Cristina reclama en la Justicia poder cobrar dos jubilaciones de privilegio a la vez

 
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mantiene en la Justicia un millonario reclamo contra el Estado: pretende cobrar tanto la jubilación de expresidenta como la prestación que, por el mismo régimen especial, se derivó del fallecimiento del también expresidente , sin tener que optar por una de las dos. El pago de la primera de esas asignaciones (conocidas como de privilegio) fue suspendido en diciembre de 2016 y, por eso, la senadora busca también que se le abonen los períodos no percibidos (con intereses) y que se le reintegren los importes descontados por (ya que estas prestaciones se asimilan a lo que cobran los jueces de la , a quienes no se les retiene impuestos).

El beneficio vitalicio de expresidenta le había sido otorgado a Cristina por una resolución del emitida en 2015 -poco antes de que finalizara su mandato-, cuando al frente de esa cartera estaba su cuñada, . Entonces, ya percibía la asignación heredada tras la muerte de Néstor Kirchner.

En noviembre de 2016, meses después de que había trascendió el cobro del doble ingreso, la actual ministra dispuso, a través de la resolución 1768 y tras evaluar un dictamen del entonces procurador del Tesoro Carlos Balbín, que la exmandataria debía optar por uno de los dos pagos. Y se suspendió uno de ellos. La ley 24.018 establece en su artículo 5 que la percepción de la asignación de expresidente es "incompatible con el goce de toda jubilación, pensión, retiro o prestación graciable nacional, provincial o municipal".

En marzo último y según datos de la Anses, el beneficio en curso de pago -el correspondiente a Néstor- fue de $285.937 (bruto) o de $176.744 (neto). La prestación suspendida fue de $292.717 (bruto) o de $180.520 (neto). El monto de cada beneficio equivale a unas 12 veces el haber jubilatorio promedio del sistema de la . Y a 23 veces la jubilación mínima.

Tras ver suspendido el pago de una asignación, Cristina inició un juicio. En la demanda de la causa "Fernández, Cristina Elisabet c/Ministerio de Desarrollo Social s/Nulidad de acto administrativo", se argumenta que no es por cumplir la ley que no se abonan ambos beneficios, sino que es por una persecución "política, judicial y mediática", a la cual se suma, con la decisión de suspender el pago, "un ataque patrimonial proveniente directa y visiblemente desde el mismo Poder Ejecutivo".

El reclamo, presentado en abril de 2017 con el patrocinio de los abogados Facundo Fernández Pastor, Miguel Ángel Fernández Pastor, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, pidió...

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