Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 1 de Junio de 2020, expediente CNT 072901/2014/CA001

Fecha de Resolución 1 de Junio de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA V

Expte. Nº CNT 72901/2014/CA1

Expte. Nº CNT 72901/2014/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 84224

AUTOS: “COPPOLA, F.H.I. c/ PERSAC S.R.L. Y OTROS s/

DESPIDO” (JUZGADO Nº 43).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 1 días del mes de Junio de 2020 se reúnen los señores jueces de la Sala V,

para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; LA DOCTORA BEATRIZ E FERDMAN dijo:

I- Contra la sentencia dictada a fs. 180/185 vta., que admitió parcialmente la acción incoada, interpone recurso de apelación la parte actora en los términos y con los alcances que surgen del memorial de fs. 186/193, que no recibió réplica de su contraria.

II- De la lectura de la sentencia en recurso se desprende que arriba firme a esta instancia que el despido directo dispuesto por la ex empleadora resultó injustificado e ilegítimo y que por ello el actor resultó acreedor a las indemnizaciones previstas por los arts. 231, 232 y 245 LCT y la multa contemplada por el art. 2 de la ley 25.323; del mismo modo, no se encuentra cuestionado que la demandada abonaba parte de su remuneración fuera de registro contable, motivo por el cual fue condenada en los términos del art. 1 de la ley 25.323. Tampoco fue motivo de agravios el rechazo del reclamo por horas extras en horario nocturno y la acción en los términos del art. 132 bis LCT.

II- No obstante, distintos aspectos del fallo de grado motivaron los agravios planteados por la parte actora a los que daré tratamiento en el orden que se expone a continuación para una mejor comprensión de las cuestiones traídas a esta alzada.

En principio se agravia la actora en torno a la base de cálculo que el magistrado de grado anterior utilizó para el computo de la indemnización por antigüedad ($

10.892,70), por cuanto excluyó la incidencia del SAC, por aplicación al caso de la doctrina plenaria dictada en autos T., soslayando que el demandado, al contestar la acción no exteriorizó su oposición al respecto, por lo que debe considerarse admitida por la demandada la liquidación practicada en el inicio. Afirma que el juez a quo no estaba habilitado para denegar la incidencia del SAC en el cómputo del despido, citando en defensa de su postura el precedente dictado por la Corte Suprema de Justicia en autos M. c. Forberton donde se determinó en relación a la aplicación del tope previsto por el art. 245 LCT, que tratándose de una cuestión de índole patrimonial, el principio dispositivo ligado a la defensa en juicio y el debido proceso, poseía prevalencia absoluta.

En ese orden, destaca que el demandado tiene la carga insustituible por el magistrado, de Fecha de firma: 01/06/2020

Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA 1

Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

exponer claramente su oposición a cada uno de los aspectos del reclamo, lo cual no hizo en su sintética defensa, configurándose en el caso la violación del principio de disponibilidad y congruencia. Tras explicar la diferencia entre la remuneración devengada y percibida, alega que la mejor remuneración mensual normal y habitual comprende todos los rubros devengados, resultando indiferente el momento en cual fueron percibidos, comprendiendo incluso aquellos que nunca lo fueron, como sucede en el caso, donde el empleador liquidaba un importe salarial inferior al percibido en la realidad; ello así, decidir lo contrario importaría una posición incongruente. Invoca el principio in dubio pro operario consagrado en el art. 9 LCT y refiere que el juez a quo omitió expedirse acerca del planteo de inconstitucionalidad formulado en el inicio en relación al art. 303 CPCCN.

Principio por señalar que la ley 27.500 (BO 10/01/2019) que derogó la ley 26.853 (a excepción de su artículo 13), obliga a los magistrados a respetar la doctrina plenaria sobre el que se fundamenta la conclusión del a quo en el aspecto cuestionado en el memorial recursivo, conforme lo normado por el art. 303 CPCCN, cuya vigencia resulta incuestionable a partir de la sanción de la ley citada.

En este marco, los jueces de primera y segunda instancia, carecen de legitimación para cuestionar la constitucionalidad de la norma que, como el art, 303

CPCCN impone el deber funcional de acatamiento de la doctrina plenaria acordada por una Cámara Nacional de Apelaciones. La facultad que la ley les reconoce es la de dejar a salvo sus eventuales opiniones acerca de la pertinencia o conveniencia de la doctrina plenaria fijada y acatarla. Contrariamente a lo que propone el recurrente, el fallo plenario no es en sí mismo atacable o tachable de inconstitucionalidad porque no es consecuencia del ejercicio del poder legislativo, sino que se trata de una función jurisdiccional interpretativa.

Debe ponderarse en este aspecto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia pues configura un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la última ratio del orden jurídico y que los magistrados carecen de facultades para ejercer el control de constitucionalidad de la doctrina plenaria, como pretende el actor conforme la escueta mención realizada a fs. 10, que no conforma un agravio concreto y objetivo de un derecho individual protegido por la Constitución Nacional, máxime cuando un fallo plenario que no es más que una interpretación del derecho vigente y cuyos fundamentos comparto.

En este orden de ideas, el planteo de constitucionalidad formulado a fs. 10 en relación al art. 303 CPCCN, (confr. Art. 277 LCT) carece de fundamentos, pues no se advierte que la obligatoriedad de acatamiento a una sentencia plenaria por parte del juez Fecha de firma: 01/06/2020

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Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

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a quo reduzca su libertad en la decisión pues en rigor de verdad, a todo evento, puede dejar a salvo su opinión.

En este orden de razonamiento, y en atención a la obligatoriedad de las decisiones plenarias para los jueces de la misma Cámara, imponen adoptar la doctrina emergente del fallo plenario N° 322 del 19/11/09 dictado en autos “T., A.P. c. Banco Central de la República Argentina”, en cuanto impide incluir en la base salarial contemplada por el art. 245 primer párrafo LCT la parte proporcional del SAC, y por ello, aun cuando en el caso no haya sido opuesta como defensa por la accionada la exclusión del SAC en la base de cálculo referida, corresponde hacerlo de oficio, sin incurrir por ello en una decisión extra petita. Ello así, la decisión adoptada por el sentenciante que me precede responde a la obligatoriedad impuesta a los magistrados, conforme lo normado por el art. 303 CPCCN, cuya vigencia resulta incuestionable a partir de la sanción de la ley citada.

Sentado ello, y en orden al carácter mensual que debe revestir el concepto remunerativo devengado para integrar la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, tal como precisó el Sr. Ex F. General de esta Cámara al emitir su opinión en el Fallo Plenario citado, se impone analizar la situación particular traída a estudio, “porque no son del todo indiferentes las fuentes de las que puede provenir el pago “no mensual” de un rubro retributivo. Digo esto porque, si el derecho se origina en la ley (como el aguinaldo mismo) o en el convenio colectivo, el intérprete tendrá la certeza cabal de que la iniciativa de remunerar al trabajador por lapsos superiores al mes no encierra un intento de “debilitar” la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, para desactivar la protección contra el despido arbitrario y “abaratar los costos” de la desvinculación del dependiente. Pero si emerge de la ficción del contrato individual o de la voluntad unilateral del empleador, se impone una cuidadosa evaluación de sus condiciones de legitimidad, tanto en lo referido a las exigencias para el pago del crédito, como a su cuantía, para evitar una maniobra como la descripta que implicaría, en los hechos, crear una elevada “bonificación” trimestral o semestral o incluso anual, dirigida a “convivir” con una retribución...

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