El coto de pesca. La austromerluza en las Georgias, Sandwich del Sur e islas antárticas (2012-2023)
| Páginas | 35-64 |
| Fecha | 01 Enero 2024 |
| Fecha de publicación | 01 Enero 2024 |
| Autor | Federico Ezequiel Ortega |
| Materia | Ciencias sociales |
Malvinas en Cuesón | N.° 3 | 2024 | ISSN 2953-3430
El coto de pesca: La austromerluza
en las Georgias, Sandwich del Sur e islas antárcas (2012-2023)
Federico Ezequiel Ortega
Malvinas en Cuesón, 3, e023, Arculos ciencos, 2024
ISSN 2953-3430 | hps://doi.org/10.24215/29533430e023
hps://revistas.unlp.edu.ar/malvinas
Universidad Nacional de La Plata
La Plata | Buenos Aires | Argenna
Esta obra está bajo una Licencia Creave Commons
Atribución-NoComercial-ComparrIgual 4.0 internacional
Federico Ezequiel Ortega
federicortega74@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-2654-9352
Universidad Nacional de La Plata
Argentina
Resumen
Las islas Georgias y Sandwich del Sur son poco analizadas en la bibliografía
académica, pero forman parte integrante del esquema de poder británico en el
Atlántico Sur y resultan fundamentales para su proyección antártica.
En este artículo se busca demostrar, mediante el análisis de fuentes oficiales y de
organismos transnacionales, estadísticas, artículos periodísticos y académicos,
que Gran Bretaña tiene una política de apropiación del espacio y de los recursos
de las islas subantárticas, con dos facetas. Una de ellas, de neto corte
conservacionista, se basa en la creación y ampliación, de forma unilateral, de
Áreas Marinas Protegidas en las islas Georgias y Sandwich del Sur, en búsqueda
de legitimar la ocupación de estos espacios bajo una prédica de protección del
medio ambiente oceánico.
La segunda faceta, a la par de la primera, se orienta a la ampliación, también
unilateral, de la provisión de licencias de pesca, sobretodo a flotas de los
Territorios Británicos de Ultramar, socios comerciales y de la Commonwealth, que
le ha traído conflictos con aliados históricos como los Estados Unidos. Si bien la
extracción de especies es cuantitativamente menor que en aguas adyacentes a
Malvinas, esta práctica contribuye al sostén de la ocupación británica en la región.
El coto de pesca
La austromerluza en las Georgias, Sandwich del Sur
e islas antárticas (2012-2023)
The Fishing Reserve
The Toothfish in Georgia, South Sandwich and Antarctic Islands (2012-2023)
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Palabras clave
pesca, Gran Bretaña, Georgias del Sur, Áreas Marinas Protegidas, CCRVMA
Abstract
The Georgia and South Sandwich Islands are little analyzed in academic
literature, but they are an integral part of the British power scheme in the South
Atlantic and fundamental for its Antarctic projection.
This article seeks to demonstrate, through the analysis of official sources and
transnational organizations, statistics, journalistic and academic articles, that
Great Britain has a policy of appropriation of the space and resources of the
subantarctic islands, with two facets. One of them, clearly conservationist, is
based on the creation and expansion, unilaterally, of Marine Protected Areas in
the Georgia and South Sandwich Islands, in search of legitimizing the occupation
of these spaces under a preaching of environmental protection of ocean
environment.
The second facet, along with the first, is aimed at expanding, also unilaterally, the
provision of fishing licenses, especially to fleets from the British Overseas
Territories, trading partners and the Commonwealth, which has brought conflicts.
with historical allies such as the United States. Although the extraction of extracted
species is quantitatively lower than in waters adjacent to the Malvinas, this
practice contributes to the support of the British occupation in the region.
Keywords
fishing, Great Britain, South Georgia, Marine Protected Areas, CCAMLR
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Introducción
Las islas Georgias y Sandwich del Sur, ambas ocupadas de manera ilegal,
son parte clave de la estrategia marítima de Gran Bretaña por su proyección
hacia la Antártida. Si bien no poseen población permanente y son
gobernadas a través de la figura del comisionado, que es el mismo
gobernador de ocupación de las Islas Malvinas, la actividad pesquera es vital
para comprender el sostén de la presencia británica en estas latitudes. Estas
temáticas han sido poco abordadas por la bibliografía académica, que se
centra en estudios meramente legales de las cuestiones referidas a la
Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA, de ahora en adelante, y a la cual se hará referencia
posteriormente) y a las cuestiones del poder blando, a analizar.
En función de lo planteado previamente (Ortega, 2021, 2022, 2023a, 2023b),
las actividades pesqueras son fundamentales para el sostén de la ocupación
británica de las Malvinas. Constituyen el 90 por ciento de las exportaciones
de las islas, con especial énfasis en los calamares Illex argentinus y Loligo
gahi, dirigidas sobre todo hacia Europa —específicamente a España— y a
otros destinos como Estados Unidos y Namibia. La extracción de calamares,
sobre la base de documentación oficial del Gobierno de ocupación (Gobierno
de las Islas Malvinas, 2023) para el año 2022, llegó a un total de 73.053 y
101.073 toneladas, respectivamente (p. 2-4).
Este modelo se basa en la provisión de una serie de licencias que, mediante
el pago de un canon, permiten la pesca de determinadas especies
autorizadas en un período determinado del año. En el caso del calamar Illex,
la pesca se permite entre enero y junio, con el otorgamiento de 106 licencias
a 71 buques taiwaneses, 31 surcoreanos y 4 de bandera de Vanuatu
(Gobierno de las Islas Malvinas, 2023, p. 8). Para el calamar Loligo, la
temporada se divide en dos partes, una entre enero y junio, y la segunda
entre julio y diciembre, con entre 16 y 18 licencias expedidas por la autoridad
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pesquera del Gobierno de ocupación de las islas, sobretodo a buques bajo
bandera de la ocupación británica y, en menor caso, españoles (p. 8-9).
En el siguiente artículo, se busca afirmar que la situación descripta para las
Islas Malvinas se vuelve extensiva a las Georgias y Sandwich del Sur, con
particularidades a reseñar, que la convierten en lo que se denomina un coto
de pesca. En ese sentido, la condición de coto de pesca se piensa en torno a
tres aspectos. El primero radica en que, desde el 2012, el Gobierno británico
fijó zonas de exclusión y veda pesquera, en forma de Áreas Marinas
Protegidas, en ambos archipiélagos. Por este motivo, el análisis tendrá dicho
año como punto de partida.
El segundo aspecto a considerar es que los buques son, mayoritariamente,
de bandera británica —en particular, de Territorios Británicos de Ultramar
como Santa Elena— y utilizan puertos propios como Puerto Argentino y otros
del Commonwealth, como Nelson y Christchurch, en Nueva Zelanda, para
tareas de descarga de capturas, recarga de combustible o reparaciones.
