Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 24 de Octubre de 2023, expediente CNT 014296/2022/CA001

Fecha de Resolución24 de Octubre de 2023
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

SALA V

Expte. nº 14296/2022/CA2

Expediente Nº CNT 14296/2022/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA 87910

AUTOS: “COSCARELLI, A.G. c/ COLEGIO ESTEBAN ECHEVERRIA

SA s/ Despido” (JUZGADO Nº 17)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 24 días del mes de octubre de 2023 se reúnen las y los señores jueces integrantes de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente, la doctora B.E.F. dijo:

  1. Contra la sentencia de la anterior instancia dictada con fecha 12/09/2023 que hizo lugar a la acción por despido, se agravian ambas partes. La parte actora lo hace en los términos y con los alcances del memorial recursivo que surge presentado digitalmente con fecha 19/09/2023, mientras que la demandada lo hace en los términos y con los alcances del memorial agregado el 21/09/2023, cuyas réplicas constan en idéntico formato.

    La parte actora se agravia por la base salarial utilizada en grado, ya que hubo varios meses en el transcurso de la relación laboral en que se devengó un salario mayor tal como se acreditó en base a la certificación de Afip incorporada a la causa. De esta forma el apelante considera que la base salarial de $31.376 no resulta la MRNH y que los rubros indemnizatorios deben calcularse en base a la suma de $40.171,19 del mes de abril de 2021.

    A su vez, se agravia por el importe liquidado en concepto del agravante por la prohibición de despedir conforme D.. 886/21 -art. 2 DNU 34/19- pues al momento en que la actora se consideró despedida el 02/03/2022, la norma establecía un incremento equivalente al 50 % a partir del 1º de marzo de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022, es decir que el importe debe ascender a la suma de $206.558,50 (50% de antigüedad + preaviso).

    Por último, se agravia por la omisión de la anterior instancia de aplicar el sistema de capitalización dispuesto en el acta CNAT 2764. Que si bien se dispuso la actualización por el IPC del GCABA con una única capitalización, la a quo dispone aplicar un interés puro de 6 % anual hasta el momento en que se practique liquidación del art. 132 de la LO, y recién en caso de mora la Sra. Jueza dispuso que se capitalizarán los accesorios calculados en la liquidación, lo cual no deja margen de dudas que debe indefectiblemente aplicarse el Acta 2764, por resultar más beneficiosa para la trabajadora.

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    Fecha de firma: 24/10/2023

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

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    Expte. nº 14296/2022/CA2

    A su turno, la parte demandada cuestiona la decisión de grado por considerarla arbitraria en tanto no se produjo la totalidad de la prueba informática requerida a lo largo del procedimiento y que ello, contrariamente a lo indicado en la sentencia de grado, no lo fue a causa de alguna omisión imputable a la parte demandada.

    Sostiene que no existió injuria suficiente para colocarse en situación de despido y que ello no fue tenido en cuenta por la judicante. Que fundamentó su decisión en los dichos vertidos por el perito informático a fojas 152, donde afirmó que había concurrido al establecimiento laboral el 22 de noviembre a efectos de realizar la compulsa pero que no se le había permitido cumplir con su labor. Sin embargo, indica que lo informado por el perito ingeniero informático resulta completamente falso pues ese día el experto no se presentó a la sede del Colegio para realizar la pericia sobre los correos electrónicos objeto de autos.

    Agrega que no existe presunción alguna como la que surge del artículo 55 de la L.C.T. respecto de los libros laborales, ya que se trata de una pericia informática que no genera una presunción de la gravedad de la indicada y ajena al sistema procedimental. Subsidiariamente solicita una nueva pericia informática y mantiene su apelación que fuera concedida oportunamente en los términos del art. 110

    LO.

    Por lo expuesto, se agravia que en grado se considerara que la actora había acompañado las comunicaciones digitales (por correo electrónico, por la plataforma whatsapp) en las que indicaba al Colegio su estado de salud, acompañaba certificados y requería el pago de sus salarios, pues sostiene que la actora nunca dio cabal aviso de su estado de enfermedad y que si bien el perito informático corroboró el envío de tales comunicaciones, la recepción no fue corroborada por culpa del perito y no por la negativa al peritaje. Por ello, indica que la jueza de grado realizó una interpretación liviana, genérica, forzada y hasta tendenciosa de los elementos de la causa, luego de lo cual concluyó en la autenticidad de tales comunicaciones pero sin asidero alguno.

