La crisis de la argumentación pública
| Autor | Ricardo Pablo Reca |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España |
| Páginas | 313-341 |
LA CRISIS DE LA ARGUMENTACIÓN PÚBLICA
Ricardo Pablo Reca 1
I. Palabras p revias
Agradezco especialmente a nuestra Universidad Nacional de La
Plata y al Instituto de Derec ho Administrativo de la Facultad de Cie n-
cias Jurídicas y Soci ales la invitación para pa rticipar en esta e scuela
de verano que, en su tercer p eríodo consecutivo, lleva adel ante cur-
sos y actividades de signicativo interés.
El tópico que nos convoca es el com plejo y tan actual tema de
Administración y corrupción, que será desarrollado por di stintos
expositores con la disp osición de favorecer un aná lisis, lo más abar-
cativo posible, sobre est a candente y siempre vige nte cuestión.
Por nuestra parte, nos p roponemos subrayar aquellas conduc tas
que corrompen la conanza y la previsibi lidad en las institucione s y
que, naturalmente, se expande n en incontrolable fug a sobre nuestro
modo de vida.
Para ello, nos detendremos li minarmente en una breve reseñ a
sobre la tipic ación jurídica del tema, con el propósito de señalar
la insuciencia de las tipologías plasmadas en nuestras norma s de
fondo; para lo cual, hemos transcripto una sola de las guras penales
(enriquecimiento ilícito) para preguntarnos si sus contenidos, inclu-
yendo la incorporación de un ú ltimo a partado en el año 1999, no ree-
jan por sí solos una inocua consagración.
1 Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Director del Instituto
de Política y Gestión Pública y Profesor titular de la materia de Derecho Público Provincial y Municipal.
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Agradezco la inestimable colaboración de la abogada Melina Grossi.
RECA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CORRUPCIÓN
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Luego señalaremos la inoperancia del Tribunal Social de Res-
ponsabilidad Polític a, previsto en nuestra Cons titución provincial y la
grosera parábola entre las declaraciones de los organismos interna-
cionales y quiene s tienen la alta respon sabilidad de represe ntarlos.
Desde esta opaca perspectiva, haremos hincapié en la necesi-
dad de la transparencia como una política de Estad o, que se pro-
ponga sanear las re glas que orientan y re gulan nuestra organiz ación
social. Con este n, nos referire mos a dist intos temas qu e compro-
meten lo dicho, sin soslayar alg unas apreciacione s sobre los actores;
que, en muchos casos, maniestan un inexorable debilitamiento del
perl dirigencial; sobre el contexto; en particula r, la referida goberna-
bilidad y, desde ya, la cultura del pod er.
Finalmente, aludiremos a l a crisis de la argumentación pública,
que entendemos como uno de los aspectos más visibles y severos
de este deterio ro.
II. Breve rese ña sobre la tip ificación ju rídica del te ma
En este orden, naturalme nte debemos tener en cuenta lo previsto
muchas normas anes (observancia de la ética; declaración jurada;
incompatibilidad de cargos públicos; difusión de los gastos guberna-
mentales; contratac iones públicas; orige n de los fondos de los par ti-
dos políticos; etc.). Todas ellas, de estricta y ne cesaria referencia para
abordar el tema 2.
2 Constitución Nacional. Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se
interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático.
Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para
ocupar cargos públicos y excluidos de los benecios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funcio-
nes previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil
y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de
fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra
el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función. Ley de ética de
de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables,
sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y
jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso
o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y
empleados del Estado.
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