunal, y Ballestero pidió una licencia médica por 20 días, que casi seguro se transformará en su alejamiento definitivo de la Cámara Federal.

Así de fulminante fue el caso de Cristóbal López, que alcanzó para que detonara la Cámara Federal, quedara desarmada y casi sin jueces (ver página 15). Pleé y la AFIP, con la firma del abogado Ricardo Gil Lavedra, apelaron para retrotraer la decisión de Farah y Ballestero. Y el abogado Carlos Beraldi, de López, pidió desestimar esos recursos porque no van contra una sentencia definitiva. En sus argumentos, Pleé consideró que los empresarios deben enfrentar el delito de "administración...

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