Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 31 de Octubre de 2023, expediente FBB 004782/2023

Fecha31 Octubre 2023
Número de expedienteFBB 004782/2023

Poder Judicial de la Nación Expte. nro. FBB 4782/2023/CA1 – S.I.–.S.. 1

Bahía Blanca, 31 de octubre de 2023.

VISTO: El expediente nro. FBB 4782/2023/CA1, caratulado: “COTORRUELO,

D.R. Y OTROS c/ AFIP s/ACCION MERE DECLARATIVA DE

INCONSTITUCIONALIDAD”, venido del Juzgado Federal nro. 2 de Bahía Blanca,

para resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 67 y 68, contra la sentencia

de fs. 61/66.

El señor Juez de Cámara, doctor P.A.C.M., dijo:

1) La Sra. Jueza de grado resolvió hacer lugar parcialmente a la

acción entablada por R.U. contra la Administración Federal de Ingresos

Públicos declarando la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. “c”, 79, inc. “c”, 81 y

90 de la ley 20.628 y del art. 115 de la ley 24.241.

Asimismo, ordenó a la AFIP abstenerse de continuar

descontando suma alguna en concepto de impuesto a las ganancias de las prestaciones

previsionales del Sr. R.U. y reintegrar la totalidad de los montos retenidos

al mismo en concepto de impuesto a las ganancias, desde el momento de la

interposición de la demanda (cf. Fallo “G., Punto III, Parte Resolutiva del fallo

citado) con más el interés correspondiente a la tasa de interés pasiva mensual

publicada en el BCRA desde que cada suma fue retenida hasta su efectivo pago (cf.

CSJN in re "Spitale", Fallos 3251185, entre otros).

Por otro lado, resolvió declarar abstracta la cuestión planteada

en relación a los actores D.R.C. y M.E.H., toda vez

que desde la fecha de interposición de la demanda no se le han efectuado retenciones

en concepto de IG (cf. recibos de haberes agregados por los actores a la causa e

informe agregado con la contestación de demanda por la AFIP).

Finalmente, resolvió imponer las costas por su orden y diferir la

regulación de los honorarios correspondientes a los letrados intervinientes hasta tanto

denuncien y acrediten los mismos en autos su situación previsional e impositiva.

2) Contra dicha decisión a fs. 67 apeló la apoderada de la parte

actora, quien expresó sus agravios a fs. 70/75.

En primer término, señaló que si bien la a quo deja de lado su

interpretación respecto de la nueva Ley 27.617, y reconoce la inconstitucionalidad de

la retención respecto de uno de los actores, no lo hace respecto de Cotorruelo y

Fecha de firma: 31/10/2023

Alta en sistema: 01/11/2023

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H., y aclaró que el dictado de la referida norma de fondo en nada obsta a la

procedencia de la presente acción de inconstitucionalidad y aplicación de los

precedentes "G." y todos los derivados del mismo.

Sostuvo que el punto V) de la parte dispositiva de la sentencia

definitiva dictada en autos yerra en considerar la cuestión abstracta respecto de los

actores mencionados y que deberá revocarse por la Alzada, declarándose la

inconstitucionalidad de la retención de ganancias sin límite de tiempo, por el sólo

hecho de ser los actores sujetos pasivos de la gabela en cuestión.

En segundo término, se agravió de la fecha establecida para

realizar la devolución de los montos retenidos al actor en concepto de impuesto a las

USO OFICIAL

ganancias. Sostuvo que, conforme fuera peticionado en el escrito que da inicio a este

proceso, el retroactivo que debe reconocerse a los accionantes abarca desde los cinco

(5) años de interpuesta la demanda y hasta el momento del efectivo levantamiento de

la retención de Impuesto a las Ganancias Asimismo, señaló que de hacerse lugar al agravio que esbozado

precedentemente, también deberá modificarse el inicio de cómputo de devengamiento

de los intereses, toda vez que los mismos correrán desde que cada suma retroactiva

(capital) fuera devengada.

Finalmente, se agravió respecto de la imposición de costas. Ello

así, por cuanto la cuestión ventilada en autos se ha reproducido en innumerables

precedentes sobre los cuales versa sentencia definitiva –de doble instancia–

condenatoria contra AFIP, y pese a ello, el organismo fiscal sigue resistiendo las

pretensiones actorales y apelando las resoluciones de primera instancia.

3) Por su parte, a fs. 68 apeló la apoderada de la demandada,

quien expresó sus agravios a fs. 77/88.

Se agravió, en primer lugar, respecto de la naturaleza de la

acción; sostuvo que la acción interpuesta se encuentra limitada pura y exclusivamente

a una declaración de inconstitucionalidad, es decir de certeza y no de condena.

