Sentencia nº 36 de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Santa Fe, 8 de Junio de 2016

Presidente1126/16
Fecha de Resolución 8 de Junio de 2016
EmisorCámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala I) - Santa Fe

Santa Fe, 08 de Junio de 2016.

VISTOS: Estos caratulados "CREA S.A. C/ TELECOM S.A. S/ORDINARIO" (Expte. Sala I N° 36 - Año 2014), venidos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora -en subsidio del de revocatoria, que fuera rechazado- (ver fojas 52/53), concedido en relación y con efecto suspensivo (v. fs. 64) contra la resolución de fecha 5.12.2013 obrante a fojas 63/64; y,

CONSIDERANDO:

  1. Que por auto de fecha 5.12.2013 la A quo rechazó la revocatoria interpuesta contra el proveído de fecha 5.8.2013, que mandaba a reponer el sellado de la demanda por la suma de $6.000, correspondientes a la tasa de justicia por $4.800 y a la tasa de actuación por $1.200, y concedió el recurso de apelación interpuesto en subsidio.

    Para así decidir explicó que "la propia ley 24.240 en su art. 1 define al 'Consumidor o Usuario' como '(...) toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social (...)'. Surge así, claramente, de la definición que hace la ley, que la relación entre la parte actora (Crea S.A.) y la parte demanda (Telecom S.A.), según lo relatado por la propia quejosa en su escrito de demanda, no puede encuadrarse en lo que sería el microsistema legal que protege a los consumidores. Precisamente estamos en presencia de una clara y nítida relación comercial, al proveer un servicio (telefonía), indispensable para el normal desarrollo de la actividad comercial de la recurrente. No obstante ello, y constituyendo una aclaración necesaria de lo que se debe entender por 'relación de consumo', los agravios vertidos hacen referencia a la gratuidad que el 'usuario-actor' goza a los fines de los reclamos intentados. Entremos en su análisis: [...] la Administración Provincial de Impuestos contesta la vista ordenada en autos, a la cual se adhiere la Sra. Agente F. a fs. 61, informando que el organismo se ha expedido mediante informe de la Subdirección de Asesoramiento Fiscal N° 236/2008 y compartido por el Administrador Regional Santa Fe, que el mismo establece que: 'la materia fiscal de las Provincias no forma parte del poder delegado por éstas a la Nación...', por lo tanto se concluye que la exención aludida no está expresamente consagrada en la legislación específica vigente [...] Los impuestos al sello constituyen una facultad no delegada de las Provincias a la Nación, por lo cual el Congreso Nacional no tiene la potestad de legislar sobre una materia de competencia exclusiva de las Legislaturas de cada provincia, mas allá de poder aplicarse en el ámbito de competencia de la Justicia Nacional, Federal o reclamos de tipo administrativo. Así lo regula nuestra Carta Magna en su art. 121 [...]" (v. fs. 63/64).

  2. Que radicados los presentes en esta sede, expresa agravios la apelante sosteniendo

  3. su disenso sobre lo que entiende es una errónea interpretación y/o consideración de su parte por la A quo al no calificarla como consumidora o usuaria, dentro de los parámetros del art. 1 de la propia Ley 24.240, quitando toda posibilidad de encuadre dentro de la protección que a los derechos de los consumidores o usuarios brinda dicha ley cuando -desde su punto de vista- la descripta en la demanda es una relación de consumo donde Crea S.A. es usuaria o consumidora final en forma onerosa del servicio que presta o vende la demandada Telecom S.A., el que es indispensable para el normal desarrollo de su actividad comercial, y con el que no lucra enajenándolo, siendo su objeto social distinto de la comercialización del servicio de comunicación que adquiere de la demandada, lo que podría hacer caer la relación en el concepto de "comercial", pero que al no ser así, evidentemente se trata de una de "consumo", pues la adquisición del servicio lo es para su beneficio social.

    También se agravia de lo que considera una equivocada aplicación e interpretación del beneficio de la justicia gratuita previsto en el articulo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, sustituido por el art. 26 de la Ley N° 26.361, el que -dice- está previsto para mitigar los costos que puede irrogar el acceso a la justicia favoreciendo la efectividad de los reclamos, y debe interpretarse ampliamente desde la pauta dada por el artículo 3° de la ley, no teniendo ninguna relevancia la condición económica del consumidor. Que, en definitiva, el proveído atacado viola las garantías constitucionales esenciales y de la Ley de Defensa del Consumidor respecto del acceso a la justicia a los consumidores y usuarios de servicios (v. fs. 77/81 vta.).