En un tercer punto, desde el año 2022, debido a los hechos sucedidos en la
cuadragésima reunión de la CCRVMA, el Gobierno de ocupación otorgó
cuatro licencias de manera unilateral a buques británicos debido a la no
fijación de consensos sobre los límites de captura de la austromerluza
(Dissostichus eleginoides), por lo cual la zona se volvió exclusiva para barcos
ocupantes en cualquiera de sus banderas. Autores como Bruno Arpi y Jeffrey
McGee (2022) analizan esta situación desde el Artículo IV, tanto del Tratado
Antártico como de la CCRVMA. El mentado bloqueo ruso a la fijación de
consensos sobre límites de captura, sobre el cual se hará hincapié más
adelante, llevó a la invocación del denominado Chairman’s Statement, en el
que se prioriza la jurisdicción del Estado ribereño sobre las islas, siempre y
cuando su soberanía sea reconocida por todos los miembros de la
Convención. En el caso de las islas subantárticas, esto no aplicaría debido al
no reconocimiento de la Argentina, de la ocupación británica de las Georgias
y Sandwich del Sur.
La CCRVMA fue creada en 1982 para proteger tanto la flora como la fauna
antártica, mediante el ordenamiento de las pesquerías y las explotaciones de
otros recursos vivos (CCRVMA, s.f.). Esta institución se creó debido al temor
que generó el creciente interés del krill antártico, tomando en cuenta los
antecedentes de sobreexplotación de especies en la zona antártica.
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Autores como Gabriel Merino et al. (2022) hacen referencia a una situación
de guerra híbrida, mundial y fragmentada, donde se combinan elementos de
la guerra convencional (estatal, con ejércitos regulares) y no convencional o
irregular, en frentes tan diversos como el económico, tecnológico, financiero,
comercial, informativo, psicológico y virtual, dentro de las cuales entran
aristas como la guerra comercial, guerra de información, guerra psicológica,
ciberguerra, guerra de monedas, guerras financieras, guerra judicial
(conocida como lawfare) e, incluso, guerra cognitiva (p. 8-9). A esto se suma
el concepto de guerra de quinta generación, concebido por los Estados
Unidos y la OTAN, en el cual se prioriza la fuerza intelectual del enemigo con
el objetivo de incidir en su aspecto neurológico, cognitivo y psíquico. Para ello
cobran un rol fundamental las redes sociales, los medios masivos de
comunicación y todo lo relacionado con las tecnologías de la información y la
comunicación (p. 8-10).
Las cuestiones medioambientales pueden ser analizadas a través de las
ideas de Fernando Estenssoro y Juan Pablo Vásquez Bustamante (2022), en
los conceptos de geopolítica y de securitización ambiental. Los Estados
Unidos y sus aliados, el Reino Unido incluido, consideran a la crisis ambiental
global —con sus implicancias en cuanto al cambio climático, la pérdida de
biodiversidad, el debilitamiento de la capa de ozono, la escasez de recursos
naturales, la contaminación y la denominada explosión demográfica—, como
asuntos de seguridad nacional. En este sentido, las potencias buscan
aumentar su poder de decisión, control y gestión sobre los recursos y
ecosistemas, para superar estas amenazas vitales a la seguridad nacional,
que ponen en juego la supervivencia para sus países. La limitación de la
soberanía de los Estados latinoamericanos sobre los recursos es clave para
incidir en la gestión de recursos y territorios mediante el uso de argumentos
ecológicos y ambientales. En este caso, aplican tanto la ocupación británica
de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, como las políticas de Áreas
Marinas Protegidas (AMP) en aguas controladas directamente por la
Argentina, llevadas a cabo con asesoramiento y presión de Organizaciones
No Gubernamentales (ONG) británicas y estadounidenses, como la Wildlife
Conservation Society (Lerena, 2022). De este modo, si no pueden explotar
los recursos de esas áreas, intentan que nadie lo haga.
Respecto al uso británico de las AMP, Araceli Díaz (2020) lo considera como
una estrategia de poder blando para presentarse como impulsor de la causa
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medioambiental, en paralelo a un proceso de securitización de este tema,
mientras el Reino Unido fortalece y legitima sus reclamos de soberanía en
territorios en disputa utilizando tanto las reivindicaciones medioambientales
como la presencia de fuerzas de seguridad en tono disuasorio (p. 119). La
misma autora entiende las AMP como un concepto polisémico, que abarca
distintos propósitos. La estrategia de creación de estas áreas llevó a un
reconocimiento, de parte de otros Estados y organizaciones ambientalistas,
de las políticas británicas, que buscan la obtención de un lugar para influir en
asuntos transnacionales y el cooptado de voluntades para reforzar su
soberanía en territorios ocupados (p. 127). En palabras de Sergio A. Caruso
(2021), la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN)
define a las AMP como áreas que abarcan terreno intermareal o submareal,
incluyendo tanto las aguas que la cubren, como la biodiversidad presente en
el área, características culturales e históricas (p. 243).
El uso de ONG para intereses geopolíticos angloestadounidenses en el
Atlántico Sur, responde a lo denominado por Joseph Nye (1990) como poder
blando, haciendo referencia a “la comunicación, el uso de la tecnología, la
información, las habilidades institucionales, organizativas, la manipulación y
la interdependencia como claves para garantizar el poder” (p. 158). La
existencia de objetivos compartidos entre ONG y Gobiernos como el británico
—al menos en el marco de lo enunciativo— como serían la defensa del
medio ambiente y la biodiversidad, llevan a que Londres utilice informes y
capacidades técnicas de estas organizaciones en pos de lograr sus objetivos
geopolíticos y de mostrarse como un campeón de la defensa de las especies
de los océanos. En algunos casos, ONG realizan trabajos de abierto lavado
de cara de actividades del Gobierno de ocupación de las Islas Malvinas y
subantárticas, que más adelante se abordarán. Detrás de estas acciones, las
tensiones por los recursos naturales con potencias como China y Rusia son
claves para comprenderlas.
En ese sentido, se realizará un recorte para focalizar en el análisis específico
de la pesca de la austromerluza (Dissostichus eleginoides), específicamente
desde el año 2021, debido al conflicto previamente mencionado y a cómo las
características de la actividad evidencian el sistema del coto de pesca
británico en las islas subantárticas y la naturaleza de las actividades
antárticas.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(en adelante, FAO) denomina como pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR) a aquella que se realiza por buques nacionales o
extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un Estado, sin su permiso o
contraviniendo su legislación, o contraviniendo las medidas de conservación
y ordenación adoptadas por Organizaciones de Regulación y Ordenamiento
Pesqueros (OROP) y en virtud de las cuales están obligados los Estados. Se
trata de pesca no declarada por su no aviso a autoridades estatales —
violando así leyes del Estado en cuestión— o por su realización en zonas
bajo control de OROP, contraviniendo sus normas. Se denomina no
reglamentada porque se realiza en zonas bajo jurisdicción de OROP, sin
respetar sus medidas de conservación y ordenación, específicamente en
casos de especies de peces bajo regímenes de protección (FAO, s.f.). Por
ese motivo, bajo la jurisdicción argentina, la pesca en Georgias del Sur y
Sandwich del Sur se puede considerar como ilegal, no declarada y no
reglamentada (INDNR).
Las zonas que abarca este análisis se pueden definir como FAO 48.1, 48.2,
48.3 y 48.4, con especial énfasis en las últimas dos. La zona 48.1 abarca el
cuadrante trazado desde el meridiano 70° O, desde Palmer Land, hasta el
paralelo 60° S, desde este paralelo hasta el meridiano 50° O, hasta el
paralelo 65° S, y desde el mismo hasta la costa de la península antártica.
