Crece la inquietud en el Gobierno por el futuro de las causas de corrupción

 
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El Gobierno está preocupado por la evolución de las causas de corrupción tras un eventual triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales, tanto de los casos que mantienen a exfuncionarios kirchneristas presos, procesados e incluso en juicio oral, como de los funcionarios de Cambiemos bajo investigación judicial, incluido el presidente Mauricio Macri.Hubo reuniones reservadas -no institucionales- en diversos ámbitos del Poder Ejecutivo en las que se conversó con mayor o menor profundidad sobre estos tópicos para hacerse un escenario prospectivo de los asuntos que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Allí también se realizó un balance de las condenas obtenidas en el mandato de Macri en casos emblemáticos para la administración kirchnerista.El propio ministro Germán Garavano trazó esta semana un balance público cuando habló en un panel de la OEA contra la corrupción. Allí, frente a los jueces Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Casanello y Karina Perilli, felicitó a la Oficina Anticorrupción y dijo que "no se puede ni se debe dar marcha atrás" con los procesos "sea cual sea el resultado de las elecciones".De hecho, el Gobierno puede exhibir avances en la lucha anticorrupción con las condenas alcanzadas contra el expresidente Amado Boudou, el exministro Julio De Vido y los exsecretarios José López, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime. Y con la aprobación de herramientas como la ley del arrepentido o la ley de extinción de dominio, que permitieron probar sobornos o recuperar el dinero de los fraudes contra el Estado.No obstante, del lado de los casos que afectan al kirchnerismo, la principal preocupación es la continuidad del juicio contra Cristina Kirchner en la causa en que está siendo juzgada junto a Lázaro Báez por la obra pública santacruceña. Este juicio avanza a paso de caracol, con una audiencia semanal, y a este paso durará al menos dos años. Con Cristina Kirchner vicepresidenta y al mismo tiempo acusada, no hay mucha confianza en que termine condenada. De hecho, en el Gobierno están convencidos de que es probable que termine absuelta, dijeron a LA NACION dos funcionarios del Poder Ejecutivo.No obstante, el fiscal que lleva la acusación en el juicio, Diego Luciani, tiene en su norte presentar cargos que la incluyan.El desafío de los acusadores es probar la presentación del fiscal Gerardo Pollicita en el auto de elevación a juicio: que el Ministerio de Planificación reasignó fondos presupuestarios...

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