Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 25 de Agosto de 2020, expediente L. 120565

PresidenteSoria-de Lázzari-Genoud-Kogan-Torres
Fecha de Resolución25 de Agosto de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.565, "Córdoba, M.I. contra Provincia ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresS., de L., G., K., T..

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 91/98).

Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 105/118 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  1. El tribunal de origen -en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio- hizo lugar a la demanda promovida por M.I.C. contra Provincia ART S.A. y condenó a esta a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de diferencias vinculadas con la prestación dineraria contemplada en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 -según las prescripciones de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15-, con más el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE, art. 17 apdo. 6) y la indemnización de pago único (art. 3) previstos en la ley 26.773.

    En este sentido, previa declaración de la cuestión como de puro derecho (v. fs. 78 y vta.), ela quoevaluó que el día 19 de abril de 2013 la actora sufrió un accidente por el cual la Comisión Médica de Junín le otorgó un 23,5% de incapacidad del índice de la total obrera (13 de agosto de 2015; v. sent., fs. 91).

    Seguidamente, consideró que no obstante lo ya abonado por la demandada ($97.979,26, según resolución de la Secretaría de Seguridad Social 34/13), correspondía evaluar la pretensión deducida conforme la norma vigente al momento del pago (indicó: 30 de julio de 2015). A partir de ello, concluyó que resultaba aplicable al caso la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 6/15 y que, conforme el "piso" indemnizatorio establecido en esta, la prestación no podía ser inferior a $167.666,86. A dicho valor, adicionó -además- el 20% establecido en el art. 3 de la ley 26.773 (es decir, $33.533,37).

    A la suma resultante dispuso "agregarle" el índice RIPTE vigente entre la fecha del accidente (abril 2013) y la correspondiente al momento del pago parcial (julio 2015); arribando a un coeficiente de 1,9 por el que multiplicó el monto antes señalado, obteniendo un total de $382.280,43 (v. sent., fs. 94 vta.).

    Finalmente, dispuso descontar lo ya abonado por la aseguradora ($97.979,26), y luego, fijar los intereses conforme la "tasa pasiva" que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" desde la fecha del evento dañoso (19 de abril de 2013) hasta su efectivo pago (v. fs. cit.).

  2. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada denuncia violación de los arts. 16 del decreto 1.694/09; 375 y 384 del Código Procesal C.il y Comercial; 3, 21, 622, 656 segunda parte, 953, 1.071 y 1.198 del Código C.il; ley 25.561; y de la doctrina legal que cita; y errónea aplicación del art. 14 de la ley 24.557; 8, 17 apartados 5 y 6 de la ley 26.773; y resoluciones 414/99 y 6/15 (v. fs. 105/118 vta.).

    II.1. Cuestiona la decisión de origen con arreglo a la cual se dispuso la aplicación al caso de la ley 26.773, declarándose la inconstitucionalidad de su art. 17 apartado 5.

    Sostiene, en lo esencial, que toda vez que el infortunio sufrido por la trabajadora acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, lo resuelto transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código C.il (art. 7, Cód. C.. y Com.) y afecta el derecho de propiedad consagrado en la Constitución nacional.

    Manifiesta que del art. 17 apartado 5 de la citada ley se desprende que su aplicación se proyecta respecto de aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir del 26 de octubre de 2012, esto es, la fecha de entrada en vigor de la normativa.

    Sostiene, en lo esencial, que el ámbito de aplicación temporal de las normas atinentes a los riesgos laborales se define por el momento en que se produce el evento dañoso. En ese sentido, denuncia vulnerada la doctrina de este Tribunal sentada en la causa L. 118.695, "S., sentencia de 24-V-2016 (v. rec., fs. 108/110).

    Objeta la declaración oficiosa de inconstitucionalidad del art. 17 apartado 5 de la ley 26.773, toda vez que la actora no lo solicitó en su escrito de demanda, por lo que considera que el sentenciante transgredió el principio de congruencia.

    II.2. En otro orden, cuestiona que el juzgador no haya tratado la objeción planteada al contestar la demanda referida a la aplicación del art. 3 de la ley 26.773.

    II.3. Luego, señala que ela quointerpretó erróneamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, así como el art. 17 del decreto 472/14, que establecen que el RIPTE se utiliza para actualizar únicamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos mínimos del art. 14 de la ley 24.557, pero de ningún modo debe aplicarse -como lo hizo el tribunal de origen- a fórmulas que ya contienen mínimos actualizados, pues, caso contrario, dicho coeficiente se utilizaría dos veces sobre el mismo monto.

    Resalta que las reglas en juego no suponen, en modo...

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