Asimismo, respecto de la constitucionalidad del tributo, sostuvo

que las normas jurídicas cuestionadas en autos superan el control de constitucionalidad

propuesto en demanda, en tanto encuentran su origen en una ley del Congreso de la

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Nación (principio de legalidad), y no afecta la integridad de las prestaciones de la

Seguridad Social, ni violenta el principio de no confiscatoriedad.

A su vez, cuestionó la aplicación del antecedente de la CSJN

G. ya que se trata de un caso distinto al que originó el Fallo del Cimero

Tribunal, con fundamento en que las circunstancias personales de la Sra. G.

tenidas en consideración por la Corte para decidir, difieren sustancialmente a la del

reclamante.

Manifestó que la Corte puso especial consideración sobre las

condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad de jubilados, y que el a

quo asimila sin mayor análisis la situación personal del accionante al caso particular

USO OFICIAL

de G., y que en el caso no se ve configurada la situación de vulnerabilidad de la

parte actora. Sostuvo que de ser admitida la pretensión de la parte actora obtendría una

situación de privilegio respecto del resto de los sujetos pasivos que afrontan el

impuesto.

Por último, cuestionó–subsidiariamente– la tasa de interés

aplicable y el procedimiento para la devolución del impuesto, para lo cual deberá

instarse la correspondiente acción de repetición en sede administrativa.

4) Ambas partes contestaron oportunamente los traslados

conferidos (v. fs. 90/91 y 92/96).

5) Analizadas las constancias de la causa, se observa que la

primer cuestión a dilucidar por esta Alzada se vincula con determinar si el proceso en

cuestión se ha tornado abstracto respecto de Cotorruelo y H. a partir de la

modificación realizada a la Ley de Impuesto a las Ganancias por la Ley 27.617 y,

eventualmente, determinar la constitucionalidad de las normas atacadas por la parte

actora.

Preliminarmente adelanto, tal como hizo esta Sala –con distinta

conformación– en FBB 219/2021/CA1 “Ríos” y FBB 96/2021/CA1 “R.,

ambos del 28/10/2021, que habré de propiciar el acogimiento del recurso de apelación

deducido por la parte actora en este punto, en el entendimiento de que el interés de la

parte en el dictado de una sentencia definitiva que determine la constitucionalidad de

las normas cuestionadas, persiste en la actualidad.

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37815675#389846192#20231031132425323

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En tal dirección, observo que hasta los meses de marzo y abril

de 2023, con proximidad al inicio de la acción, se le habían detraído a los actores

Cotorruelo y H. respectivamente, sumas correspondientes al impuesto a las

ganancias como “código 171” de su haber previsional (cf. documental acompañada a

la demanda obrante a fs. 2/7).

Así las cosas, si bien, en principio, parece haberse saneado la

situación que dio origen al presente reclamo judicial por ser el monto de los haberes

mensuales, menor al mínimo gravable de acuerdo a la nueva regulación, el interés de

los actores en obtener un pronunciamiento jurisdiccional que declare la

inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Impuesto a las Ganancias que gravan

USO OFICIAL

su haber previsional, persiste, no solo para obtener la devolución de las sumas que le

fueron detraídas en concepto del tributo atacado desde la interposición de la demanda,

sino también para que se ordene a la AFIP que se abstenga a retener suma alguna en

concepto del tributo en cuestión sobre sus haberes previsionales, en caso de

corresponder.

Es que, tal como está redactada la norma, la probabilidad de que

los accionantes puedan quedar nuevamente alcanzados por el tributo también

determina que subsista su interés en la resolución sobre la cuestión planteada en

demanda.

No se trata de un planteo meramente especulativo, sino que

responde a un caso donde se intenta evitar el perjuicio a un grupo considerado

particularmente vulnerable que otrora fue afectado, sin que ello pueda interpretarse

como una trasgresión a los límites del caso judicial.

Por ello, resulta necesario despejar el estado de incertidumbre

respecto al alcance de la relación jurídica cuestionada, a través de una sentencia

judicial que se pronuncie respecto de la constitucionalidad de las normas atacadas.

Sobre el punto, se ha señalado que “el ejercicio de la

jurisdicción por un Tribunal de justicia, se manifiesta en una ‘causa’ o ‘caso

contencioso’, no sólo para interpretar el derecho y aplicarlo ante circunstancias

fácticas en que se controvierte o discute la reparación de un daño ya producido, sino

también que se manifiesta en toda ‘causa’ o ‘caso contencioso’ en que sin haberse

producido daño alguno, sea necesario interpretar el derecho, para poder así establecer

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37815675#389846192#20231031132425323

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