    En concreto dice que no existe en autos prueba válida que demostrase que la empresa hubiera recibido los correos electrónicos acompañados por la actora en su demanda, no siendo suficiente para ello lo dispuesto por la jueza de grado en el auto de fecha 23 de noviembre de 2022 por el cual hizo responsable a la accionada de no haber permitido la culminación de la pericia informática. Que resulta equivocado decir que perito informático corroboró el envío de tales comunicaciones mientras que la recepción no lo fue por la negativa al peritaje de la demandada, o que el perito validó

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    Fecha de firma: 24/10/2023

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

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    Expte. nº 14296/2022/CA2

    que las respuestas recibidas por la actora fueron enviadas por el Colegio, tornando verosímil todo el intercambio y probada, así, la comunicación de la enfermedad de C., pues es falso que los correos electrónicos acompañados fueran ciertos o que hubieran sido recibidos y contestados por el Colegio.

    Además, indica que si bien el perito dijo que “todos los datos técnicos obtenidos son consistentes y validos” y “que no presenta inconsistencias en la estructura del mensaje”, ello no implica que los supuestos “correos electrónicos” fueran recibidos por la demandada, o que las personas que la actora identifica como los empleados con los que mantuvo el intercambio de correos electrónicos (M., D. o P., N. fueran dependientes de la misma o que dichas direcciones de correo fueran las suyas. Que estas personas no fueron citadas como testigos ni se validó dichas supuestas comunicaciones o el carácter de los remitentes y destinatarios de las mismas por cualquier otro medio idóneo, en virtud de lo cual ninguna validez puede otorgársele a las mismas, incluso cuando se aceptare que fuesen reales. Insiste la quejosa en que de ninguna manera el perito informático corroboró “las respuestas que recibió la actora fueron de la demandada”. Que ello no significa que efectivamente la apelante hubiera tomado conocimiento de los mismos o que hubiera respondido los supuestos correos electrónicos.

    Por ello alega que lo único que surge por acreditado en la pericia es que la actora remitió correos electrónicos y recibió respuestas “consistentes y validas”, pero de ninguna manera que tales correos hubieran sido remitidos a mi mandante, a personal de su dependencia o que cualquiera de ellos hubiera remitido respuesta alguna, pues los correos enviados y recibidos podrían haber sido intercambiados con amigos suyos o incluso con cuentas de correo electrónico creadas al efecto, tornando inoponible sus efectos a la empleadora. Aún de ser válidos, al ser dirigidos a personas que no tienen ni tuvieron relación alguna con la demandada, no cabe concluir que los mismos dieron “aviso” de la enfermedad en los términos del artículo 209 LCT. En este sentido,

    actualiza su recurso en los términos del art. 110 LO debido al rechazo de su pretensión de realizar una nueva pericia informática.

    Aduce que la empresa recién tomó conocimiento de la enfermedad que cursaba la actora con el intercambio telegráfico luego de dos meses en que se mantuvo ausente, es decir que no cumplió la dicha obligación de “avisar en el transcurso de la primera jornada de trabajo” sino que tardó sesenta días en hacerlo, impidiendo ejercer el debido contralor médico que autoriza el artículo 210 LCT y destaca que el sistema de comunicación por despachos telegráficos es común, normal y habitual para 3

    Fecha de firma: 24/10/2023

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: G.D.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.C., SECRETARIA DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

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    Expte. nº 14296/2022/CA2

    cualquier trabajador en nuestro país, que se hace en forma gratuita y de fácil envío -por sí o por terceros- desde cualquier sucursal del Correo Oficial.

    No obstante ello, sostiene que al enterarse fehacientemente el Colegio mediante TCL intimó a la actora para que acreditase con certificados médicos la supuesta enfermedad debido el tiempo transcurrido de sus ausencias pero ante dicho requerimiento procedió sin más a considerarse despedida, sin motivo o justificación.

    Concatenado con ello, se agravia la multa del articulo 80 LCT pues sostiene que su parte hizo entrega de los certificados de trabajo en tiempo y forma, luego de extinguido el vínculo laboral y ante la falta de concurrencia de la actora a retirar los documentos en cuestión, procedió a enviar los certificados de trabajo por correo OCA

    por medio de confronte notarial bajo el número de seguimiento OCA 0894919. Es decir que una vez disuelto el vínculo laboral, los certificados fueron confeccionados,

    certificada su firma y puestos a disposición en tiempo y forma.

    Y por último cuestiona la indexación dispuesta a los intereses desoyendo lo normado por las leyes 23.928 y 25.561 y que aplicar la capitalización dispuesta por la...

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