La corrupción, la cosa juzgada y la impunidad

 
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Los más de treinta años de democracia en la Argentina nos alientan a esforzarnos en corregir falencias que impidan el afianzamiento del sistema y aun su subsistencia, entre los que se destaca la corrupción, tanto pública como privada.

La corrupción pública está hoy más extendida y es más sofisticada. La codicia e impudicia son mayores: ya no bastan las coimas; ahora los corruptos pretenden quedarse con el negocio o con las empresas. También se han sofisticado los mecanismos de colusión con entramados societarios en paraísos fiscales, triangulaciones, retornos, las embajadas paralelas y "cortafuegos" de protección, aunque se mantienen las prácticas tradicionales de favorecer a los amigos del poder (por caso, el crecimiento patrimonial del pseudoempresario Lázaro Báez supera al de Jorge Antonio, que de ser un desempleado de Obras Sanitarias de la Nación, en 1947, pasó a tener una fortuna millonaria durante el auge del peronismo), o las referidas coimas, de las que el país ha visto valijas repletas de dinero que, por su volumen, se pesa en vez de contarse.

Un aspecto al que los corruptos hoy prestan atención es tener aprobadas las declaraciones juradas que justifiquen sus aumentos patrimoniales, sumando camuflajes jurídicos y procurando controles judiciales complacientes para capear las tempestades que recrudecen al dejar la función pública.

Sobran malos ejemplos en todos los niveles gubernamentales, en empresas del Estado, en el Congreso de la Nación y en el propio Poder Judicial.

Un caso paradigmático es el del matrimonio presidencial que ha procurado, año tras año, justificar su patrimonio, que pasó de tener cierta significación cuando Néstor Kirchner asumió el poder en 2003, a multiplicarse sideralmente durante su mandato, un incremento que ni los grandes especuladores mundiales podrían siquiera emparejar. Poco importa la rusticidad de los mecanismos: recibir estratégicas tierras fiscales que se revenden con ganancias astronómicas, altísimos y desproporcionados alquileres abonados por amigos adjudicatarios de obras públicas o tasas de interés insólitamente elevadas por inversiones en dólares a plazo fijo. Todo sirve para que, con la firma de algunos profesionales más la revisión laxa de las autoridades fiscales y en casos extremos con jueces prestos para abortar algunas denuncias, puedan cubrir los incrementos con un barniz de legitimidad.

La cuestión adquiere lógica dimensión institucional en estos delicados momentos, porque la...

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