Un control sobre la operatoria de todos los hoteles

Los contadores de Lázaro Báez no sólo se encargaron de los números de Valle Mitre, la firma con que el empresario y La Aldea, y la hostería Las Dunas. También controlaron, revisaron y ajustaron la operatoria interna de los tres establecimientos, según consta en los registros contables del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

Ese acceso irrestricto de Báez a los números internos de los hoteles de la familia Kirchner le permitió conocer en detalle, por ejemplo, la facturación neta de IVA, mes a mes y durante años, de los tres establecimientos, como así también del restaurante La Usina.

No sólo eso. Los contadores del empresario patagónico sospechado de ser testaferro de la familia presidencial también supervisaron las reservas y ventas de habitaciones de los tres establecimientos desde mediados de 2009, con análisis por gráficos de los índices de ocupación de cada hotel, ya fuera en temporada alta, media o baja. Ese acceso a los números internos de cada establecimiento llegó a tal punto que Báez pudo conocer, entre otros, los ingresos y gastos de lavandería o telefonía en el hotel Alto Calafate.

Esos registros internos, a los que accedió LA NACION, muestran por ejemplo que, en enero de 2011, el Alto Calafate registró ingresos por $ 934.486 en concepto de habitaciones, otros $ 1145 por lavandería y tintorería, y $ 11.503 en el rubro "health club".

Esos números son parte de la operatoria que ahora la Justicia busca analizar para determinar si el Alto Calafate sirvió de escenario para maniobras de supuesta evasión tributaria o presunto lavado de activos por parte de los Kirchner.

La primera hipótesis es la que investiga el juez en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, desde fines del año pasado, cuando ordenó una serie de allanamientos en las oficinas de Báez en la ciudad de Buenos Aires. A esa pesquisa se sumó en las últimas semanas otra que instruye el juez federal Claudio Bonadio, por presunto lavado de activos. Por eso allanó el domicilio declarado por Hotesur -que se encontraba vacío- y la Inspección General de Justicia (IGJ), y le ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que le entregue las declaraciones juradas contables de la familia presidencial, de Báez y de las firmas Hotesur y Valle Mitre.

Entre otros datos, los números del Alto Calafate que supervisaron los contadores de Báez muestran la variación en...