El Correo, una controversia que debió evitarse

 
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Una vez más, el Gobierno reaccionó tarde y con improvisaciones ante la polémica generada por un tema cuyas posibles secuelas no podían ser ignoradas ni por el dirigente político más ingenuo, pues se trata del acuerdo alcanzado por el gobierno del presidente Mauricio Macri con el , precisamente, del grupo Macri.

Ese grupo empresarial ganó la licitación del Correo en 1997 en el marco de las privatizaciones llevadas adelante por el menemismo. Pronto se reveló un mal negocio para la familia Macri y la empresa que se hizo cargo de la concesión entró en concurso de acreedores a partir de 2001. Dos años más tarde, al poco tiempo de arribar al poder, el kirchnerismo decidió reestatizarlo por decreto, sin una ley, como hubiera correspondido.

Las pocas ofertas para un acuerdo con el Estado presentadas por los ex concesionarios fueron rechazadas por inviables por el régimen de los Kirchner, que tampoco mostró interés en arribar a una solución que contemplara en forma conjunta los intereses del grupo empresario, de los más de 600 acreedores y del Estado, que por sí solo suma el 30 por ciento de las acreencias.

Fue en junio del año pasado cuando el Estado y los demás acreedores llegaron a un proyecto de acuerdo con el grupo Macri para que éste pagara los 300 millones de pesos de la deuda original, que en su momento equivalían a 300 millones de dólares, más los intereses, que elevarían la cifra a 600 millones y que se pagarían en 15 años con una tasa de interés del 7 por ciento.

Según se estableció, la deuda quedaría saldada en 2033, pero no se tuvieron en cuenta los juicios iniciados por los Macri en contra el Estado, el último de los cuales se radicó hace muy poco, cuando ya hacía varios meses que había cristalizado el proyecto de acuerdo.

La semana pasada, la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquin consideró que, de formalizarse el convenio proyectado -que según ella llevó adelante un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente-, resultaría abusivo, pues entrañaría "una condonación de la deuda" por más de 4277 millones de pesos y una "licuación del pasivo, más que una verdadera propuesta de pago".

Boquin recomendó a la Cámara que lo rechazara. Si la Cámara no lo hace, ella recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. Al mismo tiempo, notificó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue eventuales irregularidades.

Como era de esperar, la oposición puso el grito en el cielo y clamó que se...

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