Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 12 de Mayo de 1998, expediente B 53026

Ponente:Juez NEGRI (MA)
Presidente:Negri-Laborde-Pisano-Ghione-Salas-San Martín-Hitters
Fecha de Resolución:12 de Mayo de 1998
Emisor:Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a doce de mayo de mil novecientos noventa y ocho, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores N., L., P., G., S., S.M., Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 53.026, "Corsiglia, M.E. contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de la Vivienda). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S
  1. La señora M.E.C., con patrocinio, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, procurando se dejen sin efecto las resoluciones del Instituto de la Vivienda nº 1350 del 11-VII-88 y nº 1411 del 21-VII-88, por las que fue excluida de la nómina de aspirantes a la adjudicación de una vivienda, y nº 2273 del 12-XII-89 que rechazó el recurso de revocatoria que interpuso contra dicha decisión. Pide, por consecuencia, que se condene a la demandada a adjudicarle la unidad habitacional, con costas.

    Relata que dicho organismo dio curso a una operatoria destinada a la construcción de viviendas individuales para el personal del mismo que no fuere propietario de inmueble alguno, para lo cual suscribió un convenio con la Cooperativa de Trabajadores del Instituto de la Vivienda encargada de la inscripción y selección de los aspirantes, cometido oportunamente satisfecho.

    Manifiesta que, no obstante reunir los requisitos mínimos exigibles -ser empleada del Instituto, socia de la entidad intermedia e integrante de un grupo familiar legalmente constituido y con recursos insuficientes-, sufrió el desplazamiento injustificado en tal operatoria.

    Tacha así de ilegítimo y arbitrario el procedimiento seguido en su caso, toda vez que fue excluida sin motivo valedero de la nómina que en su momento aprobara el propio ente provincial.

  2. Corrido el traslado de ley , se presenta a juicio la Fiscalía de Estado quien sostiene la inatendibilidad de dicha pretensión, por considerar que con su condición de simple aspirante a la adjudicación de una vivienda la actora no acredita el derecho de carácter administrativo invocado.

    En virtud del principio de eventualidad, en cuanto al fondo del asunto defiende la legitimidad del obrar administrativo en la especie, puntualizando que la actora fue descalificada de la operatoria por cuanto dejó de ser empleada del Instituto de la Vivienda, requisito de suyo esencial para participar de la operatoria y por ende para poder acceder a alguno de los inmuebles en cuestión.

    Solicita, por consiguiente, que se rechace en todas sus partes la demanda promovida.

  3. Contestado por la actora el traslado conferido a fs. 107, y agregadas las actuaciones administrativas sin acumular (única prueba ofrecida por la demandada), así como el cuaderno de prueba de la actora y los alegatos de ambas, la causa se halla en estado de ser resuelta, por lo que corresponde plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ) ¿Procede formalmente la demanda?

      Caso afirmativo:

    2. ) ¿Es fundada?

      V O T A C I O N

      A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

  4. 1. Como se expuso, la Fiscalía de Estado sostiene la improcedencia formal de la demanda afirmando que la misma no reúne los requisitos de procedibilidad exigidos por el ordenamiento procesal administrativo.

    Niega -en sustancia- que la situación de simple aspirante a la adjudicación de una vivienda de la actora constituya un derecho subjetivo, por lo que careciendo la acción interpuesta de uno de sus presupuestos esenciales debe ser desestimada.

    1. Al contestar el traslado la actora expresa que la demandada ha violado las disposiciones aplicables en la materia, que contemplan la participación de entidades sin fines de lucro -como la Cooperativa de Trabajadores del Instituto creada al efecto- en programas habitacionales como el de la especie, a fin de conformar la nómina de aspirantes a la adjudicación de viviendas.

    Destaca que la aprobación por el organismo provincial de la nómina en la que se hallaba incluida significó convertir su condición de aspirante en la de titular del derecho subjetivo que invoca, agraviándose de tal modo de lo que considera "vías de hecho" de la Administración, que...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba