La crisis de la deuda, más lejos de una solución

puso anteanoche fin a las esperanzas que todavía cobijaban algunos inversores y analistas financieros en un default corto. para promover el cambio de lugar de pago de los bonos emitidos bajo la legislación de Nueva York y reabrir el canje para los holdouts, la primera mandataria puso de manifiesto que su gobierno no tiene mayor voluntad para acordar con los bonistas que fueron beneficiados por la justicia de los Estados Unidos y sumó un nuevo problema a la ya grave crisis de la deuda.La iniciativa oficial plantea la posibilidad de que el Ministerio de Economía remueva al Bank of New York (BoNY) como agente fiduciario y designe en su lugar a Nación Fideicomisos, con el fundamento de que la entidad bancaria extranjera se encuentra impedida por un fallo del juez Thomas Griesa de girar fondos a los bonistas que adhirieron a los canjes de 2005 y 2010 y poseen títulos emitidos bajo legislación neoyorquina. No obstante, el proyecto contempla el derecho que asiste a los tenedores de bonos de "designar un nuevo agente fiduciario que garantice el cobro".Según el anuncio presidencial, se abriría por tercera vez el canje de deuda en condiciones similares a los dos anteriores, para que pueda ingresar el 7,6% de bonistas que hasta ahora no lo hicieron y que, mayoritariamente, optaron por iniciar demandas judiciales contra el Estado argentino.En uno de los puntos más controversiales del proyecto, la Presidenta señaló que a esos bonistas que no ingresaron a los anteriores canjes de deuda se les depositará la cantidad de fondos equivalentes a los que correspondería pagar por los servicios de los nuevos bonos que en el futuro se emitan, en una cuenta de Nación Fideicomisos. Se trata de una propuesta absurda, en tanto que quienes litigaron contra la Argentina lo hicieron porque no aceptaban las condiciones de aquellos canjes.Con este paso, la jefa del Estado no hizo más que confirmar que su gobierno no reconocerá la sentencia del juez Griesa, y no –como se dijo en un primer momento– porque su cumplimiento fuera a activar la cláusula RUFO, sino simplemente porque considera que el fallo es injusto.La norma impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional lo señala con nitidez. Expresa que la sentencia del magistrado neoyorquino es de "imposible cumplimiento", además de ser "violatoria tanto de la soberanía como de las inmunidades [del país] y los derechos de terceros".De este modo, el gobierno argentino se propone desoír el fallo y hacer lo que el juez pidió enfáticamente que no...

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