  4. Que se corrió vista al Fiscal de Cámaras (v. fs. 82) que fue evacuada a fs. 83.

  5. Que así las cosas, tenemos que la actora inició un juicio ordinario por cumplimiento de contrato más indemnización por daños y perjuicios con fundamento -entre otras normativa que cita- en los preceptos de la Ley de Defensa del Consumidor, que contempla en su articulado el beneficio de justicia gratuita. La Sra. Jueza de Primera Instancia determinó que antes de proseguir la tramitación de la causa, la accionante debía reponer los sellados de la demanda. Por ese motivo esta última dedujo recurso de revocatoria con apelación en subsidio, siendo rechazada la primera y concedida la segunda, en relación y con efecto suspensivo.

    Que en oportunidad de la vista que le fuera corrida, el Sr. Fiscal de Cámara indicó que la pretensión excedía los alcances de la ley 24.240, por lo que no cabía subsumir la cuestión dentro de dicha normativa, y que, a consecuencia de ello, lo que correspondía era rechazar los agravios y confirmar la resolución apelada.

    4.1. Sobre la aplicación de la Ley 24.240.

    La A quo consideró que estamos en presencia de "una clara y nítida relación comercial, al proveer [la demandada] un servicio (telefonía), indispensable para el normal desarrollo de la actividad comercial de la recurrente" (v. fs. 63) y que por ello no resulta aplicable el microsistema protectorio de los consumidores.

    Pero la temática es harto más compleja, y merece un análisis más detenido.

    Veamos:

    4.1.1. Según el relato plasmado en la demanda, la actora es una empresa constructora de la localidad de Gobernador Crespo, que es -a su vez- clienta de la demandada, con quien tiene contratado el servicio de telefonía fija que utiliza para comunicarse con clientes y proveedores.

    Tal descripción no basta para descartar la existencia de una relación de consumo por el sólo hecho de que el vínculo se haya constituido entre dos sociedades comerciales y que fuera calificable desde la perspectiva del derogado Código de Comercio como un contrato comercial.

    Que entenderlo de otra manera importaría desechar a priori la posibilidad de que una persona jurídica quede comprendida dentro de la esfera de protección de la LDC, pues toda la actividad que desarrolla debe ajustarse a su objeto social y cualquier contratación respecto de bienes o servicios como adquirente o usuaria tendrá como objeto directo o mediato la realización de dicho objeto. En ese sentido se ha dicho que "...si las sociedades comerciales pueden ser consumidoras, y si ellas no pueden ex lege -so pena de inimputabilidad- actuar fuera de su objeto social (art. 58 LS) que es esencialmente empresarial (art. 1 misma ley), forzoso es concluir que no existe la posibilidad jurídica de que una sociedad de ese tipo realice un acto de consumo -habilitado en los términos del citado art. 1° de la LDC- sin actuar, a la vez, dentro del ámbito descripto por la actividad empresarial inherente a su objeto social..." (C.N.Com., S.C., "L.J. c.R.S.R.L. y otro s/Ordinario", del 13/12/2012, del voto en disidencia de la Dra. J.V., citado en Parducci, D.M.ín; "Contratos Bancarios con consumidores y usuarios", La Ley, Suplemento Especial Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos en Particular, 2015, abril, 21.4.2015, pág. 241. Cita Online: AR/DOC/1127/2015).

    Al respecto, vemos que la ley 24.240 -a diferencia de otras legislaciones que reservan el título de consumidores sólo para las personas humanas- incluyó a las personas jurídicas dentro de la categoría de consumidores, en tanto el uso que dieran a los bienes o servicios adquiridos o utilizados sea calificable como "consumo final".

    De esta manera, descartó efectuar una distinción de tipo subjetiva, debiendo valorarse, en cambio, el destino que se le da a los bienes y servicios para encontrar el fundamento de la calificación que se adopte.

    Con esa premisa, y partiendo de una visión tripartita del mercado, en la que incluye a la "producción", la "comercialización" y el "consumo", S. señala que allí "es claro advertir que las dos primeras incluyen actividades de índole profesional; es decir, estructuras empresarias individuales o colectivas, especializadas en la explotación comercial de cierta área de la actividad económica; lo que redunda, naturalmente, en un profundo conocimiento, no sólo de su producto, de sus cualidades y limitaciones, sino que determina lo que verosímilmente el consumidor puede pretender de aquél" y agrega que esa especialización "se contrapone al dilema que presenta [a]l consumidor la elección más favorable a sus intereses; el consumidor construye su conocimiento a partir de la información que recoge de los profesionales; es decir, se informa a partir del mercado". Y concluye que la juridicidad convierte esta relación tripartita en una "bipolar", "en la cual se detecta un foco de tensión: 'el profesional' (genérico de productores y comercializadores) frente al 'profano'; quedando delineada la debilidad propia del consumidor".

    A partir de allí aborda la noción de "consumo final", explicando que la misma "indica que el producto es retirado de la denominada 'cadena de valor', que supone que un bien o servicio adquiere desde que es concebido, proyectado, diseñado, fabricado, importado o ensamblado, distribuido, y finalmente colocado...

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