Corrupción en las empresas: sin avances en el proyecto de ley que impulsa el Gobierno

El proyecto de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en octubre del año pasado, todavía no salió de las comisiones con acuerdo para que pase al recinto.

Sí hay un borrador en el que se modificaron dos ítems, uno de ellos sustancial, según la Oficina Anticorrupción (OA): el llamado "acuerdo de colaboración eficaz", que en el artículo 21° del proyecto original contemplaba que "el Ministerio Público Fiscal y la persona jurídica podrán celebrar un acuerdo por medio del cual ésta se obligue a cooperar a cambio de la suspensión de la persecución, a través de la revelación de datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito". Esa figura fue descartada hasta ahora en las discusiones.

Al respecto, la titular de la OA, , dijo que "a la Oficina Anticorrupción le preocupa la eliminación del acuerdo de colaboración eficaz. Esperamos que durante el debate esta cuestión vuelva al dictamen, ya que se trata de un incentivo muy importante para que las empresas cooperen con la Justicia".

Por otro lado, el actual dictámen de comisión también cuestiona el atenuante para la empresa que significa tener un correcto programa de compliance (como se llama en la jerga corporativa a los planes de buenas prácticas), aunque sí lo recomienda y sugiere "una política de protección de denunciantes contra represalias".

Un capítulo muy importante para las empresas será el control de terceros o socios del negocio, incluyendo proveedores, distribuidores, intermediarios, etcétera, ya que acciones de corrupción de su parte podrían afectarlas directamente.

De aprobarse la ley, las empresas serán penalmente responsables si sobornan a funcionarios públicos para obtener beneficios, y esto podría implicar, en casos extremos, la quita de su personería jurídica. Si hasta ahora la mirada legal estaba puesta en las personas que cometían un delito de estas características, el cambio radica en que la misma empresa también tendrá que pagar por ello.

Para avanzar sobre el tema, y sobre todo para incluir a sectores empresariales que no se han pronunciado sobre la importancia de que esta ley sea finalmente promulgada, la comisión de Legislación Penal, presidida por la radical jujeña Gabriela Burgos, y la de Legislación General, cuyo presidente es el diputado Daniel Lipovetzky, convocaron para el próximo miércoles a...