El costo social de la impunidad

Cuando los tribunales pierden independencia, el andamiaje constitucional se desmorona, se bombardea la confianza y se hipoteca el futuroNo se trata solo de la pandemia, sino también de la impunidad. La economía hace agua por los cuatro costados; no solo está perforada por un virus infeccioso de rápida transmisión, sino por uno aún más letal, el virus de la impunidad.La vacuna y piedra fundamental de la prosperidad colectiva son las instituciones. Las buenas instituciones. Las que incentivan el trabajo, el respeto por el prójimo, el cuidado por los bienes comunes, a honrar la palabra empeñada, a preservar el capital social, a educar a los hijos y velar por los adultos mayores.¿Cuáles son las instituciones que fertilizan la prosperidad colectiva? Se encuentran en la Constitución nacional y, en su conjunto, configuran el Estado de Derecho. Los habitantes no están regidos por la voluntad del gobernante de turno, sino por las leyes, aplicables a todos por igual. Son las libertades personales, como la de ejercer cualquier comercio o industria lícita; asociarse con fines útiles; entrar, salir y transitar por el territorio nacional, y publicar ideas por la prensa sin censura previa. Y el derecho de propiedad, no como garantía estática para convalidar privilegios del pasado, sino como el motor indispensable para impulsar las inversiones a riesgo, la apertura de nuevas empresas, la creación de empleo y los mil frutos de la creatividad humana.De la Constitución nacional también surgen los principios republicanos: la participación ciudadana, la igualdad ante la ley, la división de poderes, la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad de los gobernantes, la publicidad de sus actos.Cuando las instituciones se subordinan a improcedentes fines desaparece el fundamento básico del desarrollo económico: la seguridad jurídica. Y crece su contracara, el riesgo país. Cuando los tribunales pierden independencia, todo el andamiaje constitucional se desmorona. Sus disposiciones se hacen inciertas, las leyes pierden univocidad y el autoritarismo irrumpe y salta el cerco constitucional mediante decretos "urgentes y necesarios", sin debates ni consensos. La política impone así formatos discrecionales: las normas retroactivas, los impuestos confiscatorios, las exacciones patrimoniales, la interferencia en los contratos. En definitiva, una casuística arbitraria bajo el falso rótulo argumentativo del orden público, del interés general o de la emergencia...