Control de Constitucionalidad en Paraguay

Autor:Carlos Enrique Bazzano López
Cargo:Alumno del 6to. Curso, 1ra. Sección de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas – Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Asunción – Paraguay. Miembro colaborador del Instituto TOMÁS MORO de dicha institución (Junio 2005 – Diciembre 2008). Miembro Fundador de la Academia Jurídica Estudiantil (2007). Secretario de la Academia J
RESUMEN

Acerca del control de constitucionalidad. Generalidades. Modelo adopta en Paraguay. Crítica. Propuesta de reforma para una mayor efectividad.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

“O la Constitución es una ley suprema y por consiguiente no modificable por medios ordinarios, o bien, está al mismo nivel que las demás leyes y, por ende, modificable cuando al Congreso plazca. Si la primera alternativa es correcta, entonces un acto del Congreso contrario a la Constitución no es ley; pero, si resulta verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son intentos absurdos por parte del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza”.

John Marshall.

John Marshall fue el 4to. Magistrado Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos (1801-1835), designado por el Presidente John Adams un mes antes de dejar el cargo. El mismo está considerado como el más importante de los Magistrados que hayan presidido la Corte, su influencia en el desarrollo del constitucionalismo de los Estados Unidos es innegable y es palpable hasta hoy. Ocupó el cargo durante 33 años ininterrumpidos, y es el Magistrado más longevo de la historia de la Corte, record hasta hoy imbatido. Durante las más de tres décadas en las que ocupó el puesto redactó la opinión mayoritaria en más de 500 casos y se vio en minoría, debiendo redactar un voto disidente, una sola vez [en el caso Ogden v. Saunders, 25 U.S. 213 (1827)]. Lo que se transcribe es el fragmento sustancial del fallo unánime dictado en el leading case Marbury v. Madison. Febrero 24, 1803.

A modo de introducción

El párrafo que se transcribe como acápite del presente artículo expresa una de las más sublimes verdades que existen en el mundo jurídico. En efecto, ella fue, a mi modesto modo de entender, el corolario de una lucha que se extendió a lo largo de varios siglos. Desde la antigüedad se consideraba al soberano legibus solutus, es decir, no sometido a la ley ni al Derecho. Ello parecía de lo más lógico pues se sostenía que su poder emanaba de Dios; en consecuencia, si su autoridad la recibían del Ser Supremo, nada ni nadie podía exigirle que rindiera cuentas o que ajustara su actuación a ciertas reglas, aunque se sostuviera que ellas (dichas normas) contaban con idéntica naturaleza1. Esta situación, iniciada en el Bajo Imperio romano, continuó durante toda la Edad Media. Empero, siglos de abusos minaron este concepto y lo condenaron a la obscuridad de la historia. Durante la Edad Moderna se desarrollaron los ideales que tumbaron a los gobernantes de su pedestal y de su condición de legibus solutus. A ello contribuyeron varias circunstancias, pero la capital y más importante fue, sin lugar a dudas, la Revolución Inglesa que condenó a muerte a Carlos I. Más tarde, la Revolución Gloriosa, eliminó definitivamente la inmunidad del soberano, y el Parlamento declaró solemnemente, desde entonces y para siempre, que el Rey reina, pero no gobierna, y que su autoridad deriva únicamente de la ley. Esta concepción, fue recogida más tarde por la Revolución Norteamericana, que, al decir de Jefferson, estableció un gobierno de leyes y no de hombres.2

Por tal razón, se establecieron las normas fundamentales del Estado en un instrumento “escrito”, para que, no sólo los sucesivos gobernantes, sino también, todos los demás órganos del Estado, supieran exactamente a qué ajustar su actuación. Así nació la primera Constitución moderna “escrita” y sistemática que llevó al plano de la realidad el ideal trazado por Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, la de los Estados Unidos de América. Ahora bien, si de lo anterior resulta que el Estado debía ajustar su actuación a ciertas reglas predefinidas, ¿dónde quedaba su poder de dar al pueblo normas o leyes a las cuales ajustar la convivencia? Dicho poder quedó dónde siempre estuvo, el Estado no fue privado del mismo, pero, en caso de contradicción entre las leyes aprobadas por el órgano correspondiente y aquél instrumento destinado a regular al Estado mismo ¿cuál de ellas debía prevalecer? La Convención Constituyente de Filadelfia declaró a la Constitución como Ley Suprema de la Nación, de suerte que todas las normas debían emanar de ella y adecuarse a la misma.3

