Consejo de la Magistratura: el valor de una eficaz gestión

A punto de cumplirse veinte años de la creación del Consejo de la Magistratura, también se completarán los dos años de la gestión de su presidente, Miguel Piedecasas, sin duda uno de los más fructíferos períodos en toda la existencia de este órgano encargado de elaborar las ternas de los candidatos a jueces, administrar el Poder Judicial, sancionar a los magistrados y, cuando estos son objeto de graves acusaciones, abrir el juicio político y llevar a cabo la acusación que puede terminar en su destitución.En su momento, la creación del Consejo alentó grandes esperanzas, pues muchos creyeron que aquel flamante órgano agilizaría el análisis de denuncias y el juicio político a jueces cuestionados, que antes estaba en manos del Congreso. Pero esas esperanzas terminaron frustrándose cuando la política empezó a pesar cada vez más en el cuerpo. Los mismos graves defectos que afectaban a nuestra Justicia, en especial a la del fuero federal penal de la Capital, terminaron contagiando al Consejo.Sin embargo, al reparar en todo lo realizado durante la presidencia de Piedecasas, quien llegó como representante de los abogados del interior, se destaca que fue uno de los principales impulsores de la indispensable auditoría a la Justicia Federal penal junto a la representante de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Adriana Donato, y a Pablo Tonelli, representante del Poder Legislativo. Urgía relevar la actividad de 294 magistrados federales en 10.000 causas de corrupción en la administración pública entre 1996 y 2016, y en 147 sedes judiciales. La iniciativa obedeció a las fundadas sospechas alimentadas por la escasa cantidad de condenas y el alto número de expedientes aletargados que otorgaron impunidad a la sistémica corrupción de los gobiernos kirchneristas.Los resultados confirmaron el bajísimo índice de condenas, pues se determinó que solo el 12 por ciento de las denuncias llegaron a juicio oral. Colateralmente, la auditoría demostró que el sistema informático no está en condiciones de producir los datos estadísticos necesarios.En la actualidad, el Consejo encara auditorías similares en casos de narcotráfico, de sobornos...