Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 24 de Agosto de 2010, expediente 53.400/10

Fecha de Resolución24 de Agosto de 2010

Causa: “COOP. AGROPECUARIA UNIÓN Y PROGRESO

LTDA. s/ p.s.a. art. 2 inc. a) Ley 24.769. Incidente de exención de prisión deducido por la Defensa de Julio Alberto Isa”

Expte. N° 53.400/10 (N° de origen 935/08)

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMÁN N° II

Poder Judicial de la Nación Año del B.M. DE TUCUMÁN, 24 de Agosto de 2010.

AUTOS Y VISTO: Para resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fs. 4/5; y CONSIDERANDO:

Que contra la resolución de fs. 4/5 que dispone en su punto

I) Hacer lugar al beneficio de exención de prisión solicitado por la defensa de J.A.I.; y en su punto

II) Fijar una caución real (art. 324 C.P.P.N.) en la suma de pesos doscientos mil ($200.000) en mérito a lo dispuesto por el art. 316

C.P.P.N.; apelan a fs. 6/9 vta. el Sr. Fiscal Federal Nro. 1 y la defensa a fs. 11.

En esta instancia, en oportunidad de la audiencia fijada a los fines del art. 454 C.P.P.N., el señor F. General expresa agravios, a fs. 20/23,

donde solicita la revocación de la sentencia recurrida.

Señala que teniendo en cuenta el tipo penal del art. 2 inc. a) de la ley penal tributaria en que fuera encuadrada la conducta de los imputados en la resolución de fs. 2; y atento la sanción que podría caber a los encartados (pena de prisión de 3 años y 6 meses a 9 años), se habría generado un impedimento insalvable a los fines de acceder a la exención de prisión.

Añade que una de las normas que regulan el instituto en cuestión (art. 316 C.P.P.N.), estableció un régimen general que regula la libertad durante el proceso y que contempla como supuestos impeditivos de la concesión del beneficio aquellos casos en que pudiera corresponder al imputado un máximo superior a los ocho años de prisión y si el juez estimare prima facie que no corresponderá condena de ejecución condicional.

Expresa que se adhiere a los argumentos del Fiscal Federal apelante, a los que se remite, agregando que la importancia de los hechos que se reflejan en las sanciones que la ley penal prevé para los mismos, serían los parámetros que ha considerado el legislador como el medio de garantizar la 1

presencia de los imputados al proceso.

Que no existiría otro elemento que el objetivo, esto es la escala penal, el que nos permitiría inferir, con cierto grado de certeza, la conducta que podría demostrar quien se encuentra ligado a una investigación penal. Añade que la desatención de las pautas objetivas del art. 316 procesal, generaría como riesgo la probable ausencia o entorpecimiento del imputado en el presente proceso. Cita jurisprudencia en avala de su postura.

Concluye manifestando que no resultaría inconstitucional que las reglas del encarcelamiento preventivo, establecidas por los arts. 316 y 317

C.P.P.N. sean presunciones iure et de iure, ya que constituirían el cumplimiento de normas y tratados internacionales, que dan sustento al instituto de la prisión preventiva, en coexistencia con el principio...

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