La Corte Suprema y el riesgo país

 
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La ley 24.390 de 1994, conocida como del dos por uno, dispuso que luego de transcurridos dos años de prisión preventiva, deben computarse dos días de prisión por cada día de encarcelamiento cautelar. El 3 de mayo de 2017, la Corte Suprema de Justicia resolvió, en el caso Muiña, que también frente a un delito calificado como de lesa humanidad correspondía hacer ese cómputo, ya que la ley no preveía tal excepción. Por el voto de la mayoría, se resolvió el "dilema moral que plantea en el juzgador la aplicación de un criterio de benignidad a condenados por delitos de lesa humanidad", para concluir que "el dilema debe ser resuelto con la estricta aplicación de la Constitución y las leyes", según el voto de Horacio Rosatti. Sin embargo, como señalamos en una opinión editorial anterior, se desató de inmediato una intensa campaña mediática contra el fallo, incluyendo marchas, escraches y amenazas contra los jueces de la Corte. Esto motivó que las dos cámaras del Congreso buscasen una solución política que tendiese el puente de plata para revertir aquella jurisprudencia. Así, se dictó la ley 27.362, que estableció una interpretación eufemísticamente llamada "auténtica" del artículo 7° de la ley 24.390. Se limitó de tal modo la aplicación del dos por uno en casos de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra.El 4 de diciembre último, la Corte se expidió en un caso similar (Rufino Batalla) y modificó el criterio del caso Muiña, basándose precisamente en la nueva ley 27.362. Muchos interpretarán, no sin razón, que los jueces parecieron cambiar de opinión ante la reacción social, aparentemente mayoritaria, por el fallo Muiña. En otras franjas de la sociedad se manifestó una posición distinta. Al pretender justificarse en función de la nueva ley, los dos ministros del tribunal que modificaron su criterio introdujeron una novedad controvertible en la jurisprudencia de la Corte: admitieron la posibilidad de dictar leyes penales retroactivas cuando el Congreso las denomine "interpretativas" de otras penales anteriores, aunque fuesen tan antiguas como la ley del dos por uno. En rigor, no había mucho para interpretar, ya que lo que hizo la supuesta norma interpretativa del Congreso fue modificar el alcance de una norma anterior a fin de excluir del beneficio del dos por uno a los procesados por delitos de lesa humanidad, con lo cual no quedaba resquicio para sostener su aplicación retroactiva.El único magistrado que no modificó su opinión fue...

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