Coronavirus: una investigación por una serie de muertes destapó una estafa millonaria contra el PAMI

Teléfonos celulares escondidos en una heladera. Setenta y siete cuadernos quemados en la parrilla de un quincho. Brasas calientes. Particularidades de un allanamiento difícil de olvidar para los detectives de la Policía Federal y los funcionarios judiciales que participaron del procedimiento que tenía como objetivo secuestrar documentación y pruebas de una supuesta asociación ilícita que habría protagonizado una estafa millonaria contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp), más conocido como PAMI.Así se desprende de una investigación que se tramita en el Juzgado Federal Nº1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. La estafa se habría concretado, según informaron fuentes judiciales, con la simulación de prestaciones que nunca se hicieron en las historias clínicas de afiliados del PAMI atendidos en el Sanatorio Mariano Pelliza y en el ambos situados en Vicente López, y un sistema de derivación de pacientes que funcionaba con una oficina paralela a la obra social de los jubilados para beneficiar a determinadas clínicas."Lamentablemente, las consecuencias de este despiadado accionar no solo las padece el Estado Nacional, cuyas arcas se vieron afectadas con defraudaciones que se estiman millonarias, sino que fundamentalmente las sufren los adultos mayores que asistieron a esos dispensarios para su atención médica y recibieron a cambio una calidad de servicio que dista mucho de la eficiencia y de las buenas prácticas de la medicina", según se desprende en una resolución de la jueza Arroyo Salgado en la que procesó a José Cerezo, de 67 años, y a su mujer, Mónica Bertoni, de 53.Cerezo fue procesado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita que cometió una defraudación contra la administración pública. A su mujer se le atribuyó haber integrado esa asociación ilícita en calidad de organizadora, para cometer el mismo delito de defraudación a la administración pública. Les trabaron embargos millonarios sobre sus bienes: 2000 millones de pesos.En una de las resoluciones, Arroyo Salgado describió que la maniobra delictiva habría sido llevada adelante con la "presunta complicidad o participación de funcionarios públicos del PAMI", cuestión que todavía es materia de investigación.La investigación, donde el Ministerio Público está representado por el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez, es una derivación de una causa que se inició tras la denuncia de los familiares de una mujer que...

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