La zona 48.2, de las islas Orcadas del Sur, abarca el cuadrante entre la
intersección del paralelo 64° S y el meridiano 50° O, hasta la intersección
entre el paralelo 57° S y el meridiano 50° O, luego hasta el meridiano 30° O
y, al sur, hasta el paralelo 64° S y la intersección nombrada.
La zona 48.3, de las islas Georgias del Sur, abarca el cuadrante entre las
intersecciones del paralelo 57° S y el meridiano 50° O, del paralelo 50° S al
meridiano 50° O, del 50° S al meridiano 30° O y de este al paralelo 57° S.
Finalmente, la zona 48.4, de las islas Sandwich del Sur, abarca el cuadrante
entre las intersecciones del paralelo 64° S y el meridiano 30° O, entre este y
el paralelo 50° S, desde este al meridiano 20° O y desde este al paralelo 64°,
volviendo a la primera intersección (FAO, s.f.) [Figura 1].
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Estas regiones se encuentran bajo la órbita de la CCRVMA, la cual fue
analizada como órgano de gobernanza de la biodiversidad por Ricardo Roura
(2014), quien señala el rol del Tratado Antártico como aglutinador de los
distintos instrumentos de protección del ecosistema del continente blanco y
espacios marítimos circundantes, que abarcan las áreas al sur del paralelo
60° S. No obstante esto, la CCRVMA incluye las islas subantárticas parcial y
totalmente al norte de este paralelo, como son las Georgias y las Sandwich
del Sur. También realiza un análisis de los artículos IV, de congelación de
reclamos territoriales en su área de aplicación, y V, de protección y gestión
de zonas, con una lógica de conservación dentro de la cual se contempla la
utilización racional, bajo un enfoque ecosistémico y precautorio, incluyéndose
“la conservación de las estructuras y funciones ecológicas a través de la
prohibición de la pesca en hábitats de importancia para mamíferos, aves,
peces e invertebrados autóctonos; y el mantenimiento de áreas de referencia
cerrada a la pesca” (Roura, 2014, p. 52-53). Dentro de estas facultades, entra
la conformación de AMP y las disputas en torno a ellas y al equilibrio entre
actividades extractivas y la conservación de las especies.
Figura 1. Ubic ación d e cuadran tes de zon as FAO 48.1, 48.2,
48.3, 48.4, 48.5 y 48.6. Fuente: FAO (2023)
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La austromerluza
El Dissostichus eleginoides es una especie de lento crecimiento, con un
tamaño promedio, en su adultez, de 70 cm y con alrededor de 50 años de
expectativa de vida —se han registrado especies que llegaron a los 2 metros
de largo y 95 kilos de peso— (Marine Stewardship Council, s.f.). Este pez se
distribuye en zonas adyacentes a los océanos Atlántico e Índico, sobre todo
al norte del paralelo 55° S, y se desarrolla entre los 70 y 1500 metros bajo el
nivel del mar. En su etapa juvenil, esta especie reside a menor profundidad,
alimentándose de especies de zooplancton como el krill y pequeños peces.
Luego de alcanzada la madurez sexual, entre los 6 y 8 años, se desarrollan
en áreas cercanas al lecho marino (zonas demersales), incluso hasta los
3000 metros de profundidad. No obstante esto, ascienden a profundidades
menores para el desove (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de
Uruguay, s.f.).
La austromerluza es muy codiciada debido a su carne blanca y firme, y su
sabor delicado, según lo explicado por la compañía pesquera Argos
Froyanes. De acuerdo a cálculos realizados por el autor sobre la base de
datos de la revista Redes & Seafood, la cotización de esta especie en el
mercado argentino, para 2022, sería de 22.196 dólares la tonelada
exportada, por lo tanto, 22 dólares el kilo (Redes & Seafood, 2023, p. 23).
Debido a la fragilidad del ecosistema subantártico y a las dificultades que
tanto el clima frío como la presencia de hielo generan, la pesca se realiza,
sobre todo, bajo el método del palangre. Este consta de líneas individuales
de hasta 12 kilómetros de largo, que se colocan entre los 700 y 2250 metros
de profundidad, con entre 2000 y 5000 anzuelos individuales y sostenidas por
anclas. Las capturas son subidas a bordo y procesadas de manera manual,
según lo proclamado por Argos Froyanes (s.f.), una de las empresas más
importantes en la extracción de este recurso. Esta práctica llevó a una gran
mortandad incidental de aves marinas, que cazaban las carnadas o los peces
capturados cuando las líneas eran elevadas por los barcos, razón por la cual
se ideó el método del espantapájaros, conformado por tiras de tela o soga
que se mueven con el viento y espantan, así, a las aves.
Dentro de los principales mercados de la austromerluza, se encuentran los
Estados Unidos, donde, según la empresa Selina Wamucii (2023), se vende
a precio minorista por un valor de entre 5,6 y 13 dólares el kilogramo. En ese
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país, es distribuido por Mark Foods, que se especializa en especies premium
y “de pesca ambientalmente responsable”, para su venta al consumidor en
cadenas de supermercados como Whole Foods y de restaurantes como
Darden Restaurants (Goodman, 2022), sobretodo en los Estados de Rhode
Island, Nueva York y Florida, específicamente en la ciudad de Orlando.
Al sur de los cielos: la pesca de austromerluza en islas subantárticas y
antárticas
La pesca al sur del paralelo 50° cuenta con dificultades adicionales a lo
ocurrido en los espacios marítimos ocupados por Gran Bretaña en
adyacencias a las Malvinas. A las potenciales complicaciones y altos costos
relacionadas con el abastecimiento de combustible y el desembarco de
capturas, se debe considerar la hostilidad del clima frío, el congelamiento de
las aguas y la presencia de témpanos y icebergs, todo esto agravado por la
marcada lejanía de puertos aliados.
En ese sentido, cada buque realiza recorridos diferentes, dependiendo de la
cercanía de puertos propios o aliados. Por ejemplo, el More Sodruzhestva,
ucraniano, utilizó como puerto base Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, para
pescar sobre todo en las Orcadas y Shetland del Sur. Por su parte, el
Sejong, surcoreano, utilizó como puertos base y para recarga de combustible
a Puerto Argentino, en Malvinas, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y Callao, en
Perú. A su vez, tuvo acercamientos con buques como el Procyon, el Atmoda,
el Pamyat I, el Frio Mogami, el Frio Aegean y el Frio Las Palmas. Estas
embarcaciones figuran, en distintas páginas de detección e identificación de
barcos, como reefers o buques de carga. Su función se centra en abastecer
en altamar, de combustibles e insumos, a los buques pesqueros, así como
servir de receptores de capturas, para su posterior derivación a puertos. Los
reefers utilizan distintas banderas de conveniencia, sobre todo, de países con
regulaciones laxas y menores impuestos. Por este motivo, hay casos como el
de los reefers Hai Feng 678, Hai Feng 688 y Hai Feng 728 que figuran en la
página de la OROP Comisión de Pesquerías del Pacífico Norte (NPFC) como
de bandera panameña, incluso como previamente de Belice en el caso del
Hai Feng 688 (NPFC, 2023), mientras que en páginas específicas como
Marinetraffic y Vesselfinder figuran como de bandera de Vanuatu
(Marinetraffic, 2023a, 2023b, 2023c; Vesselfinder, 2023a, 2023b, 2023c).
