Corrientes, medida autosatisfactiva laboral

 
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Nº 44/13 SENTENCIA.- Monte Caseros, 18 de noviembre de 2.013

Y VISTOS:

Los autos caratulados: “TABORDA, JOSE RICARDO C/ LEONARDELLI, ALFREDO DANIEL S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”, EXPTE. Nº 4.817/13, en trámite por ante este Juzgado Civil, Comercial y Laboral, a mi cargo, Secretaría de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA, para dictar sentencia y

CONSIDERANDO:

1º) Que a fs. 33/35 se presentan conjuntamente la Dra. MARIA CELIA MORZONE DE IZTUETA, abogada, MP N° 2126 y el Dr. EDUARDO LUIS IZTUETA MORZONE, abogado, MP N° 7068, en su carácter de letrados apoderados del señor JOSE RICARDO TABORDA, MI N° 17.711.515, condición que acreditan con el acta-poder de fs. 2, y plantean medida autosatisfactiva contra el señor ALFREDO DANIEL LEONARDELLI, CUIT N° 20-07847998-2, con la finalidad de que se orden el pronto pago –satisfacción definitiva– de la suma de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($79.952,26), que resultan de los rubros de la relación laboral que unía al actor con el demandado, a saber: I) sueldo mes de agosto de 2.013 ($7.225,46); II) preaviso del art. 231, LCT ($7.225,46); III) SAC s/preaviso ($602,12); IV) indemnización art. 245, LCT ($36.127,30); V) SAC s/indemnización por antigüedad ($3.010,60); VI) SAC proporcional ($1.204,24); VII) vacaciones proporcionales ($2.693,65); VIII) SAC s/vacaciones proporcionales ($187,05); IX) Entrega de certificado de trabajo, certificado de servicios y remuneraciones, y X) multa art. 80, LCT ($21.676,38).

Argumentan con cita de autorizada doctrina sobre la admisibilidad de la medida solicitada. Citan los arts. 14 y 43 de la CN, 785 y ss. del CPCC, y 109 de la ley 3540. Alegan que existe una urgencia manifiesta en contar con el pago de las obligaciones legales emergentes del despido sin causa que sufriera el actor (de 47 años de edad) por parte de su empleador, destacando el carácter alimentario del crédito reclamado. Dicen que el actor ingresó a laborar para el demandado el 26-01-2.009, en el domicilio de Unión Ferroviaria N° 681 de esta ciudad, prestando el servicio de chofer de acuerdo al CCT N° 130/75; que el día 30-08-2.013 el empleador le envía carta documento por la cual lo despide sin causa a partir del 31-08-2.013, poniendo a disposición los haberes e indemnizaciones legales; que pese a concurrir dos veces al domicilio laboral a percibir su acreencia, el empleador nunca hizo efectivo el pago de lo adeudado, ni entregó el certificado de trabajo conforme lo dispuesto por el art. 80, LCT. Incluso el actor efectuó denuncia administrativa, labrándose las actuaciones de rigor en la Subsecretaría de Trabajo, ante lo cual el empleador declinó jurisdicción sin abonar lo adeudado.

Sostienen que la suma adeudado por el demandado debió ser efectivizada inmediatamente con el despido –obligación de hacer– lo que no sucedió, resultando engorroso “someter al actor a la espera de la definición de un litigio cuando que el demandado tenía la obligación de abonarla luego del despido”. Consideran que la falta de cumplimiento del demandado de efectivizar la indemnización tarifada da nacimiento a la utilización de la medida autosatisfactiva para que el actor pueda lograr el pronto pago de su crédito. Por todo lo cual solicitan, se disponga de una tutela rápida y eficaz que haga operativos los derechos sustanciales de protección, con costas. Hacen expresa reserva de accionar mediante el juicio ordinario por los intereses emergentes por el no pago en término, las diferencias salariales adeudadas, multas por mala registración y las que pudieren corresponder.

2º) Que no es discutible en la actualidad la premisa según la cual “resulta imposible prestar un adecuado servicio de justicia laboral sobre la base de un procedimiento uniforme que posea las características del declarativo ordinario” (MACHADO, José D., El proceso de estructura monitoria y los créditos laborales, en Revista de Derecho Laboral, 2007-1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 115). En nuestro medio, por la vía del “juicio ordinario” (arts. 34 y ss., ley 3540), aparecen sometidas a un trámite declarativo común e indiferenciado “situaciones y controversias con notables diferencias en su configuración de derecho, como pueden ser un despido con invocación de justa causa y un despido inmotivado, o bien un pleito sobre la inexistencia-negativa de relación dependiente y la demanda por el pago de salarios originados en una relación registrada”. De este modo, equivocadamente con grave perjuicio para el derecho sustancial a tutelar, “el procedimiento laboral conduce a un tratamiento homogéneo de cuestiones que merecen trámites diversificados, no sólo, o no tanto, por la naturaleza urgente en la satisfacción del crédito (lo que sería común a todas las hipótesis), sino por la ausencia de la necesidad de habilitar un debate causal sobre los hechos como condición para la aplicación del Derecho” (MACHADO, José D., ob. cit., p. 118).

3º) Que la especial naturaleza de los derechos que derivan de las relaciones laborales, ha justificado la aparición del Derecho del Trabajo. Lo mismo justifica que los conflictos derivados de la aplicación de sus disposiciones sean resueltas por órganos judiciales especializados, “a través de un proceso especial apto para dar una respuesta jurisdiccional eficiente. El Derecho Procesal es dinámico e instrumental. Es decir que no debe sujetarse a ritos caprichosos ni constituye un fin en sí mismo: sirve únicamente en la medida que se lo utilice como un mero instrumento para la concreción de los derechos que otorga la legislación sustancial. Como consecuencia de ello la normativa de forma debe calzar a medida de los derechos de los cuales es sirviente, a fin de brindarles, como decíamos al...

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