Empero, bien sabemos que ello no es suficiente, porque

“la mera consagración del principio de supremacía constitucional deviene inoficiosa, si no va acompañada del procedimiento que lo vuelva efectivo (. . .) Tan importante como el principio de supremacía constitucional es el arbitrar los medios o los procedimientos para llevar a la práctica dicha supremacía”.4

Sin embargo, estos medios no fueron arbitrados, no sólo porque en aquel momento, la Convención no encontró ley alguna que pudiera contradecir a la Constitución, sino también porque en ese momento no se vio la necesidad de hacerlo; en efecto, su existencia no fue necesaria por un tiempo…. hasta 1801. Cuando en este año se plantearon importantes cuestiones constitucionales5, correspondió a la Corte Suprema resolver la cuestión y sentar el principio de que la Constitución no tiene razón de ser si está cerrada para los jueces y si los mismos no pueden examinar las leyes a su luz. Así, con un caso generado en una disputa política nació, nada más y nada menos, que el control de constitucionalidad. Los amantes del derecho debemos ser siempre gratos a John Marshall por legar a la posteridad un instrumento que muchas veces es el último recurso de los oprimidos contra la arbitrariedad de la ley, de las autoridades, o de la misma Justicia.

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: en un primer apartado se expondrá sucintamente el origen de este instituto; en el segundo, los modelos vigentes de este control; en el tercero, se expondrá el modelo vigente el Paraguay; y, en el último, ciertas consideraciones personales acerca del mismo y una visión personal de cómo debería estructurarse este instituto en Paraguay para una mayor eficacia.

I - Breve exposición del origen de este instituto

Visto que el origen del control de constitucionalidad es bien conocido por cuantos militamos en este campo apasionante que es el derecho, no expondré más que los puntos salientes6.

  1. En la noche del 3 de marzo de 1801, cuando faltaban nada más horas para el traspaso de mando, John Adams procedió a firmar las comisiones (nombramientos)7 de 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia, los cuales ejercerían su cargo durante un tiempo parcial de cinco años. Esta situación tiene su origen en la estrepitosa caída del partido federalista (en parte, debido a las desavenencias entre los principales de dicho partido y, en parte, debido a su actitud ante las libertades8); en efecto, este partido no sólo había perdido las elecciones presidenciales (la ganó Thomas Jefferson, el brillante autor de la Declaración de la Independencia), sino también la mayoría en el Congreso que pasaría a estar dominado por los demócratas-republicanos.

    Antes de la toma de posesión de Jefferson, se había modificado la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal de 1789 reemplazándola por otra. Esta nueva ley redujo el número de magistrados de la Corte Suprema de seis a cinco, de modo que el nuevo presidente no tenga la posibilidad de nombrar un nuevo magistrado durante su mandato; se crearon además dieciséis cortes de distrito9 y los cargos de jueces de paz a tiempo parcial ya citados.

    Además, como corolario, el Presidente Adams, aprovechando la vacancia del puesto de Magistrado Presidente10 de la Corte Suprema, nombra para dicho cargo al entonces Secretario de Estado John Marshall, quien, una vez que la nominación fue confirmada por el Senado, ocupó hasta el 4 de marzo de 1801 ambos cargos en forma simultánea. En su carácter de Secretario de Estado, Marshall puso el Gran Sello de los Estados Unidos en los nombramientos supra indicados, trabajo que le ocupó hasta la medianoche del 3 de marzo de 1801.

    Pero he aquí que cuatro de esas cuarenta y dos comisiones no fueron entregadas a sus destinatarios11. Al día siguiente, Thomas Jefferson tomó posesión del cargo de Presidente, y designó a James Madison (posteriormente sucesor suyo en la presidencia) como Secretario de Estado, quien procedió a posesionar en sus cargos a todos aquellos que tenían en su poder los nombramientos firmados por el ex Presidente Adams y estampados con el Gran Sello. Los cuatro que no los tenían, presentaron una solicitud al nuevo Secretario de Estado para que las comisiones les fueran entregadas. Madison lo denegó. Así se inició el caso más importante en que ha conocido la Corte Suprema de los Estados Unidos.

  2. Acto seguido, los afectados, amparados en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal (Judiciary Act) de 1789, presentaron una demanda ante la Corte Suprema, en la cual solicitaron al Alto Tribunal que emitiera un Writ of Mandamus (Mandamiento), dirigido al Secretario de Estado, a través...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA