Contencioso-administrativo: Procedimiento: habilitación de instancia judicial; art. 31; inconstitucionalidad; procedencia

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 403-406

EL DERECHO ADMINISTRATIVO (t. 2011) 403

3) desestimar la pretensión referida al pago de

los salarios caídos.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. –Néstor

H. Buján. – Pedro J. J. Coviello. – Bernardo Licht

(Sec.: Silvia Lowi Klein).

Contenciosoadministrativo:

Procedimiento: habilitación de instan-

cia judicial; art. 31; inconstitucionali-

dad; procedencia.

1 – Corresponde declarar la inconstitucionalidad del

art. 31 de la ley 19.549 en tanto condiciona el ac-

ceso a la justicia del reclamo por el reconocimiento

de un derecho frente a la inactividad de la Admi-

nistración y al encadenar los plazos para configu-

rar la denegatoria por silencio –cuya función es de

garantía– con el de caducidad previsto en el art.

25 de la ley citada –que tiene fundamento en lograr

la inmutabilidad de un acto administrativo que no

existe en la denominada vía reparatoria–.

2 – El plazo de caducidad sólo resulta razonab le

frente a la impugnación de actos administrativos –

es decir, en la vía impugnativa–, lo que no sucede

frente al reclamo previo –o vía reparatoria–, pues

las razones de seguridad jurídica que requieren lo-

grar la estabilidad del acto concurren únicamente

en el primer supuesto, mas no en el caso en que, si

bien la decisión que recaiga con motivo de ese re-

clamo previo co nstituye formalmente un acto ad-

ministrativo, su esencia es diferente en la medida

en que no importa una modificación del estatus ju-

rídico del particular, razón por la cual no está su-

jeto a los requisitos de impugnación –administra-

tiva y judicial– de los arts. 23 y 24 de la LNPA, so-

lución receptada por la ley en su redacci ón

anterior, que excluía del instituto de la caducidad a

la resolución denegatoria final –expresa o tácita–

del reclamo administrativo previo. H.N.C.

715 – CN Cont.-adm. Fed., sala III, abril 18-2011. – Bio -

systems S.A. c. EN - Mº Salud - Hospital Posadas s/contrato

administrativo.

Buenos Aires, 18 de abril de 2011.

Vistos Y Considerando:

I. La demandada contestó, a fs. 120/3, el tras-

lado conferido respecto de la cuestión suscitada

con motivo de la habilitación de la instancia judi-

cial que incluye el planteo de inconstitucionali-

dad de la reforma introducida por la ley nº 25.344

al a rt. 31 d e la ley nº 19.5 49 con referencia al

cómputo del plazo de caducidad del art. 25 de ese

mismo cuerpo normativo en los supuestos en los

que no recae decisión expresa de la Administra-

ción en el reclamo administrativo previo.

El Estado Nacional efectuó una síntesis de las

disposiciones vigentes del título IV de la LNPA,

hizo alusión a la jurisdicció n primaria adminis-

trativa derivada de los pertinentes estatutos lega-

les que confieren funciones reglamentarias, fis-

calizadoras, sancionatorias, periciales, etc., a cier-

tos entes admin istrativos na cionales, como así

también al fundamento del agotamiento de la ins-

tancia adm inistrativa previa para concluir en la

exigencia de un acto de carácter definitivo que

torne admisible la pretensión judicial poniendo de

resalto que, en el caso de autos, la misma había

sido iniciada fuera del plazo legal establecido, que

reviste el carácter de perentorio y condiciona el

acceso al Poder Judicial, circunstancia propia del

sistema de revisión contencioso administrativa

conforme a la natur aleza y fina lidad de las de-

mandas de esa especie, diferentes a las de otro ré-

gimen y solicitó la co nfirmación de la decisión

apelada.

Invocó, asimismo, la opinión de los represen-

tantes del Ministerio Público Fiscal que postula-

ron declarar no habilitada la instancia judicial.

Respecto de la inconstituc ionalidad alegada,

también requirió el rechazo, pues sostuvo que no

había sido formulada con un sólido desarrollo ar-

gumental sino basado en un planteo eventual y

genérico que no permitía demostrar el gravamen

concreto ni de qué manera la norma impugnada

resultaba contraria a la C onstitución Naci onal,

agregando que una declaración judicial en el sen-

tido pretendido por la recurrent e constituye un

acto de suma gravedad.

II. A fin de dotar de aut onomía a la p resente

decisión, resulta adecuado recordar que la actora

inició la demanda a fin de obtener el cobro de fac-

turas impagas – correspondientes a los meses

transcurridos entre julio de 1999 y junio de 2000–

originadas en la relación contractual que comenzó

con las contratación directa nº 233/97, continuó a

través de la licitación privada nº 07/99 y poste-

riormente por las contrataciones directas nº 27/00