Consideraciones sobre la prueba en el Fuero Laboral. Etapa administrativa y judicial

• Páginas: 13-44
• Autor: Carla Saad de Bianciotti

CONSIDERACIONES SOBRE LA PRUEBA EN EL FUERO

LABORAL. ETAPA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL

Por Carla Saad de Bianciotti

1. Principios del derecho procesal del trabajo.

Su operatividad con relación a la prueba

La importancia de definición de los principios es fundamental para que

una rama del derecho pueda tener solidez y vigor, así a los “principios” del

derecho se les asigna una triple función: 1) informadora: en cuanto inspiran al

legislador como fundamento del ordenamiento jurídico; 2) normativa: ante

carencia de normas positivas funcionan como fuente supletoria y, 3) interpre-

tativa: operan como un criterio orientador para los operadores del derecho.

Es tal la importancia que se les asigna, que los “principios” están por

encima del derecho positivo; el legislador no podrá entonces apartarse de

ellos a la hora de “crear” las normas del sistema jurídico, y los jueces podrán

recurrir a ellos ante la carencia normativa o como criterio interpretador de

normas.

Cada materia se nutre de principios propios que la sustentan; así en el

derecho procesal del trabajo se enumeraron, tradicionalmente, como princi-

pios propios: inversión de la carga de la prueba, in dubio pro operario, equi-

dad, conciliación, impulso procesal de oficio, oralidad, identidad física del

magistrado, concentración, inmediatez, publicidad, celeridad y gratuidad.

Sigifredo

1

propone como nueva división cuatro categorías: 1) superioridad

jurídica del trabajador con sus presupuestos, a) inversión de la carga de la

prueba, b) reglas de competencia, c) asistencia profesional gratuita para el

1

Sigifredo, Eugenio, “Vigencia de los principios del derecho procesal del trabajo”, en Semanario

Jurídico, Córdoba, edición del jueves 13 de julio de 2000, Año XXIV, pág. 42.

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trabajador (asesores del trabajo), d) in dubio pro operario; 2) gratuidad; 3)

celeridad, y 4) oralidad con sus presupuestos, a) identidad física del magis-

trado, b) inmediación, c) concentración, y d) publicidad. Relega el autor a “ca-

racterísticas” del derecho procesal del trabajo a la conciliación, aspecto

normativo de la sentencia y modificación de los términos de la litis

contestatio, para ello, define el término “característica” como “las cualidades

o modalidades peculiares de una cosa que la distingue de las demás”.

De los objetivos, tradicionalmente enumerados, trataremos los de inver-

sión de la carga de la prueba, in dubio pro operario, impulso procesal de oficio

e identidad física del magistrado, por considerarlos relacionados con “la

prueba” en el proceso, tema propio del presente trabajo.

Así se define como “inversión de la carga de la prueba”, a la obligación

puesta en cabeza del empleador de probar lo contrario a lo afirmado por el

trabajador, en los casos que el mismo reclame obligaciones impuestas por la

ley, convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, también en que sea

imposición normativa para el empleador llevar libros, registros, planillas u

otra documentación laboral. Esto es así conforme el estado de desigualdad

económica existente entre las partes que lleva a equiparar, vía normativa,

dichas desigualdades en la ley; recuérdese que quien tiene la carga de la

prueba es quien afirma o “quien alega prueba”, principio que se excepciona

en la inversión de la carga probatoria a favor del trabajador. Se define al

principio como “un instrumento de técnica procesal relativo al objeto y carga

de la prueba que, en supuestos determinados, exonera de manera relativa a

la parte obrera del onus probandi, respecto de ciertas proposiciones de hechos

por ella formuladas, y crea a la parte empleadora la necesidad indispensa-

ble de acreditar sus propias aseveraciones para no ser derrotada”

2

.

Este principio toma operatividad, entre otras normas, cuando a la hora

de ofrecer prueba, el actor solicita la exhibición de libro, registro, planilla u

otro elemento de contralor previstos en los arts. 52 y 54 de la LCT

3

y el de-

mandado no asiste a la audiencia fijada al efecto, por lo cual el actor solicita

“los apercibimientos del art. 55 de la LCT”, es decir, se tenga a la hora de

2

Flores, Edgar R., “La inversión de la carga de la prueba en la ley 4163”, en Cuadernos de los Ins-

titutos de Derecho Procesal, N° 101, Publicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, pág.

170, en Sigifredo, Eugenio, ob. cit., pág. 37.

3

Art. 52 de la LCT: libro especial denominado comúnmente “libro de sueldos y jornales”. Art. 54

de la LCT: registros, planillas u otros elementos de contralor exigidos por los estatutos profesio-

nales o convenciones colectivas de trabajo.

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CUADERNOS DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE DERECHO DEL TRABAJO N° 4 15

sentenciar como veraces las afirmaciones del trabajador o sus derechoha-

bientes, verdadera presunción a favor del trabajador sobre las circunstancias

que debían constar en tales asientos, presunción impuesta por la ley y basada

en la inversión de la carga probatoria.

El “indubio pro operario” es un principio del derecho procesal del trabajo

pero no exclusivo, recuérdese el desarrollo que el mismo tiene a la hora de

enumerar los principios del derecho sustantivo. Se ha señalado

4

que el dere-

cho material del trabajo se transmite y vigoriza también en el derecho proce-

sal del trabajo y que las características de uno imprime sus marcas en el

otro, particularmente en cuanto a la protección del contratante más débil,

cuya inferioridad no desaparece, sino que persiste en el proceso.

En virtud de este principio se indica que cuando una norma es suscepti-

ble de diversas interpretaciones, corresponde aplicar la que sea más benefi-

ciosa para el trabajador. Esta “duda” surge en la conciencia del juzgador,

quien se podrá valer de esta regla para “interpretar” normas y no para suplir

deficiencias o negligencias en la actividad probatoria de las partes. Queda

claro entonces, que la responsabilidad probatoria del proceso se cierne en el

“trabajador”, en cuanto éste debe desarrollar su actividad probatoria ade-

cuadamente (utilizando aun los beneficios de la “inversión de la carga de la

prueba” que enunciáramos anteriormente).

El principio del “impulso procesal de oficio” se enuncia en la obligación

del tribunal, impuesta por el orden público laboral, de continuar el trámite

procesal a pesar de la inactividad de la parte. De allí que el tribunal deberá

decretar la prueba, imponer su diligenciamiento, fijar las audiencias perti-

nentes a pesar de la actividad o inactividad de las partes. Este “impulso

procesal de oficio” encuentra su límite en el ofrecimiento de prueba (no podrá

el tribunal, de oficio, ofrecer prueba no aportada por las partes en litigio,

salvo las medidas para mejor proveer que serán desarrolladas más adelan-

te), pero sí podrá en virtud del art. 15 de la ley 7987, imponer a los letrados

la colaboración en el diligenciamiento de la misma. Coincidimos con Rubio y

Reinaudi

5

cuando indican en el comentario al art. 15 de la LPT, que esta

imposición de los tribunales a la colaboración de los letrados intervinientes,

4

Giglio, Wagner D., Direito Processual do Trabalho, 9ª ed., Editora LTr, Sao Paulo, 1995, págs. 105

y 106, respectivamente, en Pasco Cosmopolis, Mario, “El principio protector en el proceso laboral”,

en Trabajo y Seguridad Social, Año 2001, El Derecho Universitas S.R.L., pág. 193.

5

Rubio, Luis - Reinaudi, Luis, Código Procesal del Trabajo —Ley 7987—, Marcos Lerner Editora

Córdoba, Córdoba, 1991, pág. 42.

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