La Corte se metió en el proceso electoral

 
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Una vieja intuición política sostiene que el peronismo puede hacer cualquier cosa impunemente. Puede hacer, en síntesis, lo que les está prohibido a los no peronistas. La hipótesis tuvo ayer una prueba nueva con el fallo de la Corte que les dio la razón a 15 provincias (casi todas peronistas, menos Santa Fe) que reclamaron porque Macri dictó dos decretos que benefician a los sectores más pobres de la sociedad y a los trabajadores en blanco.Una decisión del Gobierno les bajó el IVA a los productos de la canasta básica y la otra redujo el impuesto a las ganancias de los asalariados. Sorprende aún más que esa posición haya sido avalada por el máximo tribunal de justicia del país en medio de un proceso electoral. Una antigua tradición de la Corte (no es una jurisprudencia escrita) señala que los jueces supremos no dictan fallos con efecto electoral en vísperas de elecciones nacionales, sobre todo si estas son presidenciales. Faltan 26 días para la primera vuelta, la única segura, de los cruciales comicios presidenciales.La posición de los gobernadores es inexplicable. Los beneficiarios de la baja del IVA y del impuesto a las ganancias son todos los argentinos, incluidos los ciudadanos de sus provincias. Los gobernadores se quejan porque esos impuestos son coparticipables y, por lo tanto, la reducción de la recaudación significará también cierta caída en los recursos que recibirán por la coparticipación. Esto es: prefieren tener más dinero ellos, como gobernadores, a que lo tengan las sociedades que gobiernan. Si Perón resucitara los expulsaría a todos del partido que fundó. Si bien los productos de la canasta básica son para todos, lo cierto es que son los sectores más pobres los que más los usan. Y el impuesto a las ganancias ha hecho estragos entre los trabajadores en blanco. Algunos llegaron a pedirles a sus empresas que no les aumenten el salario, porque pagarían un impuesto tan grande a las ganancias que terminarían cobrando menos que lo que ganaban antes del aumento.Los gobernadores peronistas, los mismos que viajaron a Mendoza hace una semana en una impresionante flota de aviones privados para apoyar a la candidata peronista a gobernadora, aseguraron ante la Corte Suprema que esa pequeña reducción en los recursos de la coparticipación podría impedirles pagar los sueldos de la administración pública. La mayoría de la Corte Suprema les creyó. ¿Cuál hubiera sido la reacción social si semejante posición contra los intereses de la sociedad...

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