Corrupción y ficha limpia

 
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Con la ley de ficha limpia, "los corruptos van a ir a la cárcel en lugar de ir al Congreso". La frase, contundente, fue lanzada durante la reciente Jornada de Derecho Electoral y Ética Pública, realizada en la Facultad de Derecho de la UBA, durante la que se debatió sobre la posibilidad de instaurar en nuestro país la norma que, en Brasil, impidió a Lula da Silva presentarse nuevamente como candidato presidencial.La ley brasileña, que curiosamente fue sancionada en 2010 con el apoyo del propio Lula, impide que una persona que ha sido condenada en dos instancias judiciales se presente como candidata. También prohíbe que puedan competir por cargos públicos quienes atraviesan un proceso de impeachment o hayan renunciado a un cargo para evitar un juicio político.En el caso de Lula, la Justicia brasileña lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por haber aceptado sobornos en el escándalo de corrupción política conocido como Lava Jato. En segunda instancia, un tribunal de apelaciones de Porto Alegre confirmó los cargos en su contra y elevó la pena de cárcel a 12 años y un mes. Y, luego, el Tribunal Superior Electoral de Brasil, por seis votos contra uno, falló en contra de la intención de Lula de volver a ser candidato.No fue un camino fácil en el vecino país llegar a esa norma en defensa de la transparencia y el combate de la corrupción. Como en nuestro medio, muchos dirigentes políticos que preveían que podían quedar eliminados de futuras contiendas electorales intentaron hacer caer la ley tildándola de inconstitucionial, pero fue el respaldo de gran parte de la sociedad lo que hizo posible su aplicación. Más de 1,3 millones de brasileños firmaron un petitorio en ese sentido.La primera pregunta es si esa norma puede llegar a aplicarse en nuestro país.Hace ya un tiempo, una diputada nacional por la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, acompañada por otros legisladores del oficialismo, presentó un proyecto de ley para limitar que puedan presentarse como candidatos quienes tengan una condena penal en segunda instancia.Mediante ese proyecto se reforma la carta orgánica de los partidos políticos con el objetivo de que quienes pretendan acceder a un cargo público mediante elecciones presenten una declaración jurada en la que expresen que no cuentan con una sentencia penal condenatoria en segunda instancia respecto de todos los delitos dolosos. No solo los referidos a corrupción estatal. En la actualidad, la diputada...

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