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Los cuatro buques, a los cuales el Gobierno de ocupación británico de las
Georgias y Sandwich del Sur otorgó licencias de pesca de forma unilateral en
2022, son el Argos Georgia, el Argos Helena, el Nordic Prince y el Polar Bay.
Los cuatro figuran bajo bandera de Santa Elena —Territorio de Ultramar
británico en el Atlántico Sur— en los registros de la base de datos de Global
Fishing Watch (2023). Los cuatro buques son armados por la empresa
noruega-británica Argos Froyanes, que proclama respetar los altos
estándares requeridos para la pesquería en aguas subantárticas. En 2023,
los buques fueron tres, repitiéndose los que pescaron en 2022, a excepción
del Polar Bay.
En un análisis de las trayectorias de los buques desde inicios de 2022 hasta
agosto de 2023, realizado a través de los registros de AIS mediante el mapa
de la ONG Global Fishing Watch (2023), los cuatro buques utilizan los
puertos de Nelson (Nueva Zelanda), Puerto Argentino y Montevideo para
recarga de combustibles, insumos y depósito de capturas pesqueras. En el
caso del Polar Bay, se ve una ruta hacia el puerto de La Coruña, en Galicia,
España. Los cuatro buques presentan actividades en aguas cercanas a las
Georgias del Sur. En el caso del Argos Georgia y el Nordic Prince, pero más
específicamente del segundo, se ven recorridos en aguas adyacentes a las
islas Sandwich del Sur que, por lo intrincado del registro, indicarían actividad
pesquera en la zona. El Argos Helena muestra, a su vez, un derrotero hacia
el oeste de la Antártida.
De esta manera, se puede evidenciar el uso de puertos del Commonwealth,
como el de Nelson, para la mantención de las actividades de pesqueros
británicos en la región. La ocupación británica de Malvinas también cumple
un rol fundamental en la reducción de costos para la pesca, sin los cuales
esta actividad, por los grandes gastos en logística y combustible que
implican, no podría llevarse a cabo. En una similitud fuerte con las
actividades pesqueras en Malvinas, el puerto de Montevideo también es
fundamental para la economía de las Georgias y Sandwich del Sur.
¿La consolidación del coto de pesca? Las reuniones de la CCRVMA y
sus consecuencias (2021-2023)
En la cuadragésima reunión de la CCRVMA, realizada en Hobart (Australia),
en 2021, se presentó una situación relacionada con el tope a las capturas de
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la austromerluza. La delegación de la Federación de Rusia, arguyendo los
peligros para la biodiversidad derivados de las actividades británicas,
propuso la prohibición total de la pesca de esta especie en el área 48.3. Esta
decisión se vio justificada, según los argumentos rusos, sobre la base de
informes de la misma CCRVMA y artículos de científicos de renombre en
revistas académicas. El peligro radica en la creciente pesca de ejemplares
juveniles, con tallas menores, lo que redundaría en una menor reproducción
de la especie y una menor biomasa. La posición de Rusia, además, sostiene
el cierre de la pesquería debido a que sus sugerencias sobre limitar la pesca
a mil metros de profundidad y 500 toneladas de capturas, entre otras, fueron
ignoradas (CCRVMA, 2021, p. 16-17). Este cierre se consumó, ya que la
aplicación de medidas relacionadas con las capturas y la conservación deben
ser decididas por unanimidad, y el veto ruso fue determinante para impedir
esta situación. Ante la falta de regulación y límites de captura, se cerró la
pesquería de facto. Arpi y McGee (2022) mencionan antecedentes rusos en
el supuesto bloqueo de consensos en el ámbito de la CCRVMA, como ocurrió
con la pesca exploratoria en el área 58.4.1 (tierra de Wilkes, reclamada por
Australia), bloqueada por cuatro años consecutivos desde 2017 a 2021, pero
nunca en contextos de posible aplicación del Chairman’s Statement (p. 8).
En la cuadragésimo primera reunión de la CCRVMA, en 2022, los rusos
denunciaron el otorgamiento unilateral de licencias de pesca a los cuatro
barcos con bandera de Santa Elena, proponiendo su consideración como
pesqueros INDNR. Estos eran los mencionados Argos Georgia, Argos
Helena, Nordic Prince y Polar Bay. De este modo, se excluyeron a barcos y
flotas de otras banderas, mencionadas previamente.
En este sentido, entró en juego el denominado Artículo IV de la CCRVMA
(s.f.) y la aplicación del denominado Chairman’s Statement. Arpi y McGee
(2022) mencionan, como paradigmático de este caso, la situación de Francia,
que posee bajo su jurisdicción las islas de Kerguelen, Crozet y espacios
marítimos circundantes. Bajo esta figura, el país que posee la soberanía de
las islas no se vería obligado a suspender las medidas de conservación que
haya dictado previamente, pudiendo presentar tanto objeciones a lo
dictaminado por la CCRVMA como otras medidas de aplicación nacional (p.
6). El Artículo IV expone que ninguna acción realizada mientras el Convenio
esté vigente puede considerarse como afirmación, apoyo, negación ni
disminución de reclamos de soberanía territorial en el área del Tratado
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Antártico, ni socavar el ejercicio de la jurisdicción de un Estado ribereño en el
área de la Convención.
En el caso analizado de las Georgias del Sur, Gran Bretaña justifica la
provisión de las cuatro licencias bajo la legislación de la ocupación de las
islas, con el argumento del Chairman’s Statement. La Argentina cuestiona
este punto, resaltando el reclamo de soberanía y su no reconocimiento de la
posesión británica de las islas y espacios marítimos adyacentes. Desde esta
posición, se postula que esta norma no aplica debido a que no hay un
reconocimiento unánime de la soberanía británica sobre las Georgias del Sur
y espacios marítimos adyacentes, por lo que los pesqueros tampoco
deberían usar el sistema de documentación de capturas (SDC), exigiendo
que el Reino Unido publique los datos de capturas y exportaciones. A su vez,
la Argentina afirma que no por no existir regulaciones pesqueras ni
prohibiciones, la pesca en Georgias del Sur tendría que estar permitida. Ya
en 2021, la posición nacional era que la fijación de límites de capturas debía
ser vía canales multilaterales, al desconocer los reclamos británicos por la
soberanía de las islas.
Cabe destacar, además, la postura de Noruega, cuyos capitales conforman
parte de la compañía interesada en la pesca en las Georgias del Sur, como
es Argos Froyanes / Ervik Havfiske. En este contexto y con ese interés
subyacente, Noruega sostuvo, en la cuadragésima primera reunión de la
CCRVMA (CCRVMA, 2022a), que la no renovación de las medidas de
regulación no significa una prohibición a la pesca, sino se lo indica de manera
explícita. A su vez, afirmó que los barcos que hicieron capturas en la zona
48.3 no deberían ser catalogados como actividades de pesca INDNR, porque
no debilitaron ninguna medida regulatoria, básicamente porque no existían
(p. 60). Ucrania también secundó la postura británica, por un lado, al afirmar
la existencia de un bloqueo ruso de carácter político al consenso; por otro, al
sostener que no se puede considerar a la pesca británica en Georgias como
INDNR, debido a que siguen los enfoques de la CCRVMA y presentan tanto
informes de pesca como resúmenes de datos de forma periódica (p. 58).
Por su parte, Estados Unidos, a través de una carta escrita por Janet Coit —
una alta administradora de la National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA)—, cuestionó las decisiones británicas y sostuvo, en
consonancia con el Departamento de Estado, que la importación de la
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Malvinas en Cuesón | N.° 3 | 2024 | ISSN 2953-3430
austromerluza desde Georgias del Sur, en la temporada 2022/2023, sería de
legalidad cuestionable y, por ende, prohibida por las leyes y regulaciones
estadounidenses, que se atienen a las normativas de la CCRVMA. Cabe
recordar que las principales exportaciones de esta especie se dirigen
específicamente al mercado norteamericano, tanto en Nueva York como en
Florida (Goodman, 2022).
De esta manera, aprovechando el veto ruso a las limitaciones de capturas de
austromerluza, Gran Bretaña consolidó el control de la pesca y monopolizó
las licencias en barcos de su bandera, asociados con capitales noruegos.
Estos buques utilizan puertos del Commonwealth, como Nelson en Nueva
Zelanda, para realizar sus actividades. El principal inconveniente que posee
radica en el apego a la legislación de la CCRVMA por parte de los Estados
Unidos, su principal mercado de exportación. Se limitó el área de las
Georgias del Sur a pesqueros propios (incluyendo del Commonwealth), con
la continuidad del uso de puertos en las Malvinas ocupadas y Nueva
Zelanda, sin desdeñar la importancia de Montevideo en este sentido. No
obstante, esto llevó al cierre del acceso a uno de los principales mercados de
destino del producto.
A pesar de estas prohibiciones implícitas de la CCRVMA y de las protestas
tanto argentinas como rusas, según informes de datos biológicos y de
capturas incidentales de dicha comisión (Secretaría de la CCRVMA, 2023),
hasta el 30 de noviembre de 2022 y sin medidas de conservación fijadas, los
cuatro buques pescaron, en conjunto, 1578 toneladas de austromerluza (p.
5).
48
Figura 2. Recor ridos de los b uques A rgos Geo rgia, Arg os Helena,
Nordic Prince y Polar Bay, entre enero 2022 y agosto 2023
Fuente: Global Fishing Watch (2023)
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Entre el 16 y el 27 de octubre del año 2023, en la cuadragésima segunda
reunión de la CCRVMA (CCRVMA, 2023), la delegación rusa mantuvo la
postura contraria a los estudios realizados, sosteniendo que no se habían
considerado sus objeciones y que la información disponible era insuficiente
para determinar tanto el stock reclutado como los datos biológicos
necesarios, por lo que la información disponible no permitía tomar decisiones
eficientes sobre el estado y los límites para la captura de la austromerluza (p.
25). Por este motivo, los rusos propusieron, para asegurar el uso racional de
la especie, limitar el tamaño de los ejemplares capturados y la profundidad de
la pesca (a solo a 1000 metros), reducir la captura a 500 toneladas según los
caladeros con mayores profundidades y realizar estudios de prospección de
manera internacional. Estas medidas fueron rechazadas (p. 26). Por su parte,
la Argentina hizo hincapié en la necesidad de una regulación multilateral para
que funcione la pesquería del área 48.3, negando la posibilidad de que Gran
Bretaña la fije unilateralmente, porque no se reconoce su soberanía en la
región. Y China advirtió sobre la posible proliferación de la pesca ilegal, no
declarada y no reglamentada, ante la nulidad de reglamentación en la zona.
En conclusión, para la temporada 2023-2024, no se fijó el límite de capturas
para la austromerluza en el área 48.3 de las Georgias del Sur, aunque se
intentó un cupo tentativo de 2000 toneladas como rendimiento precautorio
estimado usando las reglas de la CCRVMA. Sí se fijó el cupo en 43 toneladas
para el área 48.4 (islas Sandwich del Sur), tanto de la austromerluza como
del bacalao antártico, y para el draco rayado (Champsocephalus gunnari) en
aguas de las Georgias del Sur, situado en 5138 toneladas y de 3579 en la
temporada 2024-2025 (CCRVMA, 2023, p. 29-30).
En 2023, Noruega también se plegó a la posición británica, al afirmar, al igual
que en 2022, que la falla en alcanzar un consenso no debía impedir la pesca
en el área de las Georgias del Sur, ni de manera implícita ni explícita, solo
pudiendo llevarse a cabo una posible prohibición mediante consenso y con la
función, de parte de los órganos de la Convención, de agregar un nivel
regulatorio adicional.
De este modo, se configuró una división de fuerzas, dentro de la CCRVMA,
en relación con la pesca en las Georgias del Sur. Por un lado, la Federación
de Rusia, con el apoyo argentino y la aquiescencia china, en contra de la
pesca ilegal (bajo legislación argentina y por las indicaciones de la CCRVMA)
y en pos de limitar las capturas o visibilizar el peligro de la no existencia de
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regulaciones, haciendo hincapié en que la no fijación de límites de captura
alcanza para el cierre de la pesquería, lo que podría llevar a riesgos de pesca
INDNR (esto último, como consideración china). También se destaca la
postura uruguaya, que impide el desembarco de capturas de austromerluza
del área 48.3 por no adoptarse medidas de conservación. A esto se agregó,
en 2023, la adopción del principio argentino de no pescar si no hay medidas
de conservación. Se puede comprender la hipótesis de veto ruso, con un
interés geopolítico de dañar la actividad económica tanto británica como
estadounidense, con una alianza tácita con la postura argentina de encarecer
y dificultar la ocupación de las islas subantárticas.
Por el otro lado, la postura británica, con apoyo ucraniano y noruego, que
resalta que si no se prohíbe, es legal; es decir, la ausencia de prohibición
clara permitiría la pesca, pero sin que haya una norma fija sobre los límites a
capturas. Esto conllevaría a un gran riesgo en la conservación, por las
dificultades intrínsecas para controlar las capturas si no hay un límite
previamente estipulado. En estos casos, la postura es claramente favorable a
la pesca, con argumentos mayoritariamente de corte economicista, en pos de
mantener y aumentar la tasa de ganancias de la empresa pesquera más
beneficiada en la zona, como es Argos Froyanes, una joint venture entre
capitales británicos y noruegos, como es Ervik Havfiske. En el caso
ucraniano, no solo se debe contar la participación del More Sodrutzhesva en
la pesca en Orcadas y Shetland del Sur, en zonas cercanas al área 48.3, sino
una alianza geopolítica de mayor envergadura debido al apoyo militar y
logístico británico en el conflicto con la Federación de Rusia. Este buque de
bandera ucraniana es propiedad de la compañía Marissco Fishing Limited,
con sede en Nicosia, Chipre (CCRVMA, 2022b).
