La contradicción fundamental: de la Constitución Nacional y su permanente y sistemática violación a través de normas procesales que autorizan a encarcelar inocentes preventivamente por cumplir demandas de seguridad

• Autor: Claudio Lofvall
• Páginas: 45-57

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La contradicción fundamental: de la Constitución Nacional y su permanente y sistemática

violación a través de normas procesales que autorizan a encarcelar inocentes

preventivamente por cumplir demandas de seguridad

Ponente: Claudio Lofvall

La primera aproximación al Derecho Penal es definirlo como Derecho Constitucional

reglamentado. Reglamento este que obviamente no puede contradecir ni violar, ni interpretar

capciosamente la Constitución que lo autoriza y le da vida, o muerte en caso de desconocerla

(Teoría Pura del Derecho).

A su vez, el derecho Procesal Penal es el conjunto de normas orientadas a aplicar y realizar

materialmente el Derecho Penal. El que guarda una subordinación normativa con el Derecho

Penal idéntica a la de este último con la Constitución Nacional.

Visto así, y recordando aquello que ni la Constitución Nacional ni el Código Penal le tocan un

pelo al delincuente sino a través del Derecho Procesal Penal, deberíamos agregar también que

ese pelo debe ser tocado de modo tal que no se vean violados lo derechos reconocidos en el

Código Penal, ni mucho menos las garantías “individuales y colectivas” consideradas en la

Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos en las

condiciones de su vigencia y s iempre que no modifiquen los Derechos y Garantías consagrados

en la primera parte de nuestra Constitución Nacional.

Ahora bien, el conflicto en el que diariamente nos debatimos los actores del Sistema Judicial; la

puja entre Poder Punitivo y Estado de Dere cho; entre Sistema Inquisitivo y Sistema Acusatorio

es, en gran medida, o está vinculado, a si esas normas co n las que el Derecho Procesal Penal les

toca un pelo al “presunto delincuente” son Constitucionales o no.

La disputa gira entonces en torno a una aparente jerarquía entre Garantías y un orden de

prevalencia o subordinación de unas a otras, donde aparare el Derecho Procesal Penal como la

herramienta normativa para dirimir esta disputa y en resguardo de Garantías de la sociedad y las

de la víct ima, restringe cautelarmente las Garantías de un sospechoso y lo encarcela por las

dudas.

Porque el conflicto penal dispara este choque o conflicto entre garantías cuando un individuo es

sospechoso de realizar por voluntad propia, alguna de las conductas prohibidas por la Ley

Penal. Allí nacen, o mejor dicho se evidencian, se hacen tangibles, garantías individuales y

garantías colectivas que pujan entre sí. De un lado las garantías colectivas de todos los

individuos, de la sociedad, y por el otro la del propio individuo sobre el que recae el poder