Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 11 de Mayo de 2021, expediente L. 124086

PresidenteTorres-Pettigiani-Kogan-Soria
Fecha de Resolución11 de Mayo de 2021
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.086, "C., C.M. contra Provincia ART S.A. y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresT., P., K., S..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, imponiendo las costas en el orden causado (v. fs. 1.100/1.106).

Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12 de junio de 2019).

Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.T. dijo:

  1. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor C.M.C. y, en consecuencia, condenó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires, al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 en relación con el accidente de trabajo que padeció el día 11 de noviembre de 2009 (v. fs. 1.046/1.060). En ese orden, impuso las costas a la parte demandada vencida y reguló los honorarios de los letrados -con fundamento en el decreto ley 8.904/77- y de los demás profesionales que actuaron en el proceso (v. fs. 1.062 y vta.).

    Luego, ante la impugnación efectuada por la accionada con motivo de la liquidación realizada -pretendiendo la aplicación de la ley 24.432- (v. escrito electrónico de fecha 11 de octubre de 2018), y previo traslado a la parte actora (quién planteó la inconstitucionalidad del dispositivo legal señalado; v. escrito electrónico de fecha 22 de octubre de 2018) y peritos intervinientes, el tribunal de grado, declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432.

    Para así decidir, juzgó que tales normas, al modificar los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo limitando la responsabilidad por el pago de las costas, contradicen los arts. 14, 14 bis, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la C.itución nacional; 14 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (v. fs. 1.100/1.106).

    En tal sentido, diseñando un escenario con diferentes hipótesis, señaló que, si por la aplicación de las normas impugnadas se sostuviera que el responsable por el pago de la diferencia de honorarios del letrado o de los peritos fuese el trabajador en su calidad de beneficiario de la labor, éste vería afectado su derecho de propiedad pese a su carácter de "vencedor", vulnerándose también el principio protectorio. Continuó diciendo que si, por el contrario, se interpretara que el actor no es responsable, ni tampoco lo es el demandado, no quedaría otra posibilidad que estimar que aquella diferencia habría de ser soportada por el propio abogado vencedor y los auxiliares de justicia, con la lógica mengua patrimonial que ello implicaría, lo cual también atentaría contra las normas constitucionales e internacionales que tutelen al trabajo (v. fs. 1.102 vta./1.104).

  2. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la C.itución nacional; 505 del Código Civil; 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la doctrina legal que identifica.

    Señala que el importe total de las costas a su cargo supera ampliamente el límite del 25% que establecen los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil.

    Sobre esa premisa, alega que el tribunal de grado, al rechazar la impugnación formulada a la regulación de los honorarios y declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, ha vulnerado la doctrina legal que esta Corte estableció en los precedentes L. 77.914, "Zúccoli" (sent. de 2-X-2002); L. 77.859, "A." (sent. de 27-VII-2005); L. 117.427, "C." (sent. de 20-V-2015) y L. 118.223, "C." (sent. de 26-X-2016).

    Añade que, asimismo, se ha apartado del criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos "A." (sent. de 5-V-2009); "V." (sent. de 27-V-2009); "Palacio" (sent. de 24-III-2013) y "A." (sent. de 6-III-2014).

    Destaca también que los preceptos objetados por el sentenciante, concernientes al límite de la responsabilidad por el pago de las costas, se han mantenido vigentes en el art. 730 del Código Civil y Comercial.

    Por último, refiere que la primacía de la ley sustancial sobre la adjetiva -y, en particular la que resulta aplicable al caso- no requiere demostración alguna de la parte, debiendo ser advertida y reconocida por el juzgador, quien está obligado a aplicar el derecho vigente.

  3. El recurso debe prosperar.

    III.1.a. Liminarmente, corresponde señalar que en el caso el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que se verifica entre lo presupuestado en la instancia ordinaria en materia costas y la suma que resultaría de limitar ese importe al 25% de los guarismos de la condena impuesta a la recurrente- no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Acordada 3.938/19)-; razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo -in fine- de la ley 11.653.

    En tales condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "A., sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.431, "V., sent. de 30-IX-2014; L. 117.516, "R., sent. de 1-IV-2015; L. 117.919, "., sent. de 6-V-2015; L. 116.345, "L., sent. de 13-V-2015; e.o.).

    En consecuencia, este Superior Tribunal debería, en principio, limitar su intervención a constatar si efectivamente se ha violado la doctrina invocada por la recurrente.

    III.1.b. Empero, no puede soslayarse que los agravios que animan la impugnación, destinados a cuestionar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, involucran el análisis de una cuestión federal.

    Al respecto, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490in re"Strada" y 311:2478in re"Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la C.itución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "K., sent. de 21-IX-2011).

    Por consiguiente, el recurso examinado habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.

    III.2.a. Sentado lo anterior e ingresando ahora a analizar el caso, corresponde aclarar que surge de la síntesis efectuada en el liminar apartado de la presente, que los argumentos que esgrimió el juzgador en la resolución recurrida para declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y juzgarlos además violatorios de diversos instrumentos internacionales, no tuvieron conexión con aquel cuestionamiento fundado en la supuesta alteración de la autonomía de las provincias por parte del legislador nacional (arts. 75 inc. 12 y 121, C.. nac.), tema -por cierto- resuelto por este Tribunal en reiteradas causas, a saber, L. 89.979, "S., sentencia de 16-IV-2008; L. 98.065, "Cejas", sentencia de 3-V-2012 y L. 117.286, "R., sentencia de 17-VII-2015. Si bien no era miembro de este Alto Cuerpo en esas oportunidades, remito a lo allí dicho, por razones de brevedad (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).

    III.2.b. Luego, no sin antes poner de manifiesto que los honorarios fueron fijados con fundamento en la ley arancelaria vigente al momento de practicarse la regulación (esto es: el dec. ley 8.904/77), y ceñido a las concretas motivaciones expuestas por el...

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