Córdoba al borde del desamparo

• Páginas: 241-243
• Autor: Jorge Horacio Gentile

CÓRDOBA AL BORDE DEL DESAMPARO

El Senado acaba de aprobar, sin las consultas ni el debate que

merece, un proyecto del poder ejecutivo provincial, modificatorio de

la ley de amparo 4915 (enmendada luego por la 5770), dictada para

restringir esa acción en el gobierno de facto del General Juan Carlos

Onganía, el cual, con el pretexto de adaptar dicha ley al art. 48 de la

Constitución provincial, de 1987, y al 43 de la Nacional, de 1994, tie-

ne el velado propósito de posicionar mejor al Estado en el juicio por

amparo, alargar y dificultar su trámite, desalentar su uso y reducir

con ello la tutela de los derechos humanos, que es su razón de ser.

Las principales modificaciones son:

1. Limita las medidas cautelares: las prohíbe cuando compro-

metan directamente la regularidad, la continuidad y la eficacia de la

prestación de un “servicio público” (?), o el desenvolvimiento de

“actividades esenciales del Estado” (?), y deja a la discrecional inter-

pretación de los jueces —en los juicios contra el Estado serán tres

camaristas, y no un juez como ahora— estas vagas expresiones, que

incitan a su rechazo, a pesar de que estas medidas previas tienden

a evitar que el fallo definitivo sea de cumplimiento imposible. Hace

poco, por ejemplo, se ordenó a un hospital colocar a un paciente un

marcapasos que se le había negado, y en otro caso se mandó al PAMI

entregar un medicamento a una enferma de cáncer; con dichas me-

didas cautelares se evita que el dictamen de un fallo se produzca

con posterioridad a la muerte del paciente.

2. Discrimina en favor de los funcionarios: cuando se demande

en contra de actos u omisiones de autoridades provinciales o muni-

cipales en la primera circunscripción judicial —donde viven la mitad

de los habitantes de la provincia— será competente alguna de las dos

cámaras contencioso-administrativas de la ciudad de Córdoba, y en

las demás circunscripciones del interior, intervendrán las cámaras

LA ENCOMIENDA LUQUE

La Cámara de Diputados puso coto al desembarco de la cues-

tión Catamarca en Buenos Aires a través de las explosivas declara-

ciones de uno de sus miembros, el diputado Ángel Armando Luque.

El diario Clarín, en la edición del domingo 7 de abril de 1990,

había transcripto como reportaje las expresiones del padre de Gui-

llermo Luque, actualmente procesado en la causa de María Soledad

Morales, lo que motivó que varios diputados pidieran una investiga-

ción de las mismas.

De inmediato, la Cámara encomendó a la Comisión de Asuntos

Constitucionales que en el plazo de siete días investigara si de tales

dichos surgían elementos para aplicar sanciones disciplinarias, con-

forme al art. 58 de la Constitución Nacional, al antiguo colaborador

del legendario Vicente Leonidas Saadi.

Una vez tomada la decisión, el diputado Luque planteó una cues-

tión de privilegio en contra del periodista Luis Diéguez, del diario

Clarín, por haber publicado como reportaje una declaración que

“niega en su contenido”. Sin embargo, admitió que entre las 24 y las

5 horas de la mañana, estuvo en su casa cenando y conversando de diver-

sos temas con dicho periodista y con César Molas, director del dia-

rio Ancasti, quien se lo presentó.

REFLEXIONES

Nosotros entendemos, y así lo dijimos en la Cámara, que de lo

ocurrido surge que Luque no negó haber hecho las declaraciones,

sino que las mismas hayan sido realizadas bajo la forma de reporta-

je, y que su contenido sea verdadero; sin embargo, no aclaró cuál es

la falsedad, ni explicó qué fue en realidad lo que le contó a Diéguez