Consorcios: saludable marcha atrás

La derogación de la ley porteña que dotaba a los trabajadores de edificios de una representación desproporcionada en el Consejo de la Propiedad Horizontal dispara dos lecturas: la primera tiene que ver con el exitoso resultado de la presión que ejercieron vecinos, organizaciones de consorcistas, representantes de la propiedad horizontal y abogados para frenar una norma injusta y políticamente amañada, cuyo principal objetivo era poner a encargados de edificios y empleados de administraciones a manejar las decisiones de los consorcios.

La segunda lectura lleva directamente al oscuro proceso que dio lugar a la sanción: la ley fue aprobada con 58 votos a favor y dos abstenciones durante la última sesión de 2015 de la Legislatura, días antes de que se renovara su composición, sobre tablas y sin ningún tipo de discusión previa.

Como si no fueran suficientes esas detestables maniobras para seguir quitándoles poder a los consorcistas y generarles nuevos gastos en las ya caras expensas, ahora la Legislatura la deroga por unanimidad. ¿Se hubiera llegado a esa decisión sin la presión social e institucional que puso en negro sobre blanco el verdadero sentido de la ley por la que se creaba un consejo para regular la vida de los consorcios y controlar y sancionar a los administradores por medio de un tribunal de ética, como si fuera un consejo profesional?

Algunos de los legisladores que la votaron dijeron que ni siquiera conocían su texto. De por sí, eso ya constituye una aberración. Pero, entre quienes lo conocían, ¿nadie dudó de que se estaba frente a un proyecto para favorecer aún más al poderosísimo Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), al que se le otorgaban tres representantes en un directorio en el que los consorcistas sólo tendrían uno de un total de 11 miembros? ¿No sospecharon en ningún momento los diputados porteños que al crear un nuevo gremio de empleados de administraciones, al que le hubiese correspondido otro representante, hubiera sido un paso más para desequilibrar a los consorcios en favor de los sindicatos que ya tanto deciden en forma inconsulta sobre haberes de los porteros, cuyos pagos extras en muchísimos casos resultan abusivos, cuando no absurdos?

El autor de la fallida ley fue el ex diputado kirchnerista Fernando Muñoz, quien fue nombrado defensor de los inquilinos, razón por la cual él mismo iba a terminar dirigiendo el consejo por crearse.

La norma vio la luz como fruto de un acuerdo...