Cristina, protegida por militares y por fiscales

No era éste el final que Cristina Kirchner imaginó cuando prometía reformas y consensos, hace ocho años. La realidad ahora es muy diferente: su Gobierno se está parapetando en el último refugio, detrás de espías mandados por un militar y por fiscales que tienen la orden de licuar hasta la nada las causas de corrupción. Ni la inclusión social ni la economía y ni siquiera un acuerdo definitivo con la totalidad de los acreedores argentinos en default tienen vigencia ya. Por primera vez, la agenda política la impuso alguien que no es ella: jueces y fiscales independientes se ocuparon de mover la política al ritmo de sus decisiones.

Cristina logró algo. Para qué negarlo. Fiscales contra fiscales. Jueces contra jueces. A la fractura social, que es perceptible en la Universidad, entre intelectuales y artistas, en el periodismo y en la sociedad toda, le agregó ahora una grieta profunda entre funcionarios judiciales. La implementación del inexistente Código Procesal Penal resultó la decisión más efectiva que tomó para domesticar a la Justicia, mucho más que la reforma judicial abortada en su momento por la Corte Suprema. El sistema acusatorio, que es la novedad, no lo verá este Gobierno, pero aprovechó una hoja suelta en el anexo del nuevo Código para designar a los fiscales amigos en las oficinas judiciales oportunas.

¿Consecuencias inmediatas? Tal vez debamos detenernos en dos casos, los de los nuevos fiscales federales Miguel Ángel Osorio y Miguel Palazzani, ambos nombrados como fiscales ante la Cámara Federal Penal de la Capital. Lo primero que apartaron esas designaciones fue la máscara de la hipocresía. La Presidenta anunció el nuevo Código Procesal en medio de un largo discurso sobre el delito común, la participación de extranjeros en el crimen y la aflicción social por la inseguridad. Todos esos párrafos estaban exentos de verdad. La Cámara Federal Penal se ocupa de muy pocos casos. Del narcotráfico y la corrupción de los funcionarios, si es que hacemos un esfuerzo de síntesis. El delito común se resuelve en otro lado.

Osorio y Palazzani son militantes de Justicia Legítima, la agrupación de funcionarios judiciales con fe kirchnerista. De ellos dependerán ahora las apelaciones ante la Cámara Federal por los casos de corrupción. Si ellos no apelaran, las causas se caerían en el acto. No hay nada en el kirchnerismo más patético y hasta conmovedor que la situación de los fiscales oficialistas. Los intelectuales pueden olvidarse de la corrupción...