Costas

AutorLuis R. Carranza Torres
Cargo del AutorAbogado (U.N.C.)
Páginas71-77
CAPÍTULO 4
COSTAS
A. CUESTIONES CONCEPTUALES
§ 1. Costas laborales. Al igual que el Código Procesal Ci-
vil y Comercial, el Código Procesal del trabajo no define las
costas procesales, ni indica explícitamente, cuáles son los
rubros que comprenden.
Podemos incluir dentro del concepto, a todas aquellas eroga-
ciones o desembolsos que las partes se ven obligadas a realizar
como consecuencia directa de la tramitación del proceso y den-
tro de él, como un accesorio de lo resuelto respecto de la litis
para el vencedor, en carácter de una indemnización debida por
los gastos que le ocasiona su contrincante al obligarlo a litigar.
Las costas no sólo incluyen los llamados gastos procesales, o
sea, los aranceles y derechos judiciales, sino también los honora-
rios de abogados y emolumentos al personal auxiliar que no forme
parte del Poder Judicial, salvo autorización expresa por ley.
La omisión de pronunciamiento sobre costas autoriza la
solicitud de aclaratoria, aun cuando alguna jurisprudencia ha
expresado que son por el orden causado, hipótesis que no com-
partimos ya que la regla general en la materia es que las costas
se imponen al vencido, salvo supuestos especiales, los que de-
ben ser materia de pronunciamiento expreso y fundado.
330 LUIS R. CARRANZA TORRES
Por lo que nada puede exigirse del presunto infractor, ni
resulta válido tomar sus silencios, o su omisión en formular
descargo, como presunción de responsabilidad. Es lo que ha
dado en llamarse principio de exclusión de la presunción inver-
sa de culpabilidad, por la que no incumbe al presunto infractor
la carga de la prueba de su inocencia, sino que la carga de la
prueba de su culpabilidad viene atribuida al que la sostiene189,
es decir a la administración.
g) Derecho de participación y contralor respecto de las
pruebas: el derecho de defensa supone asimismo, el de acceder
a las pruebas ya recogidas en el sumario, participar en la pro-
ducción de las pendientes, controlarlas e impugnarlas; vician-
do de nulidad absoluta al procedimiento, la inobservancia de
tales resguardos.
§ 6. Principio de insignificancia o bagatela. Procede en
materia de infracciones, por lo que debe revocarse la multa
aplicada en virtud de que la conducta cuestionada resulta de
una operación aislada y de escasa significación, haciendo apli-
cación así del principio de insignificancia, que aunque carece
de consagración legal autoriza a desincriminar la conducta del
sancionado190.
§ 7. Verificación del principio de razonabilidad en ma-
teria de sanciones. Como expresa BIDART CAMPOS: “Para com-
probar la razonabilidad de una medida no basta con averiguar si
tiene simetría con el fin que se quiere obtener mediante ella […]
una vez que se da por cierto que una medida sirve para alcan-
zar el fin a que se la destina, es indispensable descubrir con
sagacidad si esa medida es la más gravosa o la más benigna en
la alternativa de varias posibles para el mismo fin. Porque si
existiendo opción por una que sea menos onerosa se ha elegido
la más rigurosa o severa, entonces no hay razonabilidad sino
arbitrariedad […] El sistema de fiscalización […] no puede sus-
189 NIETO, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Tecnos, Madrid, 1994,
p. 383.
190 T.F.N., Sala D, 20/4/95, “Vega, Luis”.

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