Entre cinturones y cercos: la política pesquera de la ocupación británica
en las islas subantárticas
La pesca en las islas subantárticas, bajo ocupación británica, es manejada
por el Comisionado de las Georgias y Sandwich del Sur (SGSSI) que, a la
vez, es el Gobernador General de las Islas Malvinas, nombrado por el
monarca. En similitud con el caso Malvinas, donde se expiden licencias a
buques para la pesca de determinadas especies con una duración que, en la
última renovación, alcanzó los veinticinco años, en Georgias y Sandwich del
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Sur las licencias son solicitadas a través de una sección de la página del
Gobierno de ocupación y son otorgadas de manera unilateral. En las islas
Sandwich del Sur, la pesca se limita al monitoreo científico, en pos de la
conservación y manejo de los stocks pesqueros.
El Gobierno de ocupación de las Georgias y Sandwich del Sur administra una
zona marítima de un millón de kilómetros cuadrados, con una intervención de
un millón de libras anuales en manejo de las pesquerías e investigación
científica, con inspecciones previas a todos los buques que se dirijan hacia la
faena pesquera y en el océano, a cargo del buque Pharos SG.
La pesquería de austromerluza es reconocida por el Marine Stewardship
Council como modelo de administración. Las cuotas se fijan, según lo dicho
en documentación oficial, en el enfoque precautorio y de manera estricta, con
observadores científicos en cada buque, profundidades mínimas de pesca y
diversas políticas para evitar la mortalidad incidental de aves (Gobierno de
las Georgias y Sandwich del Sur, s.f.).
Desde el 2018, las licencias prolongaron su duración de dos a cuatro años,
con seis buques con la autorización de pescar 2170 toneladas de
austromerluza en total, de los cuales tres poseían bandera de los Territorios
Británicos de Ultramar. La CCRVMA reconoció, para el 2022, la presencia de
diez barcos pescando austromerluza en las Georgias, Orcadas y Shetland
del Sur. Entre estos, se cuentan tres barcos de bandera británica (dos de
bandera de Santa Elena y uno de la ocupación británica de Malvinas), tres de
bandera noruega; mientras que China, Corea del Sur, Chile y Ucrania, tienen
un buque cada uno, bajo su bandera. La ocupación británica de Malvinas y la
presencia de puertos del Commonwealth cercanos a la Antártida, son
fundamentales para el desarrollo de las actividades pesqueras en aguas
adyacentes al continente blanco.
No obstante estas actividades, la ocupación británica tiene una activa política
conservacionista de los espacios marítimos, encarnada en la creación,
sostenimiento y expansión de Áreas Marinas Protegidas (AMP).
Las Áreas Naturales Protegidas, dentro de las que se engloban a las Áreas
Marinas Protegidas, son definidas por Caruso (2021) como un territorio
comprendido en límites definidos, con características naturales o
seminaturales y recursos manejados en pos de un objetivo determinado (p.
241). En palabras de Harvey, garantizarían la preservación de la
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biodiversidad como un bien común y socialmente valorado frente a los
avances del capitalismo en su fase neoliberal (p. 242-243).
El programa Blue Belt (Gobierno del Reino Unido, 2023), sostenido por el
Fondo Internacional del Foreign, Commonwealth and Development Office, se
encarga, fundamentalmente, de la creación, sostén y supervisión de AMP a
escala global, específicamente, situadas en los Territorios Británicos de
Ultramar. Este programa hace hincapié en su carácter de protector del 1 por
ciento del océano, cubriendo 4.5 millones de kilómetros cuadrados, con un
efecto clave en morigerar los efectos de la contaminación marina, el cambio
climático y la pesca ilegal (p. 2). Uno de los programas más importantes, el
Ocean Shield, se centra en fortalecer la vigilancia y la colaboración en los
océanos bajo ocupación británica, con el uso intensivo de tecnología como
sistemas de monitoreo de barcos, drones y otros. De este modo, la
apropiación del espacio tiene una arista en clave de vigilancia y supervisión
del territorio, y de la no entrada de barcos no funcionales a la administración
británica, como sería la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. El
control mediante la tecnología y la detección satelital.
En el caso de las Georgias del Sur, el AMP abarca 1.240.000 km2 y fue
aplicada en 2012, con modificaciones en 2013 y 2019. El objetivo primordial
radica, según la ocupación, en la conservación de la biodiversidad en la zona
marina del territorio y en la generación de un marco para la investigación y
gestión ambiental, mediante la vigilancia del patrullero Pharos SG, sumada a
prospección satelital específica e información de pesqueros en la zona. En
este caso, el área con prohibición total de pesca abarca 283.000 km2, que
incluyen áreas costeras de menos de 100 m de profundidad, respiraderos
hidrotermales, montes submarinos y fosas. También se prohíbe la
explotación y transporte tanto de hidrocarburos como de minerales, la pesca
de arrastre y en el lecho del océano abarcado. Según el Gobierno de
ocupación, la pesca de austromerluza solo se autoriza en el 4 por ciento del
AMP, entre los 700 y 2250 metros de profundidad y limitada a los meses de
invierno, al igual que la del krill, para evitar la captura incidental de albatros y
otros depredadores de las especies (Gobierno de las Georgias y Sandwich
del Sur, s.f.).
A fines de octubre de 2023, el Gobierno de ocupación anunció la puesta en
práctica de un Plan de Administración Integral y regulaciones que colocan a
las islas y espacios marítimos circundantes como un Área Protegida, con un
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ecosistema holístico de administración sustentable, que no impediría
actividades económicas, siempre que fuesen en el marco de la
sustentabilidad. Sin embargo, cabe resaltar, en palabras de la misma
Comisionada ilegal de las islas, Alison Blake, que el objetivo primordial es
proteger el medio ambiente y ejercer el liderazgo en la zona ocupada
(MercoPress, 2023).
La geopolítica de las Áreas Marinas Protegidas y la tercerización de la
conservación
La política de creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) busca reforzar el
imaginario de Gran Bretaña como una potencia protectora del medio
ambiente, con una activa política conservacionista de los espacios marítimos
en particular y del medio ambiente en general. En clave de Nye (1990),
retomado por Díaz (2020, p. 125), son políticas de poder blando, que buscan
generar que otros sectores secunden tanto al Estado protagonista como a
sus valores, sigan su ejemplo y reconozcan su éxito. Esto se ve continuado
por el diseño de una agenda política que capte a otros actores y permita
lograr el aumento de su influencia en asuntos transnacionales, con base en
sus experiencias exitosas.
No obstante esto, existen claros intereses económicos y apoyos de parte de
las Organizaciones No Gubernamentales que defienden estas acciones.
Cabe destacar que se menciona una comunidad de intereses y se hace
referencia a colaboraciones de parte de las ONG. Documentación oficial del
Gobierno de ocupación hace referencia a la colaboración entre pescadores,
ONG, científicos y el Gobierno. En este caso, se hará referencia a la
tercerización de actividades en la administración de las AMP. Sin embargo,
no se busca desdeñar las luchas por un medio ambiente libre, en la medida
de lo posible, de degradación y sobreexplotación. Se busca mostrar que una
de las tantas formas de defensa del medio ambiente es usada para justificar
y lavarle la cara a la geoestrategia angloestadounidense, al menos en el
océano Atlántico Sur y en el Antártico.
Según autores como Estenssoro y Vázquez Bustamante (2022), la creación
de áreas reservadas funciona en dos sentidos: el primero supone la
reducción de la soberanía de los países latinoamericanos sobre sus propios
recursos; el segundo implica que, si la potencia —como Gran Bretaña o
Estados Unidos— no puede usufructuar los recursos de esas áreas, que
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nadie, ni terceros Estados, puedan hacerlo. De esta forma, el territorio es
visto como un área de protección y de exclusividad para las potencias. A su
vez, se puede añadir un tercer sentido, en línea con lo mencionado por los
autores. En muchos casos, la principal justificación para la creación de AMP
es la enorme biodiversidad de las zonas y su condición de lugar para el
desove, nacimiento y crecimiento de especies juveniles. De este modo, se
estarían consolidando como reservas o criaderos a cielo abierto de peces e
invertebrados para su futura captura y obtención de réditos económicos.
Por su parte, Díaz (2020) señala el uso de las AMP como doble herramienta,
de cuidado de los ecosistemas marinos y para la reafirmación de derechos
soberanos en los espacios marítimos, debido al manejo espacial e integrado
que implican (p. 120-121). Su ubicación en las áreas clave para la
geoestrategia británica, como son las cercanías de pasos interoceánicos y
zonas puntuales de los océanos, las hacen determinantes para su política de
seguridad nacional, al aceitar el control sobre espacios claves de una manera
más barata que mediante la militarización lisa y llana, aunque esto no implica
la no convivencia de ambas instancias, como ocurre en los Territorios
Británicos de Ultramar.
La creación y ampliación del área protegida es una forma clara de
apropiación del espacio por parte de Gran Bretaña. Si bien es en clave
conservacionista y con actividades económicas limitadas en una parte del
territorio apropiado, se ejerce el control sobre esas áreas mediante la
prohibición urbi et orbi de la pesca. Las actividades solo son permitidas bajo
condiciones fijadas por los británicos, con sus legislaciones y reglamentos, ya
que, como se vio previamente, actúan de forma unilateral, desoyendo la
necesidad de reglamentación consensuada de parte de la CCRVMA, con el
uso de un vacío legal para permitir la extracción de austromerluza.
La creación de Áreas Marinas Protegidas es una de las principales acciones
propuestas por ONG de alcance internacional, como Greenpeace. En una de
sus notas de opinión (Greenpeace, 2023), acerca de la posible creación de la
AMP del Agujero Azul, la organización cataloga esta clase de iniciativa como
una herramienta indispensable para conservar la biodiversidad, restaurar
ambientes y poblaciones, y generar espacios libres de amenazas humanas.
Además, sostiene que contribuye a la mitigación de los efectos del cambio
climático y genera condiciones apropiadas para que las especies y
comunidades marinas tengan más oportunidad de adaptación.
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Los Gobiernos occidentales, en este caso el británico, se hacen eco de las
posturas de estas organizaciones. En el último informe del programa Blue
Belt (Gobierno del Reino Unido, 2023), donde se reseñan las acciones
realizadas para la protección de las especies en las áreas protegidas de
distintas partes de los océanos, se hace hincapié en las políticas llevadas a
cabo en las Georgias y Sandwich del Sur. El rol de las ONG en la ocupación
es clave, tanto en la vigilancia como en la administración misma de las AMP.
Bajo la supervisión de ONG como Centre for Environment Fisheries and
Aquaculture Science (CEFAS) y Marine Management Organization (MMO) se
pusieron cámaras en aguas adyacentes a las islas Georgias del Sur para
monitorear los efectos de la pesca en el ambiente, a la par del análisis
acústico de las pesquerías en el lecho del océano y de la detección, a través
de radares satelitales, de los pesqueros en la zona.
La organización Human Rights at Sea fue fundamental en la capacitación de
los empleados del Gobierno de ocupación de las Georgias y Sandwich del
Sur, en ámbitos como la detección temprana de problemas y el
reconocimiento de riesgos en altamar, en pos de “garantizar que todos los
buques que faenen en sus aguas mantengan condiciones de trabajo éticas y
seguras para todos sus miembros” (Gobierno del Reino Unido, 2023, p. 10).
Esta política tiene su correlato en Malvinas, con la realización de
inspecciones acordes a los estándares internacionales existentes, según
anuncian. Las inspecciones, ejecutadas por la autoproclamada Autoridad
Marítima de las islas (Human Rights at Sea, 2023) culminaron con tres
detenciones de pesqueros por infracciones múltiples, como no tener un libro
de estabilidad aprobado, mala integridad estanca, sistemas deficientes de
extinción y de protección contra incendios, sistemas deficientes de la sala de
máquinas, equipo de seguridad limitado, mala higiene y limpieza general del
buque, instalaciones eléctricas inseguras, falta de luces en las literas y falta
de agua dulce para el lavado de la tripulación y su higiene personal.
Esto habría llevado a una menor cantidad de deficiencias en buques,
pasándose de veinte en 2022 (habiéndose inspeccionado el 5 por ciento de
la flota pesquera en aguas ocupadas) a menos de cinco en 2023, con una
supuesta mejora en condiciones sanitarias, de capacitación en seguridad y
en comunicación, tanto por la presencia de intérpretes en inglés como de
conexión wifi en las embarcaciones. Esta ONG, según lo presentado en su
misma página web (Human Rights at Sea, s.f.), cuenta entre sus principales
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donantes, entre otras ONG dedicadas a cuestiones marítimas y la cadena de
supermercados Sainsbury’s, a la Fishmongers’ Company, el sindicato de
pescadores de Londres. De este modo, ONG británicas ayudan a sostener y
fortalecer la ocupación en Georgias, con financiación de empresas
potencialmente interesadas, a través del sostén de la política ambiental de
Londres en las islas, mediante la tercerización de controles y capacitaciones.
De este modo, se puede hablar de cierto proceso de tercerización del
cuidado y administración de las AMP de parte de los británicos, en manos de
ONG.
La formación y expansión de AMP no solo se realiza en aguas bajo su control
de facto, sino que también se pueden mencionar ejemplos como el del
Agujero Azul, al este del golfo de San Julián. En este caso, entra la
consideración de Estenssoro y Vázquez Bustamante (2022) sobre la
reducción de soberanía de los Estados latinoamericanos que estas políticas
persiguen, al ser llevadas a cabo por parte del eje angloestadounidense.
Según denuncias de César Lerena (2022), el proyecto de ley para la creación
de esta área, en la Zona Económica Exclusiva argentina, fue presentado por
la diputada Graciela Camaño, con la autoría de una ONG como Wildlife
Conservation Society (WCS) y el apoyo de otras tantas, Greenpeace incluida
(Fernández, 2022).
La WCS, desde el año 2001 y por una donación de dos ocupantes de las
islas, posee en propiedad dos islas del archipiélago de las Sebaldinas, al
noroeste de las Malvinas. Se trata de las islas Grand Jason y Steple Jason,
donadas para la creación de una reserva para proteger petreles y otras aves
marinas. De esta manera, se cerraría un cerco de control oceánico por parte
de Gran Bretaña, empezando en el norte, con el Agujero Azul, continuando
por las aguas controladas por Londres en Malvinas, con sus zonas de veda
pesquera al sur de las islas, y finalizando con las AMP en las Georgias y
Sandwich del Sur, que protegen hasta tres millas náuticas de la línea de
costa de las islas y al sur del paralelo 60° S.
No obstante esto, ONG como Greenpeace no están exentas de realizar
críticas al modelo de AMP británico al afirmar, en un informe de fines de 2022
que, si bien las áreas protegidas son las correctas, la gran mayoría no
impone límites a los tipos de pesca más destructiva. Cabe destacar que
Greenpeace propone el modelo 30x30, de protección del 30 por ciento de los
océanos para 2030. Según la publicación “All at sea” (Greenpeace, 2022),
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que hace referencia a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del Reino Unido,
si bien destaca al programa Blue Belt como mecanismo para proteger 3
millones de kilómetros cuadrados de océanos en los Territorios Británicos de
Ultramar, solo dos AMP en la ZEE británica poseen una protección total hacia
las especies que albergan, con las denominadas no take zones (p. 4), para lo
cual se propone la aplicación de variaciones en las licencias de pesca para
buques industriales, con críticas a sus actividades en AMP. De este modo, se
podría interpretar que la colaboración de parte de los grupos ambientalistas o
conservacionistas no es unánime ni monolítica.
Conclusiones
La ocupación británica de las Georgias y Sandwich del Sur, si bien
cuantitativamente menor en aspectos económicos a su homóloga de
Malvinas, es fundamental en varios aspectos a analizar. En un primer punto,
permite la comprensión de las lógicas británicas en los océanos, en la
conjunción entre discursos y acciones de protección del medio ambiente
oceánico, junto con la ocupación y control efectivo del espacio, mediante
prácticas de vigilancia e incluso de explotación de recursos pesqueros, como
la austromerluza en el caso analizado en este artículo.
Los principales cambios ocurridos desde el 2021 se centran en la priorización
de la estrategia de dominación británica, de protección medioambiental y
extractivismo pesquero, ambas de carácter unilateral, por encima del
consenso necesario para el funcionamiento de las reglas definidas por la
CCRVMA. Las cuestiones geopolíticas y geoestratégicas son fundamentales
para la comprensión de esta problemática, ya que la pesca en altamar es
fundamental para el sostén de la ocupación de las islas del Atlántico Sur. En
el marco de la guerra mundial, híbrida y fragmentada, el señalamiento de la
Federación de Rusia como enemiga del medio ambiente antártico por su
negativa a fijar límites de captura a la austromerluza, bajo excusas
científicas, permitió fijar un ámbito nuevo de polarización en la Antártida e
islas subantárticas. Además, el denominado bloqueo ruso fue usado como
excusa por Londres, para el aumento de las licencias de pesca a buques de
su bandera.
Las actividades pesqueras británicas cuentan con el Commonwealth y los
Territorios Británicos de Ultramar como puntos clave para la logística y el
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abastecimiento de insumos como combustible y la descarga de capturas. En
este caso, los puertos de Nelson (Nueva Zelanda), Puerto Argentino
(Malvinas), Montevideo (Uruguay) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) tienen un rol
fundamental; junto con el uso de banderas de conveniencia como la de Santa
Elena, permiten el aprovechamiento de marcos regulatorios y de pagos de
cuotas pesqueras más laxos, sino escasos o nulos.
Dentro de las actividades presuntamente conservacionistas —porque a pesar
de lo proclamado, en las Georgias del Sur se pesca austromerluza en
cantidades análogas durante el correr de los años—, se encuentra la
formación y sostén de Áreas Marinas Protegidas en una tríada formada por el
Estado británico en cualesquiera de sus formas, el sector científico y las
Organizaciones No Gubernamentales. Su concepción como sector
presuntamente despolitizado y portador de conocimientos específicos sobre
el medio ambiente permite legitimar su voz y sus acciones en el ámbito de la
conservación. El Gobierno británico los utiliza, en una especie de
tercerización, para el control, la vigilancia y la protección de las especies de
las AMP. De esta forma, la ocupación británica de los espacios marítimos del
Atlántico Sur y otros, como parte de la geoestrategia imperial de Londres, usa
al relato medioambiental como legitimador de la ocupación frente a la opinión
pública globalizada, crecientemente preocupada y concientizada sobre los
problemas relacionados al cambio climático y los daños al medio ambiente.
Las progresivas ampliaciones de las zonas de veda de pesca responden a
esta lógica de apropiación del espacio en clave presuntamente ambientalista.
Los futuros Gobiernos argentinos necesitan comprender, de manera profunda
y clara, las lógicas que sostienen e intentan legitimar la ocupación británica
de espacios que por derecho internacional, argumentos históricos,
geográficos, geológicos, entre otros, corresponden a la República Argentina.
De esta forma, se pueden pensar e implementar estrategias y alianzas que
permitan la recuperación tanto de las Malvinas como de las Georgias,
Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes, de forma duradera. El
imperialismo británico utiliza tácticas de poder blando, sostenidas en el uso
del relato de protección del medio ambiente y la biodiversidad. En lo
territorial, se apoya en una ramificación de puntos a escala global, para
sostener su ocupación en el Atlántico Sur. La ocupación se articula en esta
inmensa red que abarca buena parte del mundo y que permite el sostén de
un coto privado de pesca en las aguas de las Georgias del Sur, desde el
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2021, exclusivo para capitales británicos, con la asociación de empresas
noruegas e incluso de aliados geopolíticos a esta altura incondicionales,
como lo es Ucrania. La apropiación del espacio también se considera en
función de prohibir la pesca a terceros, en determinados territorios del
océano.
No obstante esto, la situación de las Georgias del Sur muestra que el bloque
de poder angloestadounidense no siempre funciona en tándem. Las
tensiones entre Estados Unidos y Gran Bretaña, si bien marginales frente al
conjunto de acciones llevadas a cabo a nivel mundial por ambos aliados,
permiten mostrar que los intereses nacionales y las políticas particulares (en
este caso ambientales), en ocasiones, resultan reñidas con las alianzas
geopolíticas. Si bien es erróneo aventurar una fractura en la alianza
angloestadounidense por la no entrada de austromerluza al mercado
norteamericano (debido a su pesca de manera irregular bajo consideraciones
de la CCRVMA), este caso muestra que excluir a los amigos del coto de
pesca puede tener consecuencias impredecibles para los analistas en el
tema, con golpes y perjuicios en puntos específicos de la economía de los
países involucrados. La guerra híbrida, mundial y fragmentada llegó hace
rato a la Antártida e islas subantárticas, con posicionamientos impredecibles
de por medio, pero manteniéndose las lógicas mundiales, del bloque
occidental enfrentado a los países revisionistas. La Argentina, por sus
intereses en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur, quedó posicionada junto a estos últimos. Alianza táctica o comunidad
temporal de intereses, se piensa en el segundo caso. Solo el tiempo dirá
cómo se desenvuelven los acontecimientos y cómo nuestro país los
aprovechará en su favor. Si decide o quiere hacerlo.
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