Daños al consumidor. Responsabilidad solidaria objetiva

• Autor: Luis R.Carranza Torres - Jorge Oscar Rossi
• Páginas: 243-281

Capítulo XII

DAÑOS AL CONSUMIDOR

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA OBJETIVA

A. SUPUESTOS COMPRENDIDOS

El art. 40 de la LDC establece que:

“Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o

de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabri-

cante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor

y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transpor-

tista responderá por los daños ocasionados a la cosa con moti-

vo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria,

sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan.

Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la

causa del daño le ha sido ajena”.

B. LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA

En principio, para delimitar el artículo, debemos decir

que el supuesto de responsabilidad solidaria aquí tratado se

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aplica al caso de daño al consumidor por vicio o riesgo de la

cosa o de la prestación del servicio y no a otros incumpli-

mientos, como serían daños por incumplimiento en la entre-

ga de la cosa o demoras en la entrega de la cosa o servicio.

¿A qué se refiere la ley con la expresión daño al consumi-

dor?: a daño en su persona o en los bienes de su patrimonio,

(arg. art. 1068, Código Civil).

Por otra parte, ¿el dañado puede ser sólo el consumidor?

Una interpretación literal nos llevaría a este supuesto. Sin

embargo, no debemos olvidar que consumidor es el que ad-

quiere un bien o servicio en beneficio propio o de su grupo

familiar o social (arg. art. 1º, LDC), por lo que entendemos

que la legitimación activa es más amplia y que, por ejemplo,

amigos o familiares que hayan resultado dañados podrían

accionar invocando este artículo.

No obstante, se trata de una interpretación que no era

pacífica en la doctrina.

De todas maneras, entendemos que el actual texto del art. 1º

en su tercer párrafo resuelve la cuestión cuando nos dice:

“Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser

parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión

de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario fi-

nal, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de

cualquier manera está expuesto a una relación de consumo”.

Esta modificación permitirá aplicar con menos polémicas

doctrinarias el art. 40 aún a quien no fue “parte en la rela-

ción de consumo”, con lo que por ejemplo, amigos o familia-

res que hayan resultado dañados podrían accionar invocan-

do este artículo.

En cambio, si el damnificado no fuera un consumidor,

(v.gr., alguien que adquirió una cosa para revenderla o como

insumo), no podremos aplicar el art. 40 para responsabilizar

al fabricante, distribuidor y/o importador.

En esos casos, cobran especial importancia los enfoques

desde el punto de vista de la teoría de la conexidad contrac-

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tual o la vía extracontractual basada en el art. 1113 del Códi-

go Civil, temas que veremos más adelante.

C. FACTOR DE ATRIBUCIÓN Y CAUSALES DE EXONERACIÓN

El artículo en cuestión genera un sistema de responsabi-

lidad solidaria objetiva. Los legitimados pasivos no se exi-

men demostrando su “no culpa”, sino una ruptura en la rela-

ción de causalidad, es decir, caso fortuito, culpa exclusiva de

la víctima o de un tercero por quien no debieran responder.

Para ejemplificar, en casos de daños a causa del vicio o

riesgo de electrodomésticos, automóviles, alimentos o bebi-

das, etc., se puede accionar contra el productor, el fabrican-

te, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor

y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio, (v.gr. un

franquiciante). Entendemos que esta lista es meramente

enunciativa.

Por otro lado, no debe perderse de vista que el riesgo de

la cosa o prestación del servicio puede deberse a mala infor-

mación al consumidor o por publicidad engañosa o incorrec-

ta (arg. conf. arts. 4º y 6º, LDC).

D. PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA ESTA ACCIÓN

Rige el actual texto del art. 50 de la LDC, que establece que

“Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones

emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres

(3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen

plazos de prescripción distintos del establecido precedentemen-

te se estará al más favorable al consumidor o usuario. La pres-

cripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infraccio-

nes o por el inicio de las actuaciones administrativas o

judiciales”.

Justamente, previendo que este plazo de tres años puede

ser, en algunos casos, menos favorable para el consumidor