Una crisis sobre todo moral

La anunciada reforma de la Justicia, que privilegia intereses personales por sobre los de la Nación, es un indiscutido reflejo de la falta de espíritu republicanoEl estado general del país se ha agravado en los últimos ocho meses. A las consecuencias del desbarajuste financiero y económico que llevó a Cambiemos a perder las elecciones, y que en modo alguno han sido corregidas por el nuevo gobierno, se suma una crisis moral de proporciones devastadoras.en la anunciada reforma judicial fue coronada a los pocos días de constituida con un patronímico antológico: ha sido bautizada popularmente con el apellido del abogado penalista que defiende a la vicepresidenta en las múltiples causas por corrupción que tiene abiertas. El doctor Carlos Alberto Beraldi no está solo en ese consejo consultivo: lo acompañan otros tres abogados penalistas, como para que no haya ninguna duda de que las angustias existenciales de están en la primera línea de consideración de aquella reforma para ser atendidas a la mayor brevedad. Ya se verá más tarde qué precio se paga por la osadía.Si alguien cree que se puede restaurar la confianza económica y financiera en la Argentina sobre el barro de las decisiones políticas, está muy equivocado.En ocho meses de gobierno no hay plan económico que indique la dirección de un camino -es más, el Presidente ha dicho que no cree en ellos-, pero tampoco hay vergüenza para manifiestos atropellos que dejan a la república privada de su espíritu, enfrentando momentos de inaudita gravedad institucional. La sola inclusión del abogado defensor de Cristina Kirchner en el consejo consultivo para la reforma de la Justicia no hace más que desacreditar al cuerpo y dar cuenta de las oscuras intenciones del Gobierno. Los más memoriosos recordarán a las otras diez personalidades a las que el gobierno militar de Alejandro Lanusse acudió en 1971 a fin de estudiar un proyecto de modificaciones a la Constitución de 1853/60. He aquí sus nombres: Julio Oyhanarte, Germán Bidart Campos, Mario Justo López, Adolfo Rouzaut, Alberto A. Spota, Roberto I. Peña, Jorge Vanossi, Pablo Ramella, Carlos María Bidegain y Natalio Botana. La presencia en el nuevo grupo de estudiosos de Enrique Bacigaluppo, sin duda su figura más relevante en el plano jurídico internacional, permite recordar que le tocó, en el papel de procurador general del Tesoro designado en 1973 por el presidente electo dictaminar que correspondía, entre las reformas aprobadas al